La Justicia en bloque se defiende de Irene Montero

Pocas veces se ve a toda la carrera judicial unida y sin fisuras apoyando una misma causa. Las cuatro asociaciones judiciales más importantes han salido en bloque -incluida la progresista- a pedir mesura en las críticas que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vertido sobre los togados desde que se están produciendo las rebajas de penas por la aplicación de la Ley del «solo sí es sí». Ayer, en el Senado, Montero insistió en que hay que evitar «estereotipos y sesgos machistas» para garantizar la protección de las víctimas en los tribunales. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, defendió en el mismo acto que los jueces tienen una «sólida» formación en perspectiva feminista y que las mujeres están protegidas. Carmona, que también es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expuso en un tono muy contundente que «no hay justicia patriarcal» y que las acusaciones de imparcialidad de los jueces en casos de violencia machista son «absolutamente injustas». La presidenta de este organismo que lleva el recuento de las mujeres asesinadas vino a recordar lo que ya hizo también el Poder Judicial esta semana, que los jueces están aplicando la Ley de forma «impoluta» y que la rebaja de penas a agresores y violadores es «puramente matemática».

Las decenas de reducciones de condenas que se han sucedido esta semana han acorralado a Montero bajo el argumento de que la aplicación no se está haciendo conforme al espíritu de la Ley. Para los jueces, que se cargue toda la responsabilidad sobre ellos es «irresponsable» por parte del Gobierno y todas las fuentes consultadas en todos los sectores jurídicos se sienten señaladas.

La responsable de Igualdad que no debe ser ajena a esta circunstancia moderó ayer ligeramente su discurso en la Cámara Alta sin entrar directamente en la confrontación con la Justicia como sí ha hecho días atrás acusando a los jueces de «machistas». Tampoco lo tenía fácil porque a su lado se sentó el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo. De hecho, la ministra morada apeló a la unidad de las instituciones en varias ocasiones. Destacó, además, «el importante rol» que a su juicio ejercer la Fiscalía para «lograr la aplicación efectiva» de la nueva norma.

García Ortiz recogió el guante y expuso que el Ministerio Público va a estudiar caso por caso y huirá de los «automatismos». La intención, según fuentes fiscales, no es aplicar la reducción de penas como un mantra, sino que, en la medida que sea posible y siempre respetando el principio de beneficio del reo, la Fiscalía debe colocarse del lado de la víctima.

Una de las consignas más repetidas estos días por Montero ha sido la de que los jueces deben formarse. Precisamente, las asociaciones han salido en tropel a desmentir que su traducción de la Justicia sea machista o que no estudien perspectiva de género para entender cómo ajusticiar.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda con más número de miembros en la carrera, pidió ayer la dimisión no solo de Montero, también de la Delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, que estos días ha estado totalmente alineada con el lema de Igualdad. El mensaje de «jueces machistas» está trasladando a las víctimas un mensaje de desconfianza en la Justicia, dicen, y atribuir a los jueces el uso de la ley de forma «torticera» no es de recibo desde un Ministerio.

«Que Rosell se ponga a corregir sentencias ya es el colmo», señalan a LA RAZÓN desde la asociación. Alguno, incluso, dice echar de menos la prudencia del exministro de Justicia Juan Carlos Campo que siempre decía en público que no iba a valorar resoluciones o investigaciones de los tribunales. A él, hay que recordar, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias lo llamó «machista frustrado» cuando puso objeciones a la tramitación de la Ley que ahora ha traído la polémica.

Pero lo más llamativo en círculos judiciales es, sin duda, que incluso las asociaciones más progresistas hayan dado un paso al frente para contener las críticas de Igualdad. Jueces y Juezas para la Democracia (JyJpD) hizo público este miércoles un durísimo comunicado en el que consideraban «muy desafortunadas e inapropiadas las manifestaciones desde el Ministerio de Igualdad». Y no es baladí porque la propia jueza Rosell fue portavoz de esta asociación. «Que desde el Ministerio de Igualdad no se hay alcanzado a prever esa consecuencia [la de las rebajas de penas] no justifica que se arremeta contra los jueces», expresaron. Términos parecidos a los manifestados por la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) que ha pedido contención a la ministra. Advierten de que era esperable que se dieran revisiones a la baja de condenas y que forma «parte de la normalidad democrática».

Tampoco se han quedado callados los fiscales. Las tres asociaciones han defendido el trabajo de los tribunales, pero, de nuevo, llama la atención la más progresista a la que ha pertenecido la exfiscal general del Estado Dolores Delgado colocada por el PSOE y a la que pertenecía hasta que tomó posesión el actual jefe del Ministerio Público. «No son admisibles» las descalificaciones de Igualdad, han dicho, porque las rebajas de la condenas se están aplicando de forma «escrupulosa».