Jon Etxeberría Oiarbide tiene una segunda oportunidad. La sección primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha pedido a la cárcel que informe de nuevo sobre el etarra para decidir si le concede un permiso de salida que el juez de Vigilancia Penitenciaria ya le denegó. Solicitan al equipo técnico de la prisión que vuelva a notificar sobre el comportamiento del condenado en 2019 a nueve años por su relación con una furgoneta en Zaragoza cargada de armas que iba camino de Portugal. La ponencia del magistrado José Ricardo de Prada es de las primeras resoluciones en las que participa, recién incorporado a esta sección que revisa las excarcelaciones y permiso. El juez ha despertado la expectación de las asociaciones de víctimas que lo han recusado en anteriores ocasiones por sus manifestaciones sobre miembros de ETA y aguardan para ver el tono de sus decisiones.

Etxeberría Oiarbide fue uno de los beneficiados por los acercamientos del Ministerio del Interior -que llevan practicándose desde que Fernando Grande-Marlaska asumió la cartera- el pasado año y pasó de la prisión de El Dueso (en Cantabria) al Centro Penitenciario de Araba (en País Vasco). Se da la circunstancia de que la Junta de Tratamiento anterior -compuesta por técnicos, psicólogos y trabajadores de la cárcel que hacen análisis de los avances de los internos- informó de forma favorable a que se le otorgara el permiso en agosto de 2021. Pero luego fue trasladado sin que los juzgados hubieran resuelto. Meses después, el 17 de marzo de este año, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se opuso a que el etarra saliera a la calle durante tres días. Faltaba el perdón expreso a las víctimas que, de un tiempo a esta parte, vienen pidiendo los jueces para hacer este tipo de concesiones penitenciarias a miembros de ETA.

El abogado de Etxeberría recurrió esta negativa. «Visto el tiempo transcurrido», dice el escrito de la Audiencia Nacional del 18 de mayo al que ha tenido acceso LA RAZÓN, «solicítese del Centro Penitenciario [...] se pronuncien nuevamente sobre la situación actual del penado y circunstancias que pudieran ser relevantes en su evolución penitenciaria, a efectos de que pueda pronunciarse el tribunal a tiempo real». Así consta dicho por De Prada y firmado por sus dos compañeros de sección Francisco Javier Vieira y María Riera.

Para obtener un permiso de salida la ley señala una serie de requisitos como haber cumplido un cuarto de la condena, estar en segundo grado penitenciario y presentar un pronóstico favorable. Sobre el papel no está la exigencia del perdón textual, pero a golpe de resoluciones de esta sección los jueces han ido creando jurisprudencia en los últimos años para marcar la línea roja. El condenado que firme una «mera manifestación de rechazo a la violencia» seguirá entre rejas. «Resulta insuficiente», han señalado los togados, que se presente una carta en serie: «se trata de un escrito en la línea de los presentados por otros penados de la organización terrorista». El arrepentimiento debe llevar nombres y apellidos de las víctimas.

Desde octubre del pasado año y con la reciente incorporación del juez De Prada la composición de la Sala ha cambiado. Y con la actual las asociaciones temen que el límite rojo se desdibujen. De Prada ha sustituido a Ramón Sáez Valcárcel, quien también era considerado un magistrado de corte progresista y en octubre fue enviado al Tribunal Constitucional. Uno por otro. Pero sucede que con él también se fue Concepción Espejel, la presidenta de la Sala de lo Penal que hacía de «cerrojo» para la salida de presos de la cárcel. La magistrada fue ponente de duras resoluciones como la denegación del tercer grado del etarra Unai Fano, como publicó El Confidencial, en la advirtió al Ministerio del Interior de que no valían expresiones genéricas de repudio a la violencia para aprobar que los miembros de ETA salieran: «Se observa una tendencia a la minimización de los delitos cometidos, apuntando incluso que se cometieron en Francia y que no hubo acciones ni víctimas».

Como norma general este permiso penitenciario es la antesala del tercer grado en el que los presos ya consiguen la semilibertad. Sin este paso previo no suele concederse, así que las víctimas están vigilantes para saber a quién se le otorga. Jon Etxeberría Oiarbide fue detenido en Francia y condenado por delitos de armas y municiones y depósito de sustancias y aparatos explosivos y sus componentes con fines terroristas. Precisamente en su sentencia la ponente fue Espejel y el voto discrepante vino de la mano de Ramón Sáez que consideraba que era una doble condena, puesto que ya Francia le había juzgado en 2014.