Seguridad

Falsificaban certificados de solicitud protección internacional para colombianos

La entrega de los documentos, con la firma y la plasmación de la huella digital, se hacía en la vía pública o establecimientos de comida rápida

Coche patrulla de Policía Nacional
Coche patrulla de Policía NacionalPOLICÍA NACIONALPOLICÍA NACIONAL

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas integrantes de una organización criminal que falsificaban tarjetas de solicitud de protección internacional. El entramado distribuía dichas tarjetas a colombianos previo pago de 300 euros. Se ha identificado a 20 clientes de la organización que utilizaban los documentos de solicitud con el conocimiento de su falsedad, dado que se entregaban en la propia vía pública o incluso en establecimientos de comida rápida. La investigación policial ha confirmado envíos de dinero por un total de 8.575 euros para el pago de estas tarjetas, que se distribuían en varias provincias de la geografía española.

La organización criminal operaba en España y distribuía los documentos falsos en las provincias de Madrid, Murcia, Alicante, Valencia, Toledo y León. El líder de la organización se hacía pasar por abogado especializado en trámites de extranjería y sus principales miembros se asentaban en las provincias de Madrid y Alicante; realizaban funciones de captación, intermediación y facilitación de las tarjetas.

Los integrantes del entramado, principalmente de nacionalidad colombiana, aprovechaban la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los extranjeros para obtener beneficios de su actividad ilícita. Su situación irregular en España les impedía poder trabajar, por lo que la actuación de los detenidos demostraba así un desprecio hacia este estado de necesidad de los perjudicados, seg´ñun subraya la Policía.

Algunos de los clientes no sabían que estaba falsificada, por lo que fueron además víctimas del delito de estafa. A pesar de ello, se ha identificado a 20 clientes de la organización que sí conocían este extremo, ya que las entregas de los documentos se hacían en la vía pública o incluso en establecimientos de comida rápida, donde estampaban su huella y su firma. En ocasiones incluso se les proponía acortar los plazos establecidos por la administración para realizar los trámites tendentes a la regularización de su situación.

En su mayor parte, los pagos para la obtención de estas solicitudes se realizaban a través de aplicaciones de envío de dinero entre particulares o por transferencia bancaria, aunque en ocasiones se hacía en efectivo. También se ha constatado la utilización de un permiso de residencia falsificado con el fin de abrir una de las cuentas empleadas por la organización para recibir los cobros por sus servicios.