El juez comparará las ofertas de material sanitario que recibió el Ayuntamiento con la de Medina y Luceño

El juez Adolfo Carretero, instructor del “caso mascarillas”, ha dado veinte días de plazo al Ayuntamiento de Madrid para que le precise “todas las propuestas u ofertas recibidas de distribución de material sanitario” que llegaron al Consistorio entre el 13 y el 24 de marzo de 2020 para “comparar las condiciones” con las que ofrecieron los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, que se embolsaron casi seis millones de euros en comisiones por la distribución de guantes, mascarillas y test Covid con precios inflados hasta en un 81% según la Fiscalía Anticorrupción.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid accede así a la petición efectuada por Más Madrid, que ejerce la acusación popular en la causa. El magistrado insta al Ayuntamiento de la capital a facilitar al juzgado la relación de todas esas propuestas que llegaron al Consistorio en esas fechas tanto a través del correo electrónica de la alcaldía, como por medio de la dirección de Elena Collado, coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento -que fue el contacto de los comisionistas en la Casa de la Villa- o a través de WhatsApp, Telegram “o de modo verbal”. En el caso de Collado, amplía el plazo reseñado hasta el 30 de abril de 2020.

En su resolución, Carretero solicita, en definitiva, todas las ofertas que se pusieron encima de la mesa del Ayuntamiento en las primeras semanas de la pandemia, tras la declaración del primer estado de alarma, incluidas las recibidas “a cualquier otra dirección de correo corporativo” asignada a Collado “a la cual los investigados manifiestan haberse dirigido, para ofertar y cerrar la contratación del material sanitario”.

Precios “inflados”

Tras acceder al Ayuntamiento a través de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde, la intermediación de Medina y Luceño se plasmó en la firma de tres contratos entre el Ayuntamiento y la empresa malaya Leno para la adquisición de un millón de mascarillas por 6.689.300 dólares; dos millones y medio de guantes por cinco millones de dólares y de 250.000 test rápidos Covid-19 por 4,2 millones de dólares.

Según Anticorrupción, Luceño ocultó al Ayuntamiento que “un elevado porcentaje del precio ofertado” (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) “correspondía a comisiones” que los dos empresarios percibieron por su labor de intermediación en la operación.

En la querella que abrió la investigación, la Fiscalía sostiene, por ejemplo, que el precio real de las mascarillas era de casi 2,7 millones de dólares, un montante que se habría inflado “artificialmente” por los comisionistas “para llevarse como beneficio neto de la operación cuatro millones de dólares, es decir, el 148 % del precio real del producto”. Así, según las cuentas de Anticorrupción, de los 6.689.300 dólares pagados por el Ayuntamiento, tres millones fueron transferidos a una cuenta de Luceño y otro más a la de Medina.