Audiencia Nacional

La UCO quiere saber si Villarejo boicoteó el “caso Lezo”

La Guardia Civil han enviado un oficio al juez para que incluya las agendas del comisario y saber si maniobró en favor de un socio en la investigación sobre supuestas comisiones por el tren de Navalcarnero

El comisario jubilado José Manuel Villarejo (dcha.) y el resto de acusados en el primer juicio del "caso Tándem"
El comisario jubilado José Manuel Villarejo (dcha.) y el resto de acusados en el primer juicio del "caso Tándem"FERNANDO VILLAREFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado un oficio al juez de la Audiencia Nacional para pedir que incluya en el “caso Lezo” las anotaciones de las agendas de José Manuel Villarejo, según confirman fuentes jurídicas. La intención de los agentes es aclarar si el comisario boicoteó la investigación que en 2015 buscaba los nombres de los intermediarios que entregaron la comisión de 1,7 millones de euros por el tren de Navalcarnero.El magistrado de refuerzo Joaquín Gadea, ahora a cargo del caso, ha prorrogado tres meses más las pesquisas por esta nueva petición.

A pesar de que la segunda tanda de las agendas de Villarejo fue incautada en un registro a finales de 2020, el material que hay en ellas parece ser todavía territorio virgen capaz de dar un vuelco a muchos procesos que llevan años abiertos. En este caso, los agentes de la UCO no han querido quedarse de brazos cruzados ante las notas manuscritas por el comisario, concretamente del 31 de agosto de 2015, que señalan: “Cándido Cerón es teniente coronel (muy vinculado con CNI), su socio es Jesús Gil (nada que ver con el famoso)” “son los que organizaron todos los pagos y comisiones para IG [Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid]”, según la información que reveló El Periódico de España.

Esta información que Villarejo conocía desde 2015, llegó a manos de los investigadores de la Guardia Civil el pasado 1 de octubre de este año. Es decir, más de seis años después los agentes han podido conocer la identidad de los tres empresarios que presuntamente ocultaron la comisión de más de un millón de euros, que recibieron de la constructora OHL, supuestamente, por la adjudicación de este tren que uniría las localidades de Móstoles y Navalcarnero en Madrid. Y consiguieron esta información los agentes, gracias a una comisión rogatoria procedente de Suiza en la que se indicaba que las personas que controlaban la sociedad panameña Hanalei Holdings, que fue las que envió las tres últimas transferencias de dinero a Ildefonso de Miguel por estas mordidas.

Los nombres detrás de esta sociedad eran, precisamente, Jesús Gil Pérez (a nombre de la Fundación Gibis); Heraclio López Sevillano (Fundación Cetif) y Cándido Cerón Escudero (Fundación Comedien). Tras aportar la Guardia Civil a la Audiencia Nacional esta información -que Villarejo ya sabía- el juez Manuel García Castellón dictó un auto el pasado 7 de octubre para reclamar al país suizo más información sobre los intermediarios de estas presuntas comisiones.