El juez Llarena, a Puigdemont: «No hay jueces a la carta»

El magistrado instructor del caso del procés en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, informó ayer en contra de la recusación planteada en su contra por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y por los exconsejeros de su Gobierno también huidos de la justicia española Antoni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí. En su escrito les advirtió de que no pueden aspira a un juez «a la carta».

El escrito de Llarena es un nuevo varapalo a las aspiraciones de los exmiembros del Gobierno catalán impulsores del procés que ponían en duda la imparcialidad del magistrado que les investiga por haber recibido una condecoración de la Fundación Villacisneros, contraria a los ideales independentistas.

En su escrito, Llarena recuerda que también fue condecorado con la medalla al mérito por la Guardia Urbana de Barcelona en 2011, año en el que el alcalde de la ciudad era Xavier Trías, integrante del mismo partido que Puigdemont, y cuando el primer teniente de alcalde era Joaquim Forn, que después fue consejero de Interior y uno de los condenados por el Tribunal Supremo en el juicio del procés. Destaca que, al parecer, ese reconocimiento no pone en peligro su independencia.

El juez destaca que ese reconocimiento del equipo municipal no comprometió la confianza en la neutralidad judicial para las acusaciones, pese a que en la causa se dictaron decisiones que les fueron adversas, como tampoco la distinción de la Fundación Villacisneros, y otras que ha recibido, comprometen ahora la credibilidad pública de que ha desempeñado una actuación neutral.

Esta es la segunda vez que las instancias judiciales españolas se pronuncian en contra de las recusaciones planteadas por el expresidente catalán. El pasado diciembre, el Tribunal Constitucional rechazó de plano sus recusaciones contra dos de los cuatro nuevos magistrados del tribunal.

En su informe, notificado ayer a las partes, el juez resalta la doctrina del tribunal sobre imparcialidad judicial, y subraya que en esa materia las apariencias son importantes, ya que lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática, pero añade que «ello no significa que deba primar la subjetividad de una de las partes, de modo que para excluir al juez predeterminado por la Ley resulte suficiente con levantar unas sospechas que no resulten objetivamente razonables para un observador externo, pues ello conduciría a un sistema de juez a la carta».

El magistrado destaca que los autores de la recusación esquivan que la imparcialidad es una actitud interna y objetivable del juez, por lo que la percepción que tenga la sociedad sobre su neutralidad debe surgir de la actitud o del comportamiento del propio magistrado.