El juez propone juzgar a la ex cúpula de Interior por la “operación Kitchen”, pero exculpa a Cospedal

García Castellón ve indicios para llevar a juicio al ex ministro Fernández Díaz, al que fue su número dos, Francisco Martínez, y a otras nueve personas por el supuesto espionaje a Bárcenas

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Carpetazo al “caso Kitchen”. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha cerrado casi tres años después la investigación del supuesto espionaje a Luis Bárcenas que se habría orquestado en 2013 desde el Ministerio del Interior con cargo a fondos reservados para sustraer al ex tesorero documentación comprometedora para el PP relativa al “caso Gürtel”.

En la resolución en la que acuerda el pase de las diligencias a procedimiento abreviado, el magistrado propone juzgar al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al que fuera su “número dos”, Francisco Martínez, y a varios ex mandos policiales, pero no a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, ni a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

García Castellón aprecia indicios de la comisión de delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación.

El instructor también acerca al banquillo al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y a los ex responsables policiales José Luis Olivera, que fue jefe de la UDEF, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez, Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo, así como al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

Descarta una “trama política” al margen de Interior

El magistrado señala que al margen de cuál fuera la intención del ex ministro, Villarejo y García Castaño pretendían quedarse con la documentación sustraída para “presionar” o “extorsionar” a la cúpula de Interior y garantizarse su “impunidad”. Además, ve indicios de que fue Francisco Martínez quien habría autorizado -“con el conocimiento del ministro del Interior”- que se pagara con fondos reservados al chófer de Bárcenas. De hecho, el instructor sitúa a Fernández Díaz en “el vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha de la operación”.

Sin embargo, García Castellón -que descarta la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior- archiva la causa por falta de indicios respecto a Cospedal y López del Hierro, el que fuera su jefe de Gabinete, José Luis Ortiz, así como para Enrique Olivares.

Y es que el instructor hace hincapié en la “debilidad” de los indicios contra ambos, por lo que mantener su imputación por una supuesta “participación intelectual” en la operación -argumenta- es únicamente el resultado “de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”.

Abuso de funciones

El juez relata que los investigados en la presente pieza separada, puestos de común acuerdo y con conocimiento de la ilicitud de los hechos en una fecha que no se ha podido determinar entre los años 2012 y 2013, pusieron en marcha el operativo.

Así, Fernández Díaz, ministro del Interior y máximo responsable político de este departamento, “con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud” -asegura el magistrado- instó a Francisco Martínez, quien fuera primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, para que pusiera en marcha “una misión encaminada a la obtención de información y documentación” que pudiera estar en poder de Bárcenas.

El objetivo era sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el marco de la investigación de “los papeles de Bárcenas”, pieza separada del “caso Gürtel”. Con ese objetivo, Francisco Martínez “asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo” al DAO Eugenio Pino.

Pino, a su vez, dice el magistrado, dejó la operación en manos de Villarejo, quien para llevarla a cabo “se sirvió en un primer momento” del comisario Marcelino Martín Blas, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, y posteriormente de García Castaño, responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que “asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión”, sirviéndose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a dicha Unidad.

Villarejo pretendía “extorsionar” a Interior

Se trataba, refiere el juez, de captar a un colaborador cercano a la familia Bárcenas que fuese capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se estaba buscando. El elegido fue su chófer (a quien se referían los mandos policiales como “cocinero”, “Kitchen” o “K2”), “persona de máxima confianza del entorno familiar”. La recompensa era la entrega de 2.000 euros mensuales más gastos, abonados con cargo a los fondos reservados, y su posterior ingreso en la Policía, como así sucedió.

García Castaño y Villarejo recurrieron para captar a Ríos al inspector jefe Andrés Gómez Gordo, quien igualmente participó con ellos en la operación. La investigación, dice García Castellón, ha podido acreditar que “sin perjuicio de las directrices dadas por el ministro y las motivaciones que pudiera tener”, la finalidad que guiaba tanto a Villarejo como a García Castaño era la de “incautar y mantener dicha documentación en su poder”, sin entregársela a sus superiores, “para poder obtener algún tipo de beneficio personal, extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial” y garantizarse “la impunidad en las actividades ilícitas que, presuntamente, venían desarrollando de forma paralela”.

Martínez autorizó el pago con fondos reservados

De hecho, añade, esa documentación se habría finalmente localizado en el taller de restauración de Rosalía Iglesias e incautado en fecha sin precisar (se encontraba en un armario con doble fondo) en torno a octubre de 2013 ( y la tenía en su poder al menos García Castaño, a quien Villarejo habría reclamado insistentemente una copia, con el conocimiento de su superior Eugenio Pino.

Las irregularidades en la gestión y control de los fondos reservados -sostiene el magistrado- habrían permitido tanto su utilización ilícita para financiar “una operación policial intrínsecamente ilegal” como el “enriquecimiento personal” de altos mandos policiales. Y es que el juez ve indicios de que fue Francisco Martínez quien presuntamente autorizó que se pagara con fondos reservados a Sergio Ríos.

Esta “irregular” entrega de fondos reservados -sostiene el juez de la Audiencia Nacional- estaba “verbalmente autorizada” por el DAO Eugenio Pino “y era permitida, en última instancia”, por el secretario de Estado de Seguridad “con el conocimiento del ministro del Interior”.

Concluida la operación, “y con la finalidad de asegurar su silencio”, desde la Secretaría de Estado se “maniobró” para que Ríos entrase en el Cuerpo Nacional de Policía.

El juez rechaza, como le habían pedido Anticorrupción y algunas defensas, prolongar más la investigación, al considerar “inútiles” e incluso “impertinentes” algunas diligencias propuestas para alargar la instrucción. Y recuerda que nuestra legislación procesal no admite investigaciones prospectivas: “La actividad instructora no puede concebirse como una suerte de soltar la red en fondeo por si se encuentra el delito, sino todo lo contrario”.