La comisión “Kitchen” del Congreso apunta a Rajoy y Cospedal por el espionaje a Bárcenas

En sus conclusiones, respaldadas por PSOE y Unidas Podemos, apunta a una utilización “delictiva” de los recursos de Interior para “obstruir” las investigaciones por corrupción contra el PP

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en su comparecencia en la comisión parlamentaria sobre la operación Kitchen
El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en su comparecencia en la comisión parlamentaria sobre la operación Kitchen FOTO: Kiko Huesca EFE

La comisión del “caso Kitchen” en el Congreso ha puesto hoy el punto y final a un año de funcionamiento señalando al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por la operación parapolicial puesta en marcha en 2013 desde el Ministerio del Interior para sustraer a Luis Bárcenas documentos sensibles para el PP.

Unos seguimientos que, constata, fueron pagados con dinero de los fondos reservados gracias a que “el descontrol en el uso de los fondos era absoluto”, lo que acarreó “pérdidas importantes para el erario público”. De ahí que en esas conclusiones se inste (y ésta es una de las enmiendas introducidas a propuesta de Unidas Podemos) por la “revisión” de los procedimientos sobre uso y control de los fondos reservados.

En sus conclusiones, que han salido adelante con los votos de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu, la abstención de ERC, PNV y Grupo Mixto y el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos (en total, 159 a favor frente a 149 en contra y 29 abstenciones), la comisión parlamentaria sostiene que entre 2013 y 2014 “la cúpula directiva del Partido Popular ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al Partido Popular sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban”.

Esa operación, continúa el documento, se dirigía desde tres sedes, “la sede del Partido Popular en la calle Génova, con el conocimiento de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que informaba al presidente del Partido y del Gobierno, Mariano Rajoy”, la sede del Ministerio del Interior, “con el ministro Jorge Fernández Díaz que le encargó al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo” y lo que denomina su “epicentro”, la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional que dirigía el comisario Eugenio Pino.

Uso “ilegal” de los fondos reservados

Tras todos estos meses de comparecencias, la comisión parlamentaria sostiene que el objetivo de la “operación Kitchen” era “la obstrucción de las investigaciones judiciales en marcha y que las pruebas que pudieran estar en posesión de Luis Bárcenas se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas por la administración de Justicia, e incluso de los propios miembros del Cuerpo que actuaban como policía judicial”. Y para ello, añade, en pos de estos fines “de interés particular exclusivo del Partido Popular” se utilizaron “ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales” (alrededor de 70 agentes, señala, se utilizaron en los seguimientos al ex tesorero).

El documento final defiende directamente la implicación en los hechos de “los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior” en esas fechas -Fernández Díaz, Francisco Martínez y el director de la Policía Ignacio Cosidó-, así como de Cospedal “y de forma indiciaria del mismo presidente del Gobierno”.

La finalidad del dispositivo, asegura, “no podía ser otra que conseguir las pruebas para ocultarlas a la administración de justicia y con ello eludir las responsabilidades penales que pudieran derivarse para altos cargos del Partido Popular”. “¿Y a quién podía beneficiar esa operación?”, se pregunta la comisión. “La respuesta no puede ser otra que a Mariano Rajoy y a su Gobierno”.

Cospedal “era conocedora de la trama”

Del ex jefe del Ejecutivo señala que en su comparecencia “llegó a asegurar estar convencido de la inexistencia de los hechos y a mentir de manera abierta sobre el hecho de la existencia de una caja B con la que se financiaba ilegalmente el Partido Popular, así como a la existencia de condena alguna de los tribunales que acrediten la existencia de esa caja B”. En cambio, subraya, “hasta ahora hay dos sentencias que concluyen sobre la existencia de la caja B del Partido Popular, la sentencia sobre los papeles de Bárcenas y la de las obras de la sede nacional del PP”.

De Cospedal dice que no solo “era conocedora de la trama y de sus avances, sino que pudo recibir una copia de la información sustraída al ex tesorero del Partido Popular durante la operación Kitchen”.

En cuanto a Cosidó, y dado que varios ex mandos policiales que fueron sus subordinados están investigados por este asunto, lo ve como el “inductor de la creación de esta estructura policial con la que, además, cooperó de manera activa”. “Tenía motivos, medios y oportunidad y, por tanto, los indicios le señalan de forma directa”.