Gürtel

Confirmada la pena de 3 años de cárcel para Correa y Crespo por amaños de contratos en Fitur

La Sala de lo Penal convalida también la multa de 36.000 euros para ambos por cooperadores necesarios en un contratos ilícitos relativos a la feria de turismo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 3 años de prisión para los cabecillos de la trama “Gürtel”, Francisco Correa y Pablo Crespo, como cooperadores necesarios de un delito continuado de falsedad cometido por funcionarios públicos. Se trata de una adjudicación ilícita de tres contratos para empresas del Grupo Correa en la feria de turismo FITUR de 2004. La sentencia mantiene el delito de prevaricación a Correa, si bien absuelve a Crespo y a los empleados del grupo (Isabel Jordán y José Javier Nombela).

El importe total de estos contratos fue de 214.000 euros por la participación de la empresa en la feria que se celebró en la ciudad de Jerez. El Supremo reduce de 2 años y 3 meses de prisión a uno y los mismos meses a Nombela por cooperación necesaria porque cree que la ilicitud de su conducta fue menor a la de quienes emitieron la orden.

Jordán no recurrió al Supremo, pero ha quedado absuelta de la extensión de la prevaricación por las atenuantes de dilaciones indebidas y colaboración con la Justicia.

El alto tribunal le da la razón parcialmente también al Ayuntamiento de Jerez cuya interventora había recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional. El órgano consideró prescriptos los hechos que afectaban a esta, pero en la redacción les atribuía delitos de prevaricación y falsedad. Los magistrados absuelven ahora a los cinco técnicos municipales de prevaricación al no ser delictivos los hechos imputados, aunque mantienen la absolución del delito de falsedad porque está prescrito.

Los hechos probados por la Audiencia Nacional destacaban que Correa, aprovechando su amistad con una persona relacionada con el Ayuntamiento de Jerez, obtuvo de forma ilícita favor de las empresas que adjudicaban los contratos en FITUR. Esta feria se celebró entre enero y febrero de 2004 y, una vez terminada y “con el fin de encubrir la directa adjudicación y dotarla de legalidad se procedió a confeccionar formalmente los expedientes de contratación”, dice la sentencia.