Ignacio Stampa o el caso que ha puesto a Dolores Delgado contra las cuerdas

Un avión Lanzarote - Madrid trae a Ignacio Stampa (1973) a su nuevo destino en la fiscalía Anticorrupción donde se incorpora el 10 de mayo de 2016. Año más tarde, su jefe entonces, Manuel Moix, le encomienda un caso que traía la Guardia Civil y dicen las malas lenguas que se lo da al fiscal joven, novatillo y obediente para que la causa no se vaya de madre. Pero sí se va, sí. El “caso Tándem” se convierte en un monstruo de centenares de líneas de investigación, muchas de ellas secretas, que se judicializa en la Audiencia Nacional. Un segundo fiscal, Miguel Serrano, se incorpora a la mega instrucción que involucra, en grabaciones o anotaciones del comisario José Manuel Villarejo, a empresarios del Ibex, familias poderosas, abogados, policías y políticos. Incluida a la entonces ministra de Justicia y ahora Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, que acaba siendo jefa del propio Stampa.

Esta es la reconstrucción de cómo de investigar a Villarejo, Ignacio Stampa pasó a ser investigado en la Fiscalía y, una vez aclarado que no cometió un delito de revelación de secretos, emprendió una batalla por el proceder del Ministerio Público contra él. Una historia que tiene mucho de reproche al funcionamiento interno de las instituciones y que se basa en todos los documentos y las distintas versiones a las que ha tenido acceso LA RAZÓN.

En junio de 2020 empiezan a aparecer en la prensa pantallazos del chat interno de Podemos. Una de las abogadas del equipo, Marta Flor, habla de la sintonía que tiene con los fiscales “Ironman” (Stampa) y “Batman” (Serrano). El escándalo es mayúsculo. Parece que filtran información de uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España a la acusación popular así que Vox interpone una denuncia contra ambos que, de alguna forma incomprensible, pasa a investigarse en la Fiscalía de Madrid solo contra Stampa.

En este punto entran en escena tres hombres del Ministerio Público: en el órgano central, la mano derecha de Delgado, Álvaro García Ortiz, jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado; en Madrid (donde se incoa el procedimiento) el jefe Superior entonces Jesús Caballero Klink, y el teniente fiscal de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría, designado instructor del caso.

Entre junio y octubre, éste último realiza las diligencias que cree oportunas para esclarecer si Stampa filtró información. Pide los chats a la Audiencia Nacional, toma declaración tanto a Marta Flor como al otro abogado de Podemos, Alejandro Gámez, quienes sitúan las conversaciones en la fanfarronería y niegan cualquier connivencia con Anticorrupción. “De 44 peticiones instadas en la causa por la acusación popular, la Fiscalía únicamente en tres de ellas avaló lo interesado”, manifestó Gámez. El tercer abogado morado José Manuel Calvente, quien ha salido ya del partido y sí está denunciando el mal proceder interno, no llega a declarar por Covid-19. El 5 de octubre Ruiz de Alegría considera que el relato de Calvente es prescindible porque era bastante ajeno a “Tándem” y firma el primer borrador del archivo que Klink manda a la Fiscalía General.

A García Ortiz no le parece ni de lejos que se haya investigado bien porque faltan diligencias claves como el testimonio de Calvente o los mensajes que inician todo. Así que el 8 de octubre reenvía un escrito de “sugerencias” para seguir indagando. Que cite al abogado, que pida de nuevo los chats y que llame a Serrano, fiscal compañero del caso. Ruiz de Alegría hace las tres cosas rápidamente a conciencia porque considera que tiene a un compañero en una situación muy delicada y el viernes 23 de octubre Klink manda un segundo borrador de archivo.

Ese martes 27 era un día crucial porque se celebraba un Consejo fiscal en el que se renovaban las plazas de Anticorrupción. Ni Stampa ni Serrano las tenían fijas, así que necesitaban que Delgado se las consolidara. Por eso, tener una investigación en curso a Stampa le complicaba todo, pero si ya estaba archivada era otra cosa. Sucede que no se aprobó el archivo, García Ortiz no contestó al borrador del decreto hasta dos semanas después cuando hubo analizado toda la causa de la que pidió una copia y entonces ya era demasiado tarde.

En el Consejo de los nombramientos la Asociación de Fiscales (AF) no apoyó que ninguno de los dos continuara porque, según consta en las actas, querían huir de perfiles “poco rigurosos y polémicos”. La jefa del Ministerio Público era consciente de que dejar sin fiscales que conocieran desde el principio el marcocaso de Villarejo era un tsunami que podría revolcarla. La Unión Progresista de Fiscales -a la que antaño perteneció Delgado- votó a favor de Serrano; y Stampa, con cero votos, fue el único que se quedó fuera de Anticorrupción.

De la votación se ausentó el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas que días antes había tenido un encontronazo mediático con Stampa por el que luego le pidió perdón. “No recuerdo si fue a motu proprio o si algún compañero me lo había aconsejado [faltar a la votación]. Si hubiese estado, habría votado en favor de los intereses del señor Stampa”, confiesa ya jubilado Navajas a este periódico. PreguntadoIgnacio Stampa para este artículo no ha querido puntualizar nada más que este episodio: “él me llamó esa mañana, a las 9 cuando dejaba a mi hijo en el colegio, para decirme que Fausto Cartagena [fiscal jefe de la Inspección entonces] le pidió que no estuviera en la votación”.

A Anticorrupción llegaron esos días ramos de flores con el mensaje “vales más que un despacho” dirigidos al fiscal que se retiró de las indagaciones en las más de 30 piezas de Villarejo convencido de que habían sido los “intereses personales” de Delgado los que habían dado al traste con sus aspiraciones. En ese tiempo también recibió cartas anónimas y amenazantes pidiendo que dejara de investigar. El Ministerio del Interior no se lo tomó a broma y puso a Stampa escoltas.

