Los retos del nuevo fiscal general: de la postura sobre ETA al nuevo jefe de Anticorrupción

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se estrena con «entusiasmo», según sus propias palabras la pasada semana en su puesta de largo, y con un calendario de lo más completo para los próximos meses. Será este miércoles cuando hable por primera vez como jefe delante de los miembros del Consejo Fiscal -órgano consultivo- que tienen que votar en los próximos días designaciones tan sensibles como el jefe de la Fiscalía Anticorrupción. En el horizonte también, una junta de fiscales de Sala para decidir sobre la prescripción de los delitos de ETA y siete designaciones a la cúpula fiscal en la que García Ortiz tendrá que testar cómo están las mayorías.

En su declaración de intenciones tanto en el Congreso a finales de julio como en su toma de posesión hace unos días, el fiscal lo dejó claro: estaba muy agradecido a su antecesora, Dolores Delgado. Sus primeras palabras en todos y cada uno de los discursos que ha realizado desde que llegó -incluido el de la apertura del año judicial que fue pronunciado por la «número dos» Mª Ángeles Sánchez Conde porque él dio positivo en Covid- fueron para ella por su «generosidad» y su confianza en él. Su mandato, ha dicho, será «de continuidad», pero lo cierto es que García Ortiz ha ido avanzando pequeñas diferencias. Fuentes cercanas a él, aseguran que entre sus prioridades está mejorar la comunicación de la Fiscalía -de hecho, se acaba de incorporar una nueva jefa de prensa- tanto de puertas hacia fuera como hacia dentro. Y esto incluye un mayor diálogo con otros compañeros.

En los tres años que Delgado fue la cabeza fiscal solo convocó una Junta de fiscales de Sala, que es una reunión de toda la cúpula de la carrera normalmente para unificar criterios sobre algún tema concreto o consultar sobre asuntos de mucha trascendencia. García Ortiz apenas ha rozado el asiento, pero ya tiene una en el horizonte y, en conversaciones informales con periodistas estos días ha deslizado que su intención es convocarlas con cierta frecuencia porque los fiscales veteranos tienen «mucho que aportar».

La fecha de esta primera está todavía por concretar, pero a petición del jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, deben decidir qué postura va a tomar el Ministerio Público en cuanto a la prescripción de los asesinatos cometidos por ETA en las reaperturas de algunas causas que se están produciendo para revisar la actuación de los líderes de la banda criminal. El caso bajo debate es el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en el que el fiscal designado Vicente Mota se atrincheró en una postura distinta de la de su jefe (él defendía que no había prescripción y que la investigación debía continuar) y terminaron por relevarle de la declaración de algunos etarras hace unos meses en sede judicial. La decisión que adopten afectará a otras investigaciones similares sobre ETA en curso.

Nombramientos

García Ortiz se enfrenta a partir del miércoles a un Consejo fiscal aparentemente muy incómodo, herencia de Delgado. La exfiscal general levantó muchas críticas en la Asociación de Fiscales (AF) por sus designaciones de fiscales de Sala (el más alto rango) escoradas hacia la que fuera su asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF). De hecho, el asunto llegó hasta el Tribunal Supremo que revocó uno de ellos, el fiscal de Sala de Menores, por falta de motivación. El enfado de los funcionarios se evidenció en las urnas cuando la AF logró un resultado histórico llegando a los seis vocales en el Consejo y por primera vez una tercera asociación (APIF) entró con una silla, mientras que la UPF se quedó con dos.

Con la minoría de la UPF, a la que pertenecía también García Ortiz hasta su nombramiento, el nuevo fiscal general debe enfrentarse a los votos de los consejeros. No son vinculantes, pero «hoy en día un nombramiento en minoría no aguanta el debate», señala una fuente muy cercana a García Ortiz. Convocadas hay ya siete plazas tan codiciadas como la de jefe de Anticorrupción, la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, un fiscal para la Inspección Fiscal, otro para la Fiscalía Antidroga y el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, entre otras.

No irán en el orden del día de este primer Consejo fiscal porque hay que estudiar los currículum, pero el jefe del Ministerio Público ha puesto el acelerador y pretende celebrar tres más solo este mes por lo que es previsible que se designen en alguno de ellos. Sobre la mesa hay también nueve leyes sobre las que informar y, además, el fiscal general ha asegurado que pondrá en marcha la Comisión Ética que Delgado dejó en pausa.