¿Con la Ley de Memoria Democrática podemos ser desterrados a Fuerteventura como Unamuno?

El 25 de agosto de 2018 Carmen Calvo reconocía que Primo de Rivera era una víctima de la Guerra Civil por lo que la permanencia de sus restos mortales en el Valle de los Caídos estaba justificada. Para Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, las cosas no están tan claras como parecía tenerlas la vicepresidenta socialista Calvo. Primo de Rivera es culpable de haberse dejado asesinar en Alicante y ser el fundador de Falange y la inmensa cruz de Cuelgamuros es un inequívoco símbolo del franquismo.

En 1917 Lenin se hacia con el poder en Moscú. En 1922 Mussolini entraba en Roma y el fascismo se convertía en la primera fuerza política de Italia. Cuando Mussolini fue asesinado en abril de 1945 y los carros soviéticos entraron en Berlín el fascismo desapareció de la historia como actor principal. Los comunistas, con su fracasado modelo de sociedad, sobrevivieron asentados en unos cimientos construidos sobre millones de cadáveres en la URSS y en el este de Europa hasta 1989. Lenin, Mussolini, el III Reich son historia. En China, Corea, Cuba, Venezuela... hoy los comunistas siguen oprimiendo a su pueblo. A Franco, como dijo Umbral, «lo matamos en la cama» hace ya casi medio siglo.

Los problemas que amenazan a España son claros, los mismos de siempre. Decía Primo de Rivera, el de la tumba del Valle, en tiempos de la injustamente ponderada II República: «España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos, por la división engendrada por la lucha de clases». Estos problemas, a pesar de su gravedad, no son los más importantes. La nueva ley que se va a discutir en la Cortes nace para matar la libertad.

La primera iniciativa que toma el reinventado Gobierno de Sánchez es sacar adelante la nueva vieja Ley de Memoria Democrática mientras se pospone solucionar el precio de la electricidad, el problema de la emigración ilegal, dar respuesta a la crisis sanitaria y económica que asola España, etc. El Gobierno piensa en Franco para no tener que hablar de la dictadura de los Castro o del problema con Marruecos.

La Ley de Memoria Democrática, secuela de la de 2007, es un proyecto legislativo que viene a curar heridas inexistentes pero que justifican la existencia de un partido más viejo que el dormir, que hoy carece de verdadera ideología y de un proyecto de futuro para la sociedad española del siglo XXI, por lo que se ve forzado a recurrir al pasado de forma constante. El socialismo español mira permanente por el retrovisor dando lanzadas a moro muerto. Su tiempo ha pasado.

Este Gobierno, que resultaría casi cómico si nuestro negro futuro no dependiese de él, lo que de verdad esconde bajo su Ley de Memoria Democrática no es solo el sueño de crear una historia oficial –incuestionable, eterna, que sustente un Reich psoista que dure mil años–, es imponer un sistema totalitario que supone el asesinato de la libertad. En la Alemania nazi se inició en marzo de 1933 la quema de libros en la Plaza de la Ópera de Berlín. La quema pública de libros fue el punto álgido de la llamada «Aktion wider den undeutschen Geist /Acción contra el espíritu antialemán», a lo que siguió la persecución sistemática de los escritores judíos, marxistas, pacifistas y de todos los opositores y personas desagradables al nazismo. Quema de libros que fue aplaudida por los estudiantes y profesores paniaguados del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. De las bibliotecas, librerías y quioscos desaparecieron los escritos de aquellos autores que habían sido condenados al ostracismo por ser considerarlos peligrosos y antialemanes.

El PSOE de Sánchez, con la excusa del pasado, amenaza el futuro de todos, de todos. El Valle de los Caídos con su enorme cruz, las tumbas en las cunetas... son solo la excusa. Los delitos de opinión, sumados a los delitos de odio, las criticas a las decisiones judiciales... son el principio de un camino que lleva a la quema de libros y a la tiranía. El difuso concepto de «menosprecio y humillación de las víctimas» es el mecanismo para aniquilar el derecho a disentir, a no estar de acuerdo, a protestar... proyecto de ley, al que si sumamos la Ley de Seguridad Nacional, nos lleva a un estalinismo de nuevo cuño, aunque sin necesidad de asaltar el Palacio de Invierno, solo con el BOE, lo que va a permitir un cambio de régimen «pacífico» al igual que hizo Hitler al llegar al poder en 1933. ¿Si escribimos que Agapito García Atadell era un asesino y no un luchador por la democracia podemos ser sancionados? ¿Si comentamos que Santiago Carrillo fue directamente responsable de la matanza de Paracuellos podemos ir a la cárcel?

Con la promulgación del nacimiento de la Ley de Memoria Democrática, con sus multas de hasta 150.000 €... los intelectuales, los historiadores que no sean gratos al poder, que no sigan sus consignas, serán castigados. Unamuno fue desterrado a Fuerteventura por hablar mal del dictador y de su «amiga» La Caoba. ¡Fuerteventura puede que no sea un sitio del todo malo para ser confinado si se escribe algo históricamente cierto sobre Franco, Primo de Rivera o el conde duque de Olivares que no guste a los que mandan!