Los jueces reclaman un plus en el sueldo en Cataluña para frenar el aumento de vacantes

Un plus en el sueldo para incentivar a los jueces a ejercer en Cataluña. Eso es lo que proponen los presidentes de los tribunales superiores de justicia, que admiten su “enorme preocupación” ante el “incremento progresivo de las vacantes judiciales” en la comunidad autónoma. En las conclusiones de la XVII edición de sus jornadas anuales, que han celebrado en Vigo desde el pasado lunes, reclaman “con urgencia la aprobación de un complemento retributivo” (que ya está establecido, por ejemplo, en las autonomías insulares) “que incentive los destinos judiciales” en Cataluña.

Según los últimos datos disponibles, desde 2017 se han marchado un total de 172 jueces y a finales de 2020 superaba ya el centenar (106 para un total de 837 plazas judiciales), es decir, un 12,66 por ciento.

En ese documento, los presidentes de los TSJ de toda España abordan también la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018 e incapacitado para hacer nombramientos tras la reforma impulsada por PSOE y Podemos que le impide llevar a cabo esa atribución con el mandato caducado. Para los magistrados, en un estado de derecho resulta “incomprensible” ese “flagrante incumplimiento” del mandato constitucional de renovar la institución, algo que -se quejan- “no puede quedar al albur de la conveniencia de las fuerzas políticas”.

Para los presidentes de los tribunales superiores, la reforma que maniata al Consejo mientras está en funciones “ha supuesto la privación de unas competencias constitucionalmente legítimas para efectuar el nombramiento regular de plazas de provisión discrecional. Al margen de su “discutible y discutida legitimidad constitucional”, asegura, ese cambio legal lo que ha hecho es “perjudicar gravemente el funcionamiento ordinario del gobierno del Poder Judicial”.

Reforma del modelo de elección de los vocales

Esta situación, subrayan, “pone de manifiesto la necesidad de proceder a una reforma del modelo de elección de los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial de acuerdo con los estándares de la Unión Europea”. Es decir, que los doce vocales de la carrera sean elegidos por los propios jueces, como reclaman mayoritariamente las asociaciones judiciales.

Los magistrados también llaman la atención sobre “el apremiante problema de la insuficiencia del número de jueces y magistrados”, que achacan a la “falta de convocatoria de un número suficiente de plazas judiciales en los procedimientos de selección de miembros de la “carrera judicial”. Según su criterio, la planificación de las convocatorias de los procesos de selección para cubrir las vacantes existentes y las que se van produciendo es “deficiente”, lo que acarrea “un déficit progresivo del número de jueces”.

Como muestra de esta carencia, hacen referencia a lo que consideran “una anomalía”: en 2021 el 13 por ciento de las resoluciones fueron dictadas por jueces sustitutos, lo que -se quejan- configura de hecho “dos clases de justicia: la profesional y la no profesional”. Y dejan claro que es responsabilidad de las Administraciones procurar los medios personales y materiales necesarios “y gestionar las vacantes y nombramientos del modo más rápido posible” para que no haya plazas sin cubrir “que ponen en riesgo” el ejercicio de la jurisdicción.

Excluir actos políticos en las sedes judiciales

Los presidentes de los TSJ alertan también sobre las consecuencias del “uso no judicial” de las sedes de juzgados y tribunales (en manos de la administración y apuestan por un cambio legal (aprovechando el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa) que excluya “de modo expreso toda actividad política, tanto en el interior como en su exterior, incluida la fachada”, para alejarlos de “cualquier actividad que introduzca confusión” sobre su función constitucional, la jurisdiccional, “o le afecte de cualquier modo”. Para ello, apuestan porque sean los propios presidentes de los tribunales superiores, los de las audiencias provinciales y los decanos quienes tengan la última palabra.

En esas conclusiones, los magistrados apuestan igualmente -entre otras medidas- por la reforma del proceso penal para superar un modelo que consideran que “genera exasperante lentitud en múltiples de trámites”, lo que se traduce en “una gran insatisfacción entre los ciudadanos, entre los propios afectados por el proceso, incluso entre los propios jueces y fiscales”.

Asimismo, reclaman medidas judiciales para atajar la violencia sobre la mujer, “una lacra social de nuestro tiempo” que, señala, se plasma en “un lamentable catálogo de conductas sobre ella, que se despliega tanto sobre la vida, la integridad física y la libertad sexual”. Para los jueces es necesario impulsar, por un lado, una actividad preventiva en la escuela, la familia, el entorno laboral y entre los jóvenes. Y, por otro, apuesta por considerar delitos de violencia contra la mujer “todas aquellas conductas tipificadas en el Código Penal que supongan ataques contra los bienes jurídicos de la mujer, por el mero hecho de serlo”.

“Asistimos con enorme preocupación -confiesan- al aumento de delitos de naturaleza sexual en los que las víctimas son menores de edad, por hechos que se producen incluso en su propio entorno familiar y, sobre todo, en menores que forman partes de familias desestructuradas o presentan algún tipo de discapacidad”.