El plan de autonomía de Marruecos supone la acogida de los saharauis de Argelia y una amnistía para los polisarios

Política

El plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara supone el retorno y reintegración de saharauis de los campamentos de Tinduf (Argelia) y “separatistas del exterior” (Frente Polisario). Una amnistía general será el requisito previo. “A través de la doctrina de la nación indulgente, misericordiosa y de gestos como la bienvenida a los que se unieron, el Reino ya ha demostrado su política de acercamiento y su deseo de pasar página”, explica Khalid Chiat, profesor de derecho y relaciones internacionales en la Universidad Mohammed de Oujda. Siempre y cuando todas las partes estén en el mismo estado de ánimo, precisa.

El plan de autonomía, que ahora apoya España, otorga plenos poderes a las poblaciones saharauis, según publica Le360. Todavía faltan algunos detalles que dependen de futuras conversaciones entre Marruecos y las otras partes en la disputa, en el marco de las Naciones Unidas. Pero Rabat, desde la presentación de la propuesta de autonomía en 2007, ha trazado los contornos de este plan.

“No se equivoque al respecto. Autonomía o no, el Sáhara permanecerá en su Marruecos y Marruecos en su Sáhara. Ciertamente, el Reino garantiza a todos los saharauis, incluidos los que se encuentran en los campamentos de Tinduf y en otros lugares, su lugar pleno, sin discriminación ni exclusión, y su derecho a gestionar sus asuntos por sí mismos a través de órganos legislativos, ejecutivos y judiciales equipados con habilidades y recursos financieros. Pero el Estado conservará sus competencias en los ámbitos soberanos, en particular la defensa, las relaciones exteriores y las competencias constitucionales y religiosas del Rey, comendador de los Fieles y garante de la libertad de culto y de las libertades individuales y colectivas”, agrega. Lo mismo se aplicará a los atributos de soberanía, en particular la bandera, el himno nacional y la moneda.

Estña previsto un Parlamento de la región. “Todo nos hace pensar que este organismo será como los de los países autónomos, como es el caso de España, con elecciones locales como requisito previo”, indica Mohamed Chakir, académico e investigador en ciencias políticas. Este Parlamento estará compuesto no sólo por miembros elegidos por sufragio universal directo por toda la población de la región, sino también por miembros elegidos por las diversas tribus saharauis.

El poder ejecutivo será ejercido por un jefe de gobierno regional elegido por dichas Cortes e investido por el Rey. En representación del Estado en la región, deberá formar su equipo y nombrar los administradores necesarios para el ejercicio de sus atribuciones.

En materia de justicia se pueden crear jurisdicciones. Sus decisiones serán dictadas en nombre del Rey. Un Tribunal Regional Superior será el tribunal supremo y fallará en última instancia, pero sin perjuicio de las competencias de las autoridades nacionales (Tribunal Supremo y Consejo Constitucional). Las leyes, reglamentos y decisiones judiciales deben, además, ser conformes con el estatuto de autonomía y la Constitución del Reino.

Las poblaciones saharauis tendrán control sobre todos los aspectos relacionados con la economía de la región. “Sus representantes son, naturalmente, los que mejor pueden definir las necesidades de estos territorios y las estrategias para satisfacerlas”, comenta el Chakir. Las políticas locales de desarrollo económico, planificación, inversión, comercio, industria, turismo y agricultura serán de su responsabilidad. Esto, al igual que el presupuesto y la fiscalidad de la región, así como sus infraestructuras (agua, electricidad, obras públicas, transporte, etcétera). A esto se suman los aspectos sociales (vivienda, educación, salud, empleo, deporte, seguridad, protección social), culturales y ambientales. “El Estado brinda apoyo, en particular a través de grandes proyectos de estructuración. Ya estamos viendo la demostración de esto a través de la autopista Tiznit-Dakhla”, agrega el digital.

El Sáhara dispondrá de los recursos financieros necesarios para su desarrollo. “Un plan de autonomía supone automáticamente un mayor atractivo de estos territorios frente a la inversión extranjera. Es también una óptima explotación de sus recursos, ya sean estos agrícolas, haliéuticos, turísticos o energéticos, en particular los solares”, explica Driss Effina, profesor de economía del Instituto Nacional de Estadística y Economía Aplicada (INSEA).

Aparte del nivel local, las poblaciones de las provincias del sur seguirán estando representadas en el Parlamento y otras instituciones nacionales y participando en todas las consultas electorales nacionales.

Los poderes del Estado serán ejercidos por un representante de éste. La responsabilidad del Estado en materia de relaciones exteriores se ejercerá en consulta con la región en los asuntos directamente relacionados con sus atribuciones, la cual podrá establecer vínculos de cooperación con regiones extranjeras con miras a desarrollar el diálogo y la cooperación. Las competencias que no estén expresamente atribuidas se ejercerán, de común acuerdo, sobre la base del principio de subsidiariedad.

El estatuto de autonomía de la región será objeto de negociaciones y estará sujeto a consulta en referéndum de las poblaciones interesadas. “Este referéndum, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, se corresponde además perfectamente con el principio de autodeterminación desorientado por los adversarios de Marruecos”, subraya.