El Tribunal condena en costas a la Fiscalía General por negar la documentación del “caso Stampa”

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado la primera decisión judicial del “caso Stampa”. Por un lado, los magistrados entienden que se ha satisfecho el motivo por el que el fiscal Ignacio Stampa puso la reclamación, es decir que ya tiene acceso a su expediente, así que da por zanjado el tema, pero, sin embargo, a quien condena por las costas del procedimiento es a la Fiscalía General del Estado porque considera que sí se le denegaron inicialmente todos los papeles.

Esta es la primera demanda de las tres que Stampa inició a partir de que no fue reelegido para su puesto en la Fiscalía Anticorrupción porque entiende que fue apartado por “intereses personales” de la fiscal general, Dolores Delgado, en el caso que él investigaba sobre el comisario Villarejo.

En un auto del pasado 7 de marzo, la sección séptima del TSJ de Madrid argumenta que el procedimiento ha terminado con “satisfacción extraprocesal” porque el fiscal jefe de la secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, le ha entregado todos los documentos reclamados.

Esta causa se remonta al momento en el que se archiva la investigación al propio Stampa. En Madrid, se le abrieron unas diligencias para dirimir si había cometido un delito de revelación de secretos durante la instrucción del caso sobre Villarejo en la Audiencia Nacional. Se determinó que no había reproche penal para él y entonces comenzó su batalla judicial por demostrar que estas indagaciones se mantuvieron abiertas de forma artificial para apartarlo del puesto en el que estaba. Pidió todo: actos, comunicaciones e indicaciones de Dolores Delgado a los fiscales de Madrid durante su procedimiento. En definitiva, el acceso íntegro a todos los papeles que compusieron su caso.

Unos correos internos de la Fiscalía han mostrado con el tiempo cómo García Ortiz, mano derecha de Delgado, sugirió en varias ocasiones mantener viva esta investigación para practicar más diligencias y el borrador del decreto de archivo se redactó hasta en cuatro ocasiones. La última de las versiones perdió, además, cinco hojas que contenían testimonios claves para exculpar al fiscal.

Según el auto -cuyo magistrado presidente es Jesús Muriel- el pasado mes de diciembre la Abogacía del Estado (que defiende a Delgado) informó de que ya García Ortiz había dado traslado de los expedientes íntegros y, aunque Stampa se mostró disconforme con esta decisión, la Sala entiende que si ya tiene los documentos, no hay caso. “La satisfacción extraprocesal, como medio de terminación del procedimiento, supone un acto de la Administración demandada, unilateral y externo al proceso, por medio del cual el demandante obtiene lo que pretendía”, indican los magistrados.

Igualmente, el Tribunal reconoce que de forma inicial se denegaron estos papeles a Stampa. “Habida cuenta de la inicial resolución denegatoria expresa de la Administración, que ha obligado al recurrente a acudir a la vía judicial para satisfacer sus pretensiones”, dicen, imponen las costas hasta un máximo de 1000 euros a la Administración. Sobre este auto todavía cabe recurso sobre el mismo tribunal.

Los dos vías que siguen viva

Hay dos vías que todavía están en trámites de ser resueltas. Por un lado, la reclamación patrimonial que el fiscal interpuso ante el Ministerio de Justicia porque la actuación de Delgado le ha causado “graves perjuicios en el derecho a la carrera profesional, y en el prestigio e imagen pública”. Y, por otro, un reciente recurso interpuesto a raíz del Consejo fiscal de noviembre del pasado año.