Y así, escoltado, se trasladó a su destino actual en la Fiscalía de Madrid, pero quiso saber por qué aún su investigación no había sido archivada y fue a ver su expediente en persona. Descubrió luego que las primeras “sugerencias” de la mano derecha de Delgado no habían sido las únicas. García Ortiz había devuelto por segunda vez el archivo “sugiriendo” que se volvieran a pedir los chats de Podemos a la Audiencia Nacional e incorporando nuevas peticiones como correos del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, o que se citara a una periodista. En la Fiscalía General defienden que la prueba de que eran meras sugerencias es que solo se decidió practicar una de ellas, la de los chats. Otros entienden que García Ortiz era un superior y esto era una “presión” para inmiscuirse en las diligencias.

Todo estalla cuando éste se entera por otra fiscal de que Stampa está leyendo sus correos. El 4 de diciembre de 2020 Klink tiene que redactar de “urgencia” un escrito explicando cómo se le ha transmitido a Stampa la información. Se dirige a la propia Delgado y esto es relevante porque ella siempre sostuvo que nunca conoció nada sobre el “caso Stampa”. “Ella todo lo que olía a Villarejo no quería saber nada. Así que ni supo nada ni quiso saber nada”, explicaron en el Ministerio Público a quienes preguntaron entonces. Misma versión que sostuvo García Ortiz ante los vocales del Consejo Fiscal cuando tuvo que dar cuenta. “La fiscal general del Estado no tuvo intervención alguna en los hitos procesales” del caso, consta dicho en las actas de ese día por el Jefe de la Técnica. Supo, porque tenía que saber, es la jefa, sostienen ahora, pero no se entrometió en los detalles.

A partir de ese momento el instructor Ruiz de Alegría se planta y dice que el caso es un archivo, que los implicados lo niegan, que ni una sola conversación involucra a Stampa, solo comentarios de terceros y que es “improcedente” seguir. El asunto se lo queda Klink. Algo que en el Ministerio Público se dice avocar (artículo 23 del Estatuto Fiscal) y que lleva el trámite de exponerlo ante el Consejo Fiscal. Sin embargo, no se cuenta en la siguiente reunión de diciembre -que la hubo para sustituir a Navajas por Juan Ignacio Campos-, sino que se hace en febrero cuando el tema ya ha sido archivado. De nuevo, unos lo enmarcan en la normalidad del funcionamiento de la Fiscalía y otros hablan de torear a la institución para que el tema ya no importara cuando los vocales tuvieran que saberlo.

La Audiencia Nacional reitera que no tiene los chats, que allí solo constan recortes de prensa. Hay que archivar, no hay nada.

El 2 de febrero de 2021 Klink manda un nuevo y tercer borrador de archivo con 15 páginas que termina con un contundente: “no cabe apreciar huellas alguna de indicio ni tan siquiera de sospechas que avalen la pretensión de los denunciantes”. El 4 de febrero hay otro correo de Klink que dice que ha elaborado un cuarto “más concreto y preciso”. Esta cuarta versión tiene 5 páginas menos, se le han quitado todos los detalles de testimonios como el de Marta Flor o Miguel Serrano y, además, la frase final languidece a un “no cabe apreciar indicios que avalen la pretensión de los denunciantes”.

Lo que pasó en esos dos días es desconocido. Unos hablan de decisión propia de Klink para que fuera menos “largo y farragoso”. Otros no entienden cómo la propia Fiscalía elimina párrafos que vienen a apoyar la postura que va a tomar: el archivo. Párrafos que diluyen cualquier nebulosa de delito contra Stampa.

Pero tampoco este es el final. Pasan 11 días hasta que el 16 de febrero de 2021 se notifica el quinto y definitivo. En medio, todas las comunicaciones que hasta ahora habían tenido García Ortiz y Klink se desglosan del procedimiento y se guardan porque para la Fiscalía General, Stampa al ser investigado no debe tener acceso a esta dación de cuenta. En medio también se convoca un concurso de fiscales europeos, algo que Stampa reprocha en una demanda interpuesta en el Ministerio de Justicia por la que pide una indemnización de 245.202,76 euros. Por los “graves perjuicios” a su carrera profesional, porque considera que no podía optar a ninguna plaza de nada mientras estuviera investigado y reprocha a Delgado que sacara una nota de prensa cuando se le inició la investigación, pero no cuando se le cerró.

La clave: las comunicaciones internas de la Fiscalía

Pero, además, Stampa cree que sí tiene derecho a acceder a esas comunicaciones internas entre fiscales. Aquí está una de las claves del caso porque, de conseguir que los jueces fallen a su favor, la manera de trabajar del Ministerio Público cambiaría por completo. Por eso, la Fiscalía no se ha arriesgado a que hubiera una sentencia. El pasado mes de diciembre entregaron a Stampa un CD con esos correos internos que se cruzaron y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha entendido que, como ya tiene lo que solicitaba, hay “satisfacción extraprocesal”.

En los últimos meses el “caso Stampa” ha dado un vuelco. La AF -asociación mayoritaria en la carrera- ha cambiado de postura y han acudido también a los tribunales en contra de Delgado para que les den el expediente íntegro de qué pasó. Una asociación que, dicho sea de paso, ignoró las explicaciones de Stampa hace un año cuando éste les remitió una carta tratando de explicarles que creía que su investigación se había dilatado de forma artificial. Lo perdieron como asociado. Y no son los únicos litigando; los tribunales todavía tienen que decidir sobre otro contencioso que Stampa ha iniciado hace cerca de un mes. De nuevo, serán los jueces los que marquen un nuevo capítulo sobre la Fiscalía.