El cese de Dolores Delgado podría favorecer el pacto del CGPJ

La renovación del Poder Judicial está tan enquistada que parece que ya sólo algún elemento exterior, que no dependa sólo de la acción de los dos principales partidos, puede ayudar a desencajarla. El pulso político entre Gobierno y PP ha convertido en un lodazal el terreno del diálogo, y el hecho de que las dos partes entiendan esto como una batalla en la que pierde Pedro Sánchez o Pablo Casado cierra cualquier margen para recomponer posiciones.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, podría ser una posible salida para facilitar el desbloqueo. Su futuro está en manos del Tribunal Supremo, que tiene que decidir en octubre sobre los recursos de PP y Vox contra su nombramiento, por entender que para dirigir el Ministerio Público no cumplía con los requisitos legales de idoneidad e imparcialidad. Su «caída» es uno de los pocos «milagros» que podría servir para desengrasar, a la fuerza, el bloqueo en el que están instalados Gobierno y PP. En la dirección popular admiten a regañadientes que podría ser un «gesto» a valorar. El PP montó un gran escándalo cuando Pedro Sánchez promovió a su ministra de Justicia para el cargo, y ahí está el recurso pendiente de ser considerado por el Supremo.

El presidente del Gobierno no puede cesar a la fiscal general del Estado, que vence en el cargo cuando termine la Legislatura. Pero en medios socialistas reconocen que una decisión del Supremo que implicase considerar «ilegal» su nombramiento sería un escándalo político y jurídico que el Gobierno «no puede permitirse».

A la espera de que aparezca algún milagro que permita a las dos partes buscar una justificación para enmendar sus posiciones ayer continuaron a la gresca. El PP es consciente de la presión que tiene sobre sus espaldas, no sólo política, sino también judicial, que es la que realmente más puede motivarle, y ayer Pablo Casado brindó a La Moncloa el gesto de tenderles la mano para sentarse de inmediato a negociar, pero con la condición de que en paralelo se pacte la reforma legislativa que cambie el actual modelo de elección de los vocales. En este choque político los partidos saben que es importante manejar con acierto el juego de las responsabilidades, y ayer la dirección popular buscó sacudirse las críticas que les señalan como culpables del bloqueo por no ajustar estrictamente la negociación a las reglas que hoy están en vigor para resolver la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces.

Por eso, Casado movió el «balón» e instó al presidente del Gobierno a cerrar con urgencia una reunión para buscar ese acuerdo. Que ni socialistas ni populares creen viable a día de hoy.

Moncloa respondió con cajas destempladas. El Gobierno se planta ante las «exigencias» del PP y reclama a Casado que renueve el CGPJ sin condiciones. La demanda de Casado para que los jueces tengan una participación directa en la elección de vocales es, a su juicio, una simple «excusa». El lunes, en el ambiente caldeado por la inauguración del año judicial, varios portavoces del Gobierno dejaron abierta la puerta a afrontar ese debate, sin compromisos previos, y una vez que se haya cerrado el acuerdo pendiente desde hace tres años. Ayer hasta ese mínimo resquicio saltó por los aires.

En 24 horas las palabras del presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes de este pasado lunes, dando un nuevo tirón de orejas a los partidos para que cumplan con sus obligaciones constitucionales, cayeron en saco roto.

Ni uno ni otro aflojan. Casado no cede en su exigencia de activar una reforma del sistema de elección del CGPJ para que sean los jueces quienes elijan a una parte de sus vocales. Condición previa a sentarse a negociar la renovación. Y, de hecho, no le vale ni siquiera el compromiso de los socialistas de discutir este asunto en el futuro. «No nos fiamos», aseguró ayer en un desayuno informativo de Forum Europa.

Y el PSOE, por su parte, rechaza cambiar el modelo, ahora o más adelante. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no dejó lugar a la duda en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. «Creo que hay que ser rotundos y basta ya. No hay excusas que avalen tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de mil días», explicó.

El Gobierno está muy molesto con el presidente del Tribunal Supremo «por repartir responsabilidades por igual» entre los dos grandes partidos. Si bien ayer se guardó de responder en público a los reproches de Lesmes. Como informó este diario, entre las dos partes no hay ningúna vía directa de contacto desde hace seis meses. Y la portavoz del Ejecutivo dejó claro que Sánchez no se plantea tampoco convocar a Casado a Moncloa ni llamarle por teléfono. «Nadie tiene que llamar a ningún español o española para cumplir la Constitución. Todos estamos obligados»·.

La reforma legislativa que pide el PP le abriría otro frente al Gobierno con sus socios de investidura. Como bien saben en la dirección popular.