La filtración del documento de archivo de Juan Carlos I aviva las críticas a la gestión de Delgado

«Es una vergüenza» expone un fiscal de Sala después de conocer la noticia de la filtración de uno de los decretos de archivo de las investigaciones abiertas a Juan Carlos I. El malestar en el seno de la Fiscalía General del Estado es patente, según diversas fuentes fiscales, y se compone de una mezcla de indignación porque los documentos confidenciales salgan de las paredes de Fortuny -calle donde está la sede del Ministerio Público- e incomprensión por el hecho de que se siga alargando el archivo definitivo si la redacción está terminada.

La sorpresa con la que desayunaron los fiscales que han participado en las tres líneas de investigación a Don Juan Carlos fue que la Cadena Cope publicaba la literalidad del decreto de archivo relativo a un «trust» en el paraíso fiscal de Jersey. Uno de los tres documentos -habrá uno por cada línea de investigación como publicó LA RAZÓN- que hasta este momento se había guardado como oro en paño. Fuentes cercanas a estos fiscales indican que la sensación que manifiestan es de «decepción» porque «esta vez» no querían que se conociera su trabajo por una filtración. De hecho, la idea era que los textos se dieran a conocer a la vez en un briefing en el que convocarían a los medios para explicar paso a paso cuál ha sido el proceso de estos casi 2 años de indagaciones en secreto.

Casi todo lo que se ha conocido de las pesquisas ha sido a golpe de exclusiva y es poca la información que se ha dado por los canales oficiales. En este sentido, este periódico ha intentado recabar la versión de la Fiscalía General sin éxito porque guardan silencio. La única vez que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, expuso a la prensa un asunto en relación a esto fue el 6 de noviembre de 2020 cuando, tras una información de eldiario.es que desveló la segunda línea sobre el uso de tarjetas opacas por parte de miembros de a Casa Real, la jefa del Ministerio Público y el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, contaron a un grupo reducido de periodistas que existía una terceras pesquisas abiertas a raíz de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPLAC). Precisamente, de las que acaba de conocerse el decreto de archivo.

Pero las críticas más abundantes se amarran al argumento de la dilación del cierre del caso.«Ha sido mucho tiempo para llegar a un archivo, en unas diligencias en las que la mitad de los años el Rey era inviolable», afirma un fiscal del Tribunal Supremo. «Llevan tiempo haciendo no sé muy bien qué», expresa otro. Lo cierto es que la primera noticia en la que se situó que la conclusión a la que se había llegado era que no había derivadas penales para el monarca fue el pasado mes de octubre. A partir de ese momento, los fiscales encargados han venido anunciando que se produciría el archivo, pero que faltaban unos datos que debían llegar de Suiza.

Éstos, concretamente de los años 2014 y 2015 de la Fundación Zagatka, llegaron a mitad del mes de diciembre. Y este fue el motivo esgrimido para pedir la prórroga de las investigaciones, que había que analizar esos datos. Una petición que partió de los fiscales del caso y que fue firmada por Dolores Delgado porque así lo marca el Estatuto Fiscal. Debe ser la jefa del Ministerio Público la que dé la venia para prorrogar. Entonces se ubicó, ahora sí por fin, el cierre definitivo en enero. Pero pasa ya una semana de febrero y el archivo no llega, mientras el padre de Felipe VI manda mensajes a amigos como al periodista Carlos Herrera manifestando que volverá «cuando a Doña Dolores (Delgado) se le ocurra cerrar el caso».

Las fuentes consultadas indican que los decretos están prácticamente terminados y que la firma de Luzón -que será quien tras el fallecimiento del Teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos rubrique como instructor- solo espera a que Delgado dé el visto bueno. Algunos incluso tratan de buscar explicaciones a este retraso alegando que no quiere interferir en las comicios de Castilla y León. Pero lo cierto es que a la falta de aclaraciones oficiales reina el desconcierto y, para algunos, al tratarse de un asunto tan sensible para el Estado lo que debería imperar es la transparencia.