Ha abierto la guerra por la financiación autonómica con la imagen irreverente para la política de bloques del pacto con el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno. Ejerce de socialista moderado, de la vieja escuela en la defensa de las instituciones, de la igualdad y la equidad territorial. Y deja hacer al Gobierno en la mesa bilateral con Cataluña porque «no se saldrá de la Constitución». Fija posición ante el Congreso del PSOE.

¿El archivo por parte de la Fiscalía de la investigación abierta al Rey emérito le debería abrir la puerta a su regreso a España?

No sé exactamente cuál es su situación judicial, más allá de los rumores que aparecen en los medios de comunicación. Hay que esperar.

¿Pero si esos rumores se confirmaran?

Las decisiones deben depender siempre del interés general de la institución y del interés general del país.

Para la institución, y para el país, ¿lo mejor es evitar a Felipe VI pasar por ese trance que generaría, sin duda, mucho revuelo mediático?

Como le he dicho, todo lo que afecta al antiguo monarca debe estar siempre sometido al filtro del interés de la institución y del país. Debe ser la Casa Real la que valore esta cuestión y tome las decisiones que considere oportunas.

¿Qué lección hay que aprender de todo este escándalo que hoy rodea a la figura de Don Juan Carlos?

En España es necesaria una actualización institucional, que también debe afectar a la Monarquía. Han pasado 40 años y es momento de valorar lo que ha funcionado bien y lo que no ha funcionado y puede mejorarse.

¿Se refiere a reformar la inviolabilidad que protege al Monarca, a una futura Ley de la Corona...?

A actualizar la institución en estos temas y en otros que puedan ser útiles.

¿En qué consiste la propuesta de armonización fiscal que defenderá en el Congreso del PSOE del próximo fin de semana?

Europa ya trabaja desde hace tiempo en una armonización fiscal. Esto no quiere decir que cada país y cada territorio no puedan tener una singularidad también fiscal. Pero está claro que producir asimetrías fiscales que generan deslocalizaciones no es positivo. En el caso de España, si hay una unidad de mercado, también debe haber una unidad fiscal básica, al menos en todos los impuestos que facilitan la deslocalización. No se pueden favorecer los paraísos fiscales.

¿Madrid es un paraíso fiscal?

Es evidente que sí que hay una operación de dumping fiscal.

¿A qué impuestos hacía referencia antes?

Patrimonio o sucesiones, por ejemplo. A todos aquellos que en un momento determinado, como le he dicho, pueden favorecer la deslocalización.

Pero la armonización, ¿por qué no puede ser en la bajada o supresión de impuestos, no en igualar al alza los que se pagan en la Comunidad de Madrid? Por ejemplo, suprimir en todo el país el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Yo no digo si tienen que subir o bajar. No estoy planteando subir los impuestos, lo que pido es que estén armonizados. Hay que garantizar que haya progresividad fiscal y que no haya esta sensación permanente de que sólo pagan aquellos que tienen nómina. En el Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones hay unas anomalías que, finalmente, hacen que las rentas altas en algunas comunidades autónomas no contribuyan lo que les correspondería en función de lo que contribuyen otras clases medias y trabajadoras.

¿Ha hablado con el presidente del Gobierno sobre la conveniencia de trasladar fuera de Madrid algunas instituciones del Estado?

Lo hemos hablado alguna de vez de manera no formal. Fíjese, esto los independentistas no lo proponen. Nosotros sí lo hacemos porque creemos que ayuda a la mejor representación de un país compuesto como es España. Excepto a algunas élites muy determinadas, centradas en Madrid, no debería molestar a nadie. ¿No parece razonable, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional estuviera en Cádiz, que es donde se alumbró la primera Constitución? Avanzar por este camino tendría consecuencias positivas para la visualización de que España no es Madrid ni Madrid es España, como dicen algunos, sino que hay muchas Españas y todos formamos parte de un proyecto común. En Alemania, el Tribunal Constitucional está en una pequeña ciudad; la capital financiera, en Frankfurt; y la capital política, en Berlín. Es una inversión positiva para la cohesión del país, y nosotros necesitamos caminar en esa dirección.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso entiende este planteamiento como un ataque a Madrid.

La posición de Ayuso es una respuesta nacionalista. El problema es que Madrid ha emprendido un «procés» invisible en algunos ámbitos. Lo hemos visto en la gestión de la pandemia y lo estamos viendo en la cuestión fiscal. No quiero hablar de deslealtad porque no quiero contribuir a este ruido excesivo, pero sí defiendo que hay que analizar la realidad objetivamente y tomar nota de que el efecto capitalidad tiene unas consecuencias positivas, muy positivas, para Madrid. Al final, en muchos casos, funciona como una aspiradora de recursos y eso, de alguna manera, hay que compensarlo sin hacer ningún tipo de frente, sino de una manera amigable, con empatía.

¿Cuenta con que el presidente del Gobierno dará pasos concretos en esa dirección en esta Legislatura?

No lo sé. Soy consciente de las múltiples resistencias y veo cómo en Madrid se elabora una respuesta nacionalista y absolutamente agresiva cuando, sinceramente, lo que es irracional es lo que lo que está pasando ahora en la distribución de los recursos.

¿Cree que el Gobierno puede hace más de lo que ha hecho para frenar la subida del precio de la luz?

El Gobierno está haciendo todo lo que puede. Estamos ante un contexto de carácter internacional muy complicado. Hay circunstancias que, desde luego, no ayudan en absoluto al optimismo y este problema no lo puede resolver cada país en solitario. Debe ser Europa la que tome una decisión conjunta para evitar la especulación en el mercado del CO2 y en el del gas.

