El Tribunal de Cuentas celebrará el 16 de diciembre la audiencia previa sobre los gastos del 1-O

Esquerra está presionando al Gobierno con una agenda de reformas legales en el Congreso para «desjudicializar» el «procés» y dar una salida a todos los políticos independentistas con problemas con la justicia. Y una de las demandas pasa por reformar el Tribunal de Cuentas, que también ha abierto procesos contra algunos dirigentes por el uso de dinero público para fomentar la independencia. Y esa demanda va a coger todavía más vuelo en las próximas semanas después de que el Tribunal de Cuentas haya fijado para el 16 de diciembre la audiencia previa sobre el presunto desvío de fondos para los gastos del referéndum ilegal de Cataluña del 1-O y la acción exterior del «procés».

Esta decisión se enmarca en el el procedimiento que se sigue contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y varios cargos y excagos del Govern, a quienes se les reclama 3,4 millones de euros –de forma conjunta y solidaria– en concepto de responsabilidad contable. El órgano fiscalizador notificó ayer a las defensas de los encausados la decisión del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento.

Sí es cierto que la audiencia previa es un paso previo a la celebración del juicio (sin fecha aún), por lo que parece que es un proceso que se puede dilatar en el tiempo. El objetivo de este trámite previo al juicio es resolver las «excepciones procesales» que hayan podido plantear los demandados y la proposición de prueba.

Lo cierto, también, es que este proceso ha ido a menos: empezó con muchos más encausados de los que hay ahora. Por el camino, han ido quedando fuera los exconseller Joaquim Forn y Josep Rull, así como otros 14 excargos del Govern de la lista (a petición de la Fiscaía) de personas a las que se les reclama los fondos presuntamente desviados.

También, la Fiscalía ha rebajado la estimación del dinero público desviado: ha pasado de estimar los 9,5 millones calculados al inicio a 3,4 millones de euros en abril (2,2 millones relativos a los gastos de acción exterior y 1,2 millones vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017). Según explicó el Ministerio Público, la responsabilidad contable de algunos de los presentes en el procedimiento disminuyó «de manera considerable respecto del importe reclamado por la instructora» del Tribunal de Cuentas y respecto de la demanda de Sociedad Civil Catalana porque «los demandados y las cuantías son divergentes».

En cambio, Sociedad Civil Catalana presentó demanda contra 11 exaltos cargos del Govern, entre los que incluye a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, por los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat. Les reclamó 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable.

Inicialmente, el Tribunal de Cuentas fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable sobre acción exterior y en 4,1 millones los gastos del 1-O, lo que daba 9,5 millones.