Los soberanistas también quieren cambiar el Tribunal de Cuentas

La estrategia de descrédito iniciada por el mundo independentista contra el Tribunal de Cuentas no cesa y será escenificada al inicio del curso político, a partir de septiembre, en el Congreso de los Diputados. Primero fueron las críticas públicas y la oposición a pagar las fianzas de los dirigentes independentistas acusados de malversación a través de una red exterior en Cataluña, Diplocat. ERC y JxCAT acusaron al citado tribunal de actuar con criterios políticos en la causa contra los ex líderes catalanes. Motivo por el cual el propio órgano se vio obligado a reivindicar su independencia. Contaron los independentistas con el apoyo explícito de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien propuso eliminar las causas del procés para avanzar en la política del diálogo y la «desjudicialización del conflicto» emprendido por Moncloa.

Ahora, coincidiendo con el ultimátum de Cuentas sobre los independentistas para que depositen sus fianzas y con la caducidad del mandato de este órgano –este mes–, el PDeCAT eleva el órdago y lo traslada al Congreso de los Diputados. Instan al Gobierno a la inmediata renovación del órgano fiscalizador modificando las mayorías necesarias fijadas en tres quintos de la Cámara Alta y Baja para que se un nuevo tribunal quien tramite el procedimiento contra los líderes independentistas. De esta manera, sí prosperase su iniciativa, los independentistas pretenden que una nueva cúpula del Tribunal les exima del pago de las deudas cifradas en 5,4 millones de euros para la promoción del procés.

Al igual que para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, las conversaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición se encuentran estancadas en este sentido y se emplazan a septiembre, lo que dificulta su renovación. Es por ello que el Grupo Plural, encabezado por el PDeCAT ha presentado en la Cámara Baja una proposición no de ley con la que plantea que la renovación de los 12 consejeros de Cuentas –seis por cada cámara– se lleve a cabo modificando las mayorías necesarias. Una propuesta de reforma similar a la ya presentada por Unidas Podemos este año para tratar de sortear el bloqueo existente entre el Gobierno y los populares. Así, según consta en la PNL, se podría llevar a cabo la renovación en una segunda vuelta por mayoría absoluta. Sí el Ejecutivo aprobara esta prerrogativa, el órgano ya no necesitaría de un amplio consenso entre los partidos para su renovación.

Desde el PDeCAT creen que en el contexto político actual la mayoría de tres quintos es «una cifra inalcanzable» porque «las fuerzas políticas mayoritaria de la oposición prioriza el mantenimiento del status quo» que, a su juicio, les «beneficia sobremanera al haber designado en el pasado a una mayoría de los miembros de dicho órgano por encima de la regeneración democrática de las instituciones». Aseguran que la falta de renovación es «debido a la situación de bloqueo impuesta por el Partido Popular» que –critican– se niega a negociar la renovación «del ente dado que actualmente goza de mayoría absoluta en el órgano fiscalizador al haber propuesto en su día a 7 de los 12 Consejeros». Los independentistas cargan contra el «bloqueo parlamentario» del PP, el cual creen que «resulta inaceptable y antidemocrático». Urgen a facilitar la renovación en aras de que «sea una verdadera expresión del pluralismo existente en el seno de la sociedad». Además exponen en la proposición no de ley a la que ha tenido acceso este diario, que «la distribución actual está completamente desfasada ya que no se corresponde con lo ratificado por los ciudadanos en las urnas en las elecciones de noviembre de 2019».

De momento, el resto de grupos presentes en el Congreso no se han posicionado al respecto. De hecho, Unidas Podemos asegura que todavía no tiene un sentido de voto decidido. Lo cierto es que, al tratarse de una iniciativa idéntica a la presentada por los morados para presionar al PSOE a renovar el CGPJ sin el consenso del PP, todo apunta a que podría recibir su visto bueno. La continuidad al mandato extinguido del órgano judicial es, además, uno de los asuntos que genera malestar en la coalición. La propia vicepresidenta segunda Yolanda Díaz adelantó la pasada semana que ambas fuerzas ya negocian para su resolución, mientras que desde el partido presionan reclamando «mecanismos alternativos» para su renovación inmediata escudándose en que se trata de una «urgencia democrática».