El Gobierno ofrece colaboración a la Generalitat para proteger al menor en el caso de Canet

El Gobierno ha tardado varios días en reaccionar a la cascada de informaciones que se están conociendo sobre el caso del menor de edad en Canet de Mar que está siendo víctima de acoso después de que sus padres hayan solicitado que reciba un 25 por ciento de la enseñanza en castellano. Hasta ahora, el Ejecutivo aseguraba que no conocía los detalles exactos del caso, pero que condenaba cualquier tipo de acoso.

La Fiscalía de Barcelona ya investiga los mensajes contra el menor de Canet de Mar por si hubiera delito de odio, el Tribunal Superior de Justicia ha ordenado a a la Generalitat proteger al niño de Canet acosado y desde el PP solicitan que el Gobierno celebre la comisión de delitos de odio que sí convocó el Gobierno tras la presunta agresión homófoba que después resultó falsa en Madrid. Hoy, tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario, la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, ha tras preguntarle por el seguimiento que hace el Gobierno sobre el caso, ha acusado al principal partido de la oposición para “utilizar cualquier asunto para hacer oposición al Gobierno”. Moncloa asegura que “las lenguas oficiales son un elemento que nos enriquecen” y que “no lo van a usar de manera partidista ni en la confrontación política”.

El Ejecutivo ha rechazado y condenado “cualquier situación de acoso que se haya podido producir”, ha respaldado la ministra portavoz, quien ha desvelado que la ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha puesto en contacto con el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, a quien ha expresado “todo su apoyo” para evitar “cualquier tipo de acoso en este caso o en otro” que suceda en una escuela de Cataluña o de cualquier otro punto del país.

Según desvelan fuentes gubernamentales, el Gobierno ha ofrecido toda su colaboración a la consellería de Educación de la Generalitat para que se proteja a la familia y al menor de un colegio de Canet de Mar (Barcelona) del acoso que sufre por pedir más enseñanza en castellano.

Sin embargo, el Ejecutivo no ha respondido sobre sí convocará la comisión de delitos de odio ante este caso como se les exige desde la oposición. En el PP consideran que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería aplicar el artículo 155 de la Constitución en materia de educación en Cataluña, tras el hostigamiento a una familia que ha logrado más clases en castellano para su hijo por vía judicial.

“Al castellano se le persigue en Cataluña y hay que defenderlo y reivindicarlo”, ha afirmado este viernes Montesinos en declaraciones a los medios en Madrid, donde ha pedido que Sánchez o la portavoz del Gobierno reprueben y desautoricen al ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien ha asegurado que el español no está en peligro.