La sedición reconfigura la política catalana y apuntala la alianza PSOE-ERC

La reforma del Código Penal da pie a un aperturismo de Esquerra con el PSC frente a la oposición de PP y JxCat

El presidente de la Generalitat Pere Aragonès (c), en el Parlament.
El presidente de la Generalitat Pere Aragonès (c), en el Parlament. FOTO: Alejandro Garcia EFE

Albert Batet, el portavoz de Junts en el Parlament, exigía de forma grandilocuente esta semana al presidente Aragonés que dijera en la cámara catalana cuáles eran los avances de la Mesa de Diálogo, cuestionada desde su constitución por aquellos que quieren volver a confrontar con España aunque jamás dicen cómo. Aragonés calló. Defendió el diálogo pero no dio pistas. A buen seguro, a Batet se le atragantó la cena cuando el presidente Sánchez anunció la reforma del Código Penal en una entrevista en La Sexta.

La reacción de la oposición en España fue inmediata. «Irresponsabilidad histórica», «humillación» y «traición» eran los calificativos que surgían de la calle Génova. En Cataluña, la misma tónica de respuesta negativa desde JxCat: Jordi Turull, lo dejó claro en su primera intervención y acusó a Pere Aragonés de ser un traidor a Cataluña, aseguró que la reforma ratifica que en el referéndum 1-0 se produjo un delito y que la propuesta pone al independentismo de rodillas ante España. Puigdemont fue más allá y alertó de que la reforma es una trampa que solo favorece a Oriol Junqueras.

En paralelo a los reproches de PP y JxCat contra la reforma de la sedición, PSOE y ERC han aparecido más unidos que nunca y ambas formaciones han reivindicado por igual el acuerdo (sin ningún tipo de matiz). Y, los datos demoscópicos confirman cómo ha cambiado el paisaje político en Cataluña: según el CIS, la autonomía se sitúa en el puesto 42 de las preocupaciones de los españoles cuando en 2017 era el segundo problema. Según el CEO, el 50,1% de los catalanes quieren seguir en España y la gran mayoría apuesta por definir nuevas reglas de juego. Ambos barómetros son del mes de octubre.

Es decir, los datos dan prácticamente por superado el «procés» mientras las posiciones de los partidos van reconfigurando la política catalana: la reciente ruptura del Govern entre JxCat y ERC ha dinamitado definitivamente los bloques (independentismo frente a constitucionalismo) y la reforma de la sedición ha apuntalado la alianza de PSOE y ERC tanto a nivel nacional como autonómico frente a la oposición de PP y JxCat. En los últimos días, mientras se fraguaba este acuerdo por la sedición, los republicanos han dado un giro discursivo y han empezado a entornar la puerta para llegar a acuerdos con el PSC. Ahora, con la reforma del Código Penal anunciada, todo apunta a que esa puerta entornada puede abrirse del todo para que los socialistas catalanes y Esquerra entablen una alianza política en Cataluña que permita a la autonomía salir del bloqueo y del desgobierno.

Será una alianza de mínimos, pero permitirá ir legislando en un Parlament paralizado y aprobar probablemente unos presupuestos. ERC, hasta ahora, había cerrado toda puerta al PSC acusando al partido de Salvador Illa de ser cómplice de la «represión»: la reforma de la sedición, en cambio, parece dar el argumento necesario a los republicanos para cambiar su relato sobre los socialistas y avenirse a pactar. Salvador Illa está marcando el paso en la política catalana y los sondeos lo sitúan como virtual ganador en unas autonómicas, en las municipales y también en las generales, con 10 diputados de diferencia con el PP. En el PSC se apoya con denuedo la política del Gobierno porque «nuestro modelo de España no es el modelo del PP. Sánchez ha arriesgado, y solo arriesgando se gana», analiza un dirigente socialista.

La política catalana, y la española, entran en una nueva dinámica tras el anuncio de la reforma del Código Penal. El PSOE y ERC se la juegan como también el PP y Junts. Un analista político definía así la situación: «veremos si ganan los que arriesgan o los enfaditos de Madrid y los emprenyats de Barcelona».

La reforma de la sedición será la cuestión que acompañará en las próximas elecciones al recurrente de la economía y acentuará el enfrentamiento entre ERC y Junts. Los neoconvergentes hablan de que es una reforma a medida de Junqueras pero obvian un tema clave: si se recalifica el delito qué dirán los tribunales europeos ante una nueva petición de extradición de Puigdemont. Además, este movimiento se produce justo antes de que el Tribunal General de la Unión Europea se pronuncie sobre su inmunidad. Sin duda, no es una buena noticia para el fugado.

El residente en Waterloo sabe que acabará en prisión. Seguramente no sufrirá prisión preventiva pero tendrá que afrontar las penas y cumplirlas hasta que se le otorgue el tercer grado, ya que el indulto se descarta. Esto explicaría el estado de shock de su partido en los primeros compases del anuncio de la supresión de un delito, la sedición, que será sustituido por otro homologable al de la mayoría de los países europeos. Además, en Junts ha provocado malestar que ERC haya aceptado que en el 1-0 hubo delito y que aceptar que los hechos se califiquen como «desorden público agravado» no desjudicializa el procés.