Luzón calificó de «prospectiva» la investigación de la Fiscalía Europea al contrato de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción calificó de «claramente prospectiva» (que no se limita a indicios con los que cuenta, sino que se excede para pescar otros que pudiera encontrar por el camino) la investigación que la Fiscalía Europea inició para determinar si se había usado mal el dinero de fondos europeos en el contrato de las mascarillas vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. En la respuesta que el fiscal jefe Alejando Luzón dio a los delegados europeos -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN- expuso que carecían de «mínimo acervo incriminatorio» para defender que podía haber delito de malversación y fraude a la Unión Europea en el contrato de 1,5 millones a la empresa Priviet Sportive. La Fiscalía Europea ha seguido adelante con su procedimiento y la Audiencia Nacional ya ha designado juez de garantías que será Alejandro Abascal.

A lo largo de cinco páginas, Luzón respondió muy contundente a la petición de los fiscales europeos, liderados por Concepción Sabadell, que le dieron «24 horas» para que les remita toda la documentación que obra en la causa sobre los contratos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. «La apertura de una investigación y, desde luego, la práctica de cualquier diligencia en relación con estos hechos -el presunto desvío de fondos en la compra de mascarillas- tendría una naturaleza claramente prospectiva. No existiendo delito alguno competencia de la Fiscalía Europea tampoco cabe hablar de infracciones penales conexas, pues no existe un delito con el que establecer la relación de conexidad», les dijo Luzón el 10 de marzo.

Los antecedentes comienzan el 1 de ese mes cuando la Fiscalía Europea pide que remita la documentación porque puede haber malversación de fondos comunitarios que, además, cifran en el mismo valor del contrato: «El perjuicio ocasionado al patrimonio de la Unión Europea ascendería a 1.512.500 [euros]». Luzón pide entonces ver el oficio del Servicio Nacional de Cooperación Antifraude (SNPA) que es el que alerta a los fiscales europeos de que hay fondos de los Estados miembros, pero Sabadell le niega este documento y le da el plazo de un día «sin dilación» para que le pase toda la causa.

El jefe de Anticorrupción se ajusta al plazo, pero les reprocha dos cosas. Una, que no le dejen ver el oficio del SNPA que es sustancial para entender qué quieren investigar. «La muy limitada y a mi juicio razonable petición de colaboración», dice, para «entender el origen y fundamento» de la solicitud que no ha sido atendida rompe, a su juicio, el «principio de cooperación leal» entre las Fiscalías. Y dos, el «impropio» margen de 24 horas que le han dado para contestar, a sabiendas del «continuado esfuerzo que este Fiscal Jefe [...] viene realizando para cumplimentar siempre» lo que le piden.

El choque entre ambas fiscalías es notorio porque Luzón no ve por ningún lado la posibilidad de que en ese contrato del que supuestamente cobró comisiones el hermano de Ayuso pueda haberse producido delito alguno de fraude a la Unión Europea. «Resulta palmaria la falta de fundamento de las calificaciones jurídicas apuntadas por la Fiscalía Europea. Aventurar (el valor de 1,5 millones del contrato) cuando ese es el precio total pagado por la compra de mascarillas [...] resulta insostenible», expone. Añade que la Comunidad de Madrid ha entregado facturas, certificados, memorias justificativas y albaranes de entrega así que «resulta evidente que no ha existido malversación, pues no se ha producido apropiación del dinero del patrimonio público».

El jefe de Anticorrupción hace una exposición de lo que él sí está investigando que tiene que ver a delitos de corrupción que, en última instancia, pueden afectar a la presidenta madrileña si se pudiera acreditar su participación en un delito de tráfico de influencias. Que de ser así, aclara, el asunto se derivaría al Tribunal Supremo. «La investigación nuclear y que ha determinado la intervención de esta Fiscalía Especial no pone en cuestión el contrato -no lo hacen siquiera los denunciantes- sino que atañe a delitos de corrupción que pudieran afectar al más alto cargo de la Administración autonómica madrileña».

A pesar de todo esto, Luzón hizo lo que le fue encomendado. Adjuntó una copia escaneada de todas las diligencias que habñia practicado hasta ese momento y, además, suspendió la práctica de nuevas actuaciones hasta que la Fiscalía Europea decidiera sobre su competencia.

El resto ya es conocido. La Fiscalía Europea insistió en avocarse, es decir, quedarse el asunto completo por la conexión de los delitos que ellos indagaban. Luzón no estaba de acuerdo y preguntó a la fiscal general del Estado. Dolores Delgado convocó a todos los fiscales de mayor rango de la carrera para que debatieran qué hacer y por unanimidad decidieron este lunes dar la razón a Luzón. La causa principal sobre las comisiones al hermano de Ayuso se la queda él. Anticorrupción sigue analizando, por tanto, los delitos de tráfico de influencia, negociaciones prohibidas entre funcionarios o falsedad documental, es decir, el correcto funcionamiento de órganos de la administración pública española; mientras la Fiscalía Europea, sobre la que Delgado no manda, indaga en la malversación y el fraude a la UE.

Abascal, juez de garantías

La Fiscalía Europea ya incoó un procedimiento y se dirigió a la Audiencia Nacional para que designara a un juez de garantías. El funcionamiento de este organismo europeo de nueva creación está todavía en pañales porque en España comenzó a andar el verano del pasado año. Ante el desconcierto sobre la competencia, un conflicto sin precedentes en el ordenamiento judicial español, la Audiencia Nacional actuó con cautela a resultas de lo que Delgado decidiera.

El asunto ha caído en el Juzgado de Instrucción número 1, bajo la batuta de Alejandro Abascal. Si bien el juez es un mero observador en estos procedimientos que son muy distintos a la instrucción común en España. La Fiscalía Europea es la que liderará el procedimiento y solo se dirige al magistrado para que le autorice determinadas diligencias que pudieran afectar a los derechos fundamentales, explican distintas fuentes jurídicas.