Moncloa cree que ahora podrá extraditar a Puigdemont

No, Pedro Sánchez no prometió en su discurso de investidura homologar el delito de sedición al resto de «democracias europeas». Se limitó a marcar como objetivo de legislatura «reducir mediante la política y el diálogo la tensión territorial y comenzar a superar el contencioso político catalán». Aquel día de enero en tribuna sí anunció la creación de una mesa de diálogo bilateral con la Generalitat. «Existe un conflicto político que tenemos que resolver y vamos a poner fin a esta confrontación territorial», anticipó. No fue hasta unos días después, en una entrevista en TVE, cuando Sánchez abrió por primera vez la puerta a reformar el tipo de sedición en el Código Penal por el que fueron condenados los líderes del «procés». «No es homologable a los delitos que se contemplan en otros países europeos», justificó.

Hasta entonces, la carta de presentación del líder socialista a las elecciones –la campaña de noviembre de 2019, de la que ahora se han cumplido tres años– se orientó en anunciar medidas contra el independentismo. El objetivo era visibilizar un giro al centro para ampliar su mayoría. Una de sus promesas, explicitada en horario de máxima audiencia en uno de los debates electorales, fue la tipificación del delito de referéndum ilegal para evitar una repetición del 1-O y el compromiso de que traería a Carles Puigdemont a España para que fuera juzgado. Este último extremo es el que fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN consideran que ahora podría cumplirse. Consideran que con la supresión del delito de sedición y su sustitución por el de «desórdenes públicos agravados» se avanza en la homologación con el resto de democracias europeas que permitiría la extradición de los huidos que hasta ahora se ha negado sistemáticamente.

«¿Por qué que ningún país ha extraditado hasta ahora a los huidos?» «¿Por qué las euroórdenes se han topado contra un muro?», se preguntan de manera retórica, para resolver inmediatamente que ahora ya no tendrán «excusa». La vocación del Gobierno es que si el expresidente de la Generalitat vuelve a España, «será juzgado». «La presencia en nuestro ordenamiento de tipos penales inexistentes en la mayoría de los Estados integrantes de la Unión Europea, o la vigencia de penas desproporcionadas en relación a las que se aplican en los países vecinos, resulta altamente disfuncional en lo relativo al funcionamiento de la cooperación judicial y de seguridad», reza el texto de la proposición de ley que PSOE y Unidas Podemos presentaron ayer en el Congreso y que reconoce que su objetivo es «dar solución a buena parte de las dificultades y desafíos» que habían surgido hasta ahora en este sentido.

En el Gobierno son conscientes de que este movimiento, pese a haber allanado el camino en las últimas semanas –especialmente a raíz de frustrarse la renovación del Consejo General del Poder Judicial–, será difícil de digerir para una parte de su electorado, a menos de seis meses de las elecciones municipales y autonómicas. «Toca hacer pedagogía», señalan fuentes consultadas por este diario, que anticipan que «si se explica bien, se entenderá». «Por encima de las siglas está la convivencia. Este partido arriesga, está en política y hace política, aunque le cueste votos», dicen los socialistas, anticipando la que será la campaña que desplegarán de aquí a las próximas semanas.

En todo caso, el argumento que expone un ministro del Gobierno es la necesidad de preservar un «bien superior». «Seguimos trabajando para desinflamar Cataluña», argumenta. Desde hace meses, el Gobierno ha orientado su discurso en reivindicar su papel en la descongestión del «conflicto catalán». Esta será una de las bazas que jugarán de cara a la contienda electoral. «¿Prefiere la España de octubre de 2017 o la de 2022?», le preguntó Sánchez a Feijóo en su último cara a cara en el Senado. El Gobierno como solución de los problemas desde la política.

En Moncloa no ignoran la falta de idoneidad electoral de su iniciativa, pero reniegan de que sean los intereses partidistas los que dominen y marquen la estrategia a seguir. «Esto va de mirar hacia adelante o seguir con el conflicto. De dejar algo mejor a los que nos sucedan y no algo como lo que recibimos del anterior gobierno», señalan, al tiempo que apuntan: «Algunos solo miran el coste electoral, pero esto es un país que hay que gobernar. No hay que pensar solo en las elecciones». Sin embargo, el Gobierno se ha valido de los grupos parlamentarios que conforman la coalición para tramitar la reforma del Código Penal por la vía de urgencia –a través de una proposición de ley– que permite agilizar los plazos, sorteando los informes preceptivos de los órganos consultivos, de manera que el cambio esté listo antes de final de año, lo más alejado posible de los comicios de mayo.

Fuentes socialistas reivindican que, aunque se sustituya el delito de sedición, en el Código Penal queda vivo el de rebelión, que es el que requiere el uso de violencia. Un delito que Sánchez, en una entrevista en mayo de 2018 en Antena 3, dijo que «veía clarísimamente» que se habían producido –los tipos de rebelión y sedición– en el caso del «procés».