Moncloa dejó de llamar a ERC cuando «ató» a UPN

La reforma laboral ha supuesto un punto de inflexión en la relación del Gobierno con sus socios de investidura. Aunque desde ambas partes se aseguraba ayer que «no peligra la legislatura» y que las relaciones se reconducirán a partir de hoy mismo para encarar los proyectos futuros que hay en la agenda legislativa y que requieren de la connivencia de la izquierda, lo cierto es que algo se ha roto. En Moncloa eran conscientes de que ERC iría marcando distancias a medida que se acercaran las elecciones municipales y autonómicas, en las que entrarán en competencia directa con PSC y Comunes, pero no esperaban que el movimiento se fuera a producir de manera tan abrupta y en una cuestión tan capital como la reforma laboral.

Pedro Sánchez y los republicanos mantienen una relación simbiótica, de dependencia mutua, que seguirán manteniendo hasta que se vean obligados a interrumpirla. En este caso, el presidente del Gobierno ha perpetrado el giro al centro que siempre estuvo en sus planes, poner en marcha la geometría variable para zafarse del yugo de los soberanistas. Los republicanos, conscientes de que la reforma salía adelante con Ciudadanos no han querido verse contaminados y se han mantenido en su posición de fuerza, sin renunciar a lo que se les había prometido previamente: que habría una «derogación» de la reforma laboral.

Fuentes de ERC basaban su confianza en que el Gobierno tenía amarrados ya los números a la falta de «presiones» que han sufrido en la negociación. Lo que contrasta con otras situaciones del pasado. Revelan que no existía coordinación dentro de la coalición y que, mientras Yolanda Díaz se afanaba en intercambiar documentos, desde el PSOE, Félix Bolaños, les confirmaba que no había margen para introducir ninguna modificación. El cambio en la manera de dirigirse hacia los socios que habían sustentado la mayoría de la investidura se refleja en un significativo detalle: cuando el Gobierno tuvo cerrado el apoyo positivo de UPN dejó de llamar a ERC. Dos votos, los de los navarros, que daban cierto vértigo al Gobierno y que finalmente se demostraron nada fiables. Por su parte, desde Moncloa se defienden asegurando que los republicanos no pueden echarles en cara que se hayan ido con otras formaciones.

El tenso rifirrafe en el debate entre Gabriel Rufián y Yolanda Díaz y la diputada que defendió la posición de Unidas Podemos, Aina Vidal, muestra la dimensión de la herida que hay que reparar. «Si tú intentas vender una moto y acaba siendo una bici, pero dices: al menos tiene dos ruedas, estás intentado estafar», espetó el portavoz de ERC a la vicepresidenta segunda, que anteriormente le había acusado de tumbar la reforma por «rivalidades partidistas». Los republicanos, sin embargo, se mantuvieron en sus máximos y lanzaron duros golpes a Díaz. «Es duro decirlo, pero esta es la reforma laboral que habría negociado y votado Albert Rivera como vicepresidente del Gobierno», atacó Rufián. Por su parte, Vidal recriminó a ERC que «mientras unos traían impresoras al Congreso y pactaban con la derecha en el Parlament, otros luchábamos por los derechos de los trabajadores».

Con este clima, el Gobierno hace meses que relegó su hoja de ruta para Cataluña. El azote del coronavirus ha servido de excusa para que Sánchez haya ido desplazando de su agenda la «mesa de diálogo» con Cataluña que estaba prevista para enero y que ahora no se celebrará, al menos, hasta primavera. Esto es, hasta que no se celebren las elecciones en Castilla y León y se cite a todos los presidentes autonómicos en la cumbre de La Palma.