Moncloa se revuelve contra la coalición PP-Vox en Castilla y León: “Es un error”

En medio del contexto bélico en Ucrania y el de posguerra en el seno del PP, Alfonso Fernández Mañueco transita discretamente el camino hacia la gobernabilidad en Castilla y León. Una gobernabilidad para la que habrá pacto entre PP y Vox. Alfonso Fernández Mañueco empieza, de hecho, la segunda ronda de negociación para desbloquear la situación y lo hará sólo con los partidos que no se han excluido de las conversaciones: Soria Ya, UPL y Vox. 

El PP, en esta etapa de transición al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, está en la posición de atender a su realidad electoral en esta comunidad autónoma, donde sus votantes, por su perfil, prefieren el entendimiento entre estos dos partidos antes que cualquier otra opción. En este momento, el partido está abierto a acelerar la negociación y a escuchar los planteamientos de Vox. El debate programático se coloca por encima de la exigencia de que el pacto se sostenga en una coalición de gobierno, que dé entrada a Vox en el futuro Ejecutivo autonómico.

Ante este escenario, en el Gobierno se revuelven contra la posibilidad de que lo que ellos definen como “ultraderecha” gane espacio en las instituciones. Desde la mesa del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno ha apelado al “papel” que quiera jugar el principal partido de la oposición en el futuro. Un rol “más responsable, más comprometido y compartiendo la respuesta ante las cuestiones de interés general”. Algo que consideran, no casa, con las informaciones que apuntan hacia una eventual coalición PP-Vox en Castilla y León. “De confirmarse esas informaciones, esto no es ningún cambio de rumbo, sino todo lo contrario. Se trataría de un error”, ha señalado Isabel Rodríguez.

En este sentido, y siempre parapetándose en que este escenario se acabe finalmente concretando, el Gobierno ha vuelto a reiterar una advertencia que ya hizo tras las elecciones del 13-F, que el Ejecutivo “hará todo lo que tenga que hacer en el marco del derecho para impedir que las posiciones de la ultraderecha nos hagan retroceder”, señalan.

Responden así a las peticiones de la formación de Abascal en esta región, donde han pedido la derogación de las leyes en materia de memoria democrática y violencia de género, entre otras. En concreto, fuentes gubernamentales advierten de que recurrirán a los tribunales para frenar cualquier ofensiva que se intente en este sentido y recuerdan cómo se llevó ante el Tribunal Superior de Justicia el intento de establecer un “pin parental” en materia educativa en Murcia.