El fin de la dispersión: solo 26 presos de ETA esperan traslado

Once años después de que ETA anunciara un alto el fuego definitivo, el Gobierno está a un paso de enterrar definitivamente la política de dispersión de los presos etarras. Las protestas de las asociaciones de víctimas no han impedido que con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, desde septiembre de 2018 Interior haya avalado el traslado de 203 presos etarras a prisiones del País Vasco y Navarra en su gran mayoría (172), unos acercamientos que han alcanzado velocidad de crucero en el último año y medio. No en vano, en estos 18 meses se han llevado a cabo 139 traslados (69 en lo que va de 2022), uno cada cuatro días de media.

Ese reguero de cambios de centros penitenciarios para romper con la dispersión (una de las recurrentes exigencias de ETA y su entorno) está repleto de etarras con un amplio historial delictivo: Javier García Gaztelu, «Txapote», condenado por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco; la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, «Anboto»; Ana Belén Egües; Juan Antonio Olarra Guridi; Juan Carlos Iglesias Chouzas, «Gadafi»; Henri Parot, condenado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza; José Javier Arizkuren Ruiz, «Kantauri»; los autores del atentado de la T-4 Igor Portu y Mattin Sarasola...

La lista es interminable, pero aún está incompleta. Según los datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), a día de hoy solo quedan 26 presos de ETA en prisiones fuera del País Vasco y Navarra (ver gráfico). El centro penitenciario de León se lleva la palma con seis presos de la banda terrorista, seguido de la prisión de Dueñas (Palencia) con cinco; Topas (Salamanca) y El Dueso (Santoña) con tres; Daroca y Zuera (ambas en Zaragoza) y Logroño con dos; y Estremera (Madrid), Soria y Alcalá de Henares (Madrid) con uno cada una. Además de ellos, otro once están ya en la prisión de Pamplona.

Iranztu Gallastegui e Iñaki Bilbao, pendientes

Para la AVT es irremediable que todos los presos de ETA estén ya en cárceles vascas o navarras en Navidad. Y para que eso ocurra, aún tendrán que asistir al traslado de Irantzu Gallastegui (ahora en Estremera), condenada entre otros por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y por el atentado que costó la vida al histórico dirigente del PSE Fernando Múgica.

No será el único. Entre los reclusos de ETA que están a la espera del ansiado acercamiento figura también a Iñaki Bilbao, condenado por asesinar al edil socialista de Orio Juan Priede y por amenazar a jueces de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón. Partidario de seguir con la violencia y expulsado en 2014 del colectivo de presos de la banda terrorista, Bilbao realizó seguimientos para atentar contra Juan María Atutxa y contra Carlos Iturgaiz.

Natividad Jáuregui, entregada por Bélgica hace dos años tras más de tres décadas huida y conocida como «la etarra de las mariscadas», se encuentra en la prisión de Alcalá de Henares (Madrid), en su caso a la espera de juicio tras ser procesada por el asesinato en 1981 del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche cuando salía de misa en la Basílica de Begoña en Bilbao. Uno de los etarras condenados por el atentado de la T-4, Mikel San Sebastián, espera igualmente en Soria un posible traslado.

AVT: “Una cesión a una reivindicación histórica de ETA”

Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT, asegura que la derogación de la dispersión es «una cesión a una reivindicación histórica de ETA». Para la letrada, avalar los acercamientos «sin exigir un arrepentimiento sincero» supone incumplir «con la finalidad de reinserción de las penas», por lo que defiende que se exija la colaboración con la justicia «para la valoración del pronóstico favorable de reinserción exigible a los presos antes de ver mejorada su situación penitenciaria». Las cartas de arrepentimiento, dice, «son un paripé». «Y lo más grave», lamenta, «es que esta cesión se ha realizado como contrapartida política para garantizar apoyos».

Fuentes del Ministerio del Interior defienden, sin embargo, que los traslados se están llevando a cabo con «estricta aplicación de la legislación penitenciaria». «No son beneficios penitenciarios, sino que se trata de decisiones adoptadas en el marco de la ejecución de cada condena de manera individualizada y que están sometidas a control judicial». Además, añaden, «se han adoptado con total transparencia, informando siempre primero a las víctimas y luego a la opinión pública, algo que no sucedía con los traslados que efectuaron otros gobiernos cuando ETA mataba». «Esa misma ley y fortaleza del estado de derecho que llevó a la derrota de ETA es la que se aplica ahora», mantienen antes de señalar que tras el fin de ETA se han detenido «a 241 terroristas e incautado más de 360 armas y 900 kilos de explosivos».

En esa lista de 26 están igualmente incluidos Gregorio Escudero, condenado en 2006 a 42 años de prisión por facilitar la información para asesinar al concejal del PP en Zarauz (Guipúzcoa) José Ignacio Iruretagoyena; Aitor Cotano, que cumple una condena de 15 años de cárcel por la colocación de un artefacto explosivo en la sede del PSE en la localidad vizcaína de Balmaseda en diciembre de 2007», y Jon Kepa Preciado, que suma varia condenas por la colocación de artefactos explosivos y una de 377 años por intentar asesinar en 2002 a la teniente de alcalde de Portugalete, la socialista Esther Cabezudo.

Los asesinos de Ernest Lluch

El asesino de Ernest Lluch, José Ignacio Cruchaga, es asimismo uno de los últimos 26 presos de ETA que todavía no han sido acercados a cárceles del País Vasco y Navarra (en junio de 2021 sí fue trasladado de la prisión de Almería a la de León, donde se encuentra en la actualidad). Al igual que José Ignacio Guridi (30 años de cárcel por el asesinato en 2000 del periodista José Luis López de la Calle); Jesús María Echevarría (que asesinó al guardia civil Antonio Molina en diciembre de 2002 en Collado Villalba cuando trataba de identificar a los ocupantes de un vehículo sospechoso); Francisco Ruiz Romero, condenado por el asesinato en 1998 de Tomás Caballero, concejal de UPN en Pamplona; y Fernando García Jodra, otro de los condenados por el asesinato del exministro de Sanidad Ernest Lluch.

En la prisión de Logroño (donde fue trasladado en julio desde el centro gaditano de Puerto III) cumple condena Óscar Barreras por el asesinato del inspector de Policía Luis Andrés Samperio en 1997.

En Topas están internos Alberto Viedma (trasladado desde Almería en julio de 2021 y condenado, entre otros, por el asesinato de Tomás Caballero) y Orkaitz Gallastegui (que cumple una pena de 26 años de cárcel como cooperador necesario en el asesinato del juez José María Lidón en 2001).

Pendiente también de un traslado está en la prisión de Zuera (Zaragoza) el etarra Daniel Pastor, sobre quien pesa una condena de 3.860 años de cárcel por el atentado con una furgoneta bomba contra la casa cuartel de Burgos, que dejó 160 heridos, entre ellos 41 niños.

Uno de los autores del atentado que costó la vida al brigada Luis Conde, Iñigo Zapirain (ahora en la prisión de El Dueso, en Santoña), figura igualmente entre esos 26 presos fuera del País Vasco y Navarra. También en El Dueso cumplen condena Asier Badiola (condenado por el atentado contra la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa en 2008) y Asier Borrero, el exmiembro del «comando Vizcaya» condenado a seis años de prisión por la elaboración de un barril de cerveza bomba con el que pretendía atentar en 2008 y a quien ETA encargó asesinar al entonces juez Fernando Grande-Marlaska.