Por cierto, ¿a usted han empezado a llegarle ya los fondos europeos?

Nos han llegado alrededor de 800 millones de euros.

¿Y están ya ejecutados?

Algunos sí han empezado ya a utilizarse en proyectos que estaban en marcha. Representan una oportunidad que hay que aprovechar con la máxima celeridad y eficiencia.

A una semana del Congreso del PSOE de Valencia, hay conclusiones a valorar como que la drástica remodelación del Gobierno de este verano no ha tenido aún consecuencias en la mejoría del PSOE en las encuestas. A ver si van a tener razón los que dicen que el problema no era Iván Redondo, y sí lo es Pedro Sánchez.

No, en absoluto. En estos momentos no hay tensión electoral porque no hay elecciones a medio plazo, y, por tanto, el electorado no se siente concernido. Las encuestas están ahí, pero lo único importante es la agenda de superación definitiva de la pandemia y el plan para la reactivación económica y social. No se puede estar permanentemente en campaña electoral y el Partido Popular está obsesionado con acelerar un proceso de desgaste del Gobierno que debería saber que no va a ninguna parte, más que a perjudicar al interés general. Saben perfectamente que no habrá adelanto electoral, pero sólo les preocupa sus intereses como partido.

Por cierto, se ha salido del guion de los bloques con su pacto con el presidente de la Junta de Andalucía, PP, por la financiación autonómica. ¿Tanto urge ese acuerdo por la redistribución de los recursos?

La urgencia es total porque afecta a la propia realidad de España, a los servicios públicos fundamentales, al mantenimiento del Estado del bienestar y al cumplimiento constitucional. El sistema está caducado desde el año 2014 y es absolutamente necesario actualizarlo por dos vías. En el ámbito general, respecto a lo que significa la suficiencia financiera de todo el sistema, y en el aspecto de corregir los errores en la financiación de algunas comunidades autónomas. Todos debemos ser iguales en recursos y esto no se cumple.

¿Tiene el compromiso de Sánchez de que afrontará la reforma de la financiación en este mandato?

El impulso del Gobierno está garantizado. Ahora bien, somos conscientes de que se necesitan grandes acuerdos, territoriales y también en el Congreso de los Diputados. Y ahí hace falta una capacidad de empatía que, en España, en estos momentos, es bastante difícil de conseguir, a pesar de que necesitamos urgentemente unos grandes pactos autonómicos como los que se hicieron en los años 80. Y estos pactos no solo deben hablar de financiación, sino también de la desconcentración de las instituciones del Estado. Ha llegado el momento de afrontar un gran reordenamiento del Estado autonómico.

¿Con los independentistas sentados en una mesa bilateral de negociación con el Gobierno de coalición y ajenos a la multilateralidad?

No es incompatible, en absoluto, solucionar la especificidad catalana, que existe, y negarlo sería del todo absurdo, con buscar unos pactos autonómicos que garanticen que el Estado del Bienestar es de verdad para todos. Puede armonizarse la igualdad entre ciudadanos y la singularidad entre territorios.

¿Qué más hay que reconocerle como «específico» a Cataluña?

Las identidades no se construyen de la nada. Yo creo en la España de las Españas. En la España en la que nadie se sienta fuera y en la que la suma de identidades sea más importante que nunca. En esto se puede avanzar.

Pero la especificidad catalana de la que habla, y que aún no está reconocida, como dice, ¿en qué consiste? Más dinero, más inversiones, más infraestructuras, más privilegios económicos…

Nadie debe tener privilegios económicos dentro de España. Y discutimos mucho de Cataluña, pero también existe el efecto capitalidad en Madrid, del que hablamos antes. La igualdad absoluta es imposible y cada uno lo ve desde su perspectiva, pero hay que intentar atender esa propia diversidad de miradas. Ahora bien, el objetivo debe ser que todos los ciudadanos, de cualquier comunidad autónoma, tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos.

¿Hay ciudadanos que tienen hoy privilegios respecto al resto?

La Comunitat Valenciana es la peor financiada de España, junto con Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Hay una insuficiencia financiera general del sistema y, después, hay algunas comunidades que aún estamos peor que el resto.

Para usted, ¿qué limites debe tener la negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat catalana?

Bilateralidad existe entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España.

En ningún caso, me reconocerá, con esa puesta en escena de Estado a Estado.

Pero la bilateralidad ya existe. Y efectivamente ha habido un problema en Cataluña. Podemos mirar hacia otro lado, pero creo que el Gobierno de España acierta no haciéndolo. Todo lo que sea intentar reconstruir puentes que nos permita vivir juntos es positivo y hay que acompañar responsablemente el esfuerzo del Gobierno. Desde luego, desde la prudencia y desde la lealtad, porque es evidente que el Gobierno de España no va a ir más allá de lo que pueda ir. Pero lo que está claro es que dentro de la Constitución sí que se pueden generar unos espacios de entendimiento que, en estos momentos, están truncados.

¿Puede haber un nuevo acuerdo autonómico sin el Partido Popular?

Sin el Partido Popular no va a ser posible. Somos conscientes de la situación y, por eso, es muy importante que los presidentes autonómicos, más allá del partido al que pertenezcamos, tengamos una lealtad superior, que es la lealtad a los ciudadanos de nuestra tierra y también al conjunto del país. La confianza federal está en eso, en pensar en los intereses de tu comunidad, pero también pensar en los intereses generales de España.