La Fiscalía pide al Supremo que Anna Gabriel sea juzgada en Cataluña

Anna Gabriel está un poco más cerca de no ser juzgada en el Tribunal Supremo por haber ignorado supuestamente los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) durante el proceso soberanista que concluyó en octubre de 2017 con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por parte del Parlament. Según han confirmado fuentes jurídicas a LA RAZÓN, la Fiscalía ya ha solicitado a la Sala Penal del Tribunal Supremo que traslade la causa a Cataluña.

Ahora, tendrá que ser el tribunal del «procés» el que tome una decisión. El Supremo juzgó a los principales líderes del desafío soberanista esgrimiendo que parte de los hechos que se atribuían a los acusados (la promoción exterior del «procés», por ejemplo) se habían llevado a cabo fuera de nuestras fronteras. Pero en el caso de Anna Gabriel, procesada únicamente por desobediencia, el delito se habría consumado en Cataluña. De ahí que, previsiblemente, el alto tribunal optará por acceder a la petición fiscal de inhibición.

Gabriel no goza en estos momentos de aforamiento alguno (ya no es diputada). Además, cuando en octubre de 2018 Llarena abrió juicio oral contra los líderes del «procés» (dejando en una pieza separada a los procesados rebeldes , entre ellos la exparlamentaria de la CUP), no era miembro del Parlament. Es en ese momento procesal cuando queda fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad se pierda la condición de aforado. De esta forma (en su caso ni siquiera se ha abierto juicio oral contra ella), la causa debería ser remitida a los Juzgados de lo Penal de la ciudad condal.

El precedente de Serret

Existe, además, un precedente. En marzo del pasado año, la exconsejera de Agricultura Meritxell Serret marcó el camino a Anna Gabriel al regresar a España (después de tres años huida) y ponerse a disposición del instructor de la causa del «procés», el magistrado Pablo Llarena.

Procesada únicamente por desobediencia (y no por malversación, como otros exconsellers del Gobierno de Puigdemont), la causa fue remitida a Cataluña, donde le juzgará el TSJ (Serret sí es diputada). La Fiscalía pide para ella una pena de un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por haber promovido, como integrante del Ejecutivo catalán, las leyes de desconexión.

El pasado día 14, la exdiputada de la CUP aseguró a Llarena que no desobedeció al Constitucional porque no recibió personalmente ningún requerimiento del tribunal de garantías instándole a no seguir tramitando las leyes de desconexión en la Cámara autonómica.

La absolución de Mireia Boya

La igualmente exparlamentaria de la CUP en el Parlament Mireia Boya también fue juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia. Pero a diferencia de los antiguos integrantes de la Mesa de la Cámara catalana, que en marzo de 2020 fueron condenados por tramitar las leyes soberanistas ignorando las advertencias del Constitucional, Boya resultó absuelta al no haber sido advertida por el TC personalmente.

Hace poco más de una semana, Llarena dio carpetazo a la investigación a Anna Gabriel por su papel en el «procés». Tras escuchar a la exdiputada de la CUP una vez se puso a disposición de la Justicia española, el magistrado acordó la conclusión del sumario y remitió la causa a la Sala de lo Penal del Supremo.

Gabriel compareció el pasado julio ante el instructor de la causa del «procés», quien la dejó en libertad. El delito de desobediencia por el que ha sido procesada no conlleva pena de prisión, sino una pena de multa de hasta doce meses y la inhabilitación para cargo público durante dos años como máximo.