Cataluña ya concentra el 60% de las vacantes de jueces por el acoso soberanista

El proceso independentista ha convertido a Cataluña en un destino poco apetecible para los jueces. El clima político y social que ha creado el separatismo ha empujado en los últimos años a numerosos magistrados a huir hacia otros puntos de España: tanto es así que la autonomía concentra el 59 por ciento de las vacantes de jueces que hay en todo el país -de las 83 que hay en estos momentos, 49 corresponden a Cataluña-, según datos a los que ha tenido acceso este diario.

El goteo de marchas se ha hecho imparable en los últimos años. 2019 concluyó con la salida de 38 jueces y en este 2020, condicionado por la pandemia, ha habido un único concurso y se han contabilizado 8 bajas ya. En total, más de un centenar de jueces se han marchado de Cataluña en los últimos tres años -que coinciden con los más agitados del “procés”-. La autonomía dispone de 829 jueces de los 5.593 que hay en toda España -el 14,8%- y tiene la segunda ratio de jueces más baja del país -9,6 por cada 100.000 habitantes-.

Todo ello justo en un momento en que amenaza una avalancha de casos judiciales fruto de la crisis del coronavirus: existe, de hecho, un serio riesgo de colapso. En este sentido, se han suspendido en Cataluña alrededor de 75.000 vistas durante la pandemia que se deben de reubicar, mientras que la previsión es que la entrada de asuntos en juzgados de determinadas jurisdicciones –principalmente, social y mercantil, relacionadas con los efectos económicos que se pueden derivar de la emergencia sanitaria- se multipliquen.

“Indudablemente, el clima político de los últimos años influye en esta salida de jueces de la comunidad”, explica a este diario el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Cataluña y titular del juzgado de lo social número 22 de Barcelona, Pablo Baró. Pueden haber otras causas también, explica Baró, aunque el “procés” se ha convertido en determinante: compara, por ejemplo, a Cataluña con Madrid o Baleares donde hay el “mismo nivel de vida”, pero no ocurre el mismo problema. Y es que los jueces se han convertido en un claro objetivo de la ofensiva independentista como muestran los permanentes ataques a sedes judiciales –que ha obligado a endurecer las medidas de seguridad- y a algunas viviendas particulares, como la del juez instructor de la causa del “procés”, Pablo Llarena.

“Existe un importante déficit de jueces en Cataluña”, agrega Baró, que, ante el clima poco favorable en Cataluña, apunta a medidas de carácter profesional –por ejemplo, tener preferencia en el escalafón- o económico -por ejemplo, algún tipo de complemento especial o beneficio fiscal- para poder revertir esta dinámica. También reclama al Gobierno dos medidas para aligerar la carga de trabajo que se viene encima, aunque se muestra escéptico de que se puedan llevar a cabo: por un lado, reformas procesales que limiten el número de asuntos que pueden entrar en los juzgados y buscar fórmulas alternativas de solución de conflictos; por otro lado, crear más juzgados o incorporar más jueces –en este caso, sería necesario dotación presupuestaria-.

También apunta a la insuficiencia de recursos proporcionados por la Generalitat. En este sentido, Baró pone en cuestión la gestión del Govern por no haber dotado de ordenadores a los funcionarios de la administración de justicia para que pudieran también tramitar procedimientos desde casa y reclama que se faciliten medios para que se puedan celebrar juicios de forma telemática ante las limitaciones –distancias de seguridad- que impone la “nueva normalidad”.

La diputada del PSC, Rosa Maria Ibarra, se muestra crítica con la Generalitat en el ámbito judicial, pero más aún con la escalada de “reproches” hacia el Gobierno. Ibarra, que reclama una “actitud constructiva” a la Generalitat para negociar con el ejecutivo español, recrimina que el Govern no preste mayor atención al mantenimiento de sedes judiciales, equipamientos o programas informáticos. “Los equipos de protección individual (mascarillas) tardaron mucho en llegar a los trabajadores de la administración de justicia en Cataluña. En cambio, en otros lugares como en la Comunidad Valenciana llegaron antes y con mayor abundancia. Si unos lugares pueden conseguir el material, otros también deberían poder”, explica Ibarra a este diario.