Debate sobre el CGPJ

La decisión del Supremo sobre la presidencia de Mozo condicionará el pacto al Constitucional

Vocales reconocen que si el Tribunal se opone a la bicefalia en la presidencia del CGPJ y el Supremo el pacto para nombrar a los magistrados del tribunal de garantías será imposible antes de navidad

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo; la ministra de Justicia, Pilar Llop y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación del Convenio para la investigación eficaz de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores en la Sede de la Fiscalía General del Estado, a 22 de noviembre de 2022, en Madrid (España)
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo; la ministra de Justicia, Pilar Llop y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación del Convenio para la investigación eficaz de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores en la Sede de la Fiscalía General del Estado, a 22 de noviembre de 2022, en Madrid (España)A. Pérez MecaEuropa Press

Una calle estrecha separa la fachada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del edificio del Tribunal Supremo y, normalmente, las decisiones que toma el primero afectan al segundo, pero no al revés. La anómalo de todo lo que está viviendo el Poder Judicial en estos últimos años en los que ha visto sus funciones restringidas o su mandato caducado alargado lo inimaginable, también pasa porque, ahora, su futuro esté en manos de la Sala Tercera del Supremo. Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo se reúne hoy para decidir si Rafael Mozo puede ser presidente del CGPJ, mientras Francisco Marín Castán lo es del Alto Tribunal o la presidencia de ambos órganos es indivisible como creen quienes han recurrido. Se trata de las medidas cautelares, pero bien saben los afectados que los magistrados no tomarán esta decisión a la ligera y lo que decidan de forma provisional puede asemejarse mucho a lo que determinen si entran en el fondo de la cuestión. Y esto, aseguran fuentes del CGPJ, es vital para que haya renovación del Tribunal Constitucional (TC) o la rareza democrática entre en una nueva fase.

La Sección Sexta de la Sala -una especial que se conforma con los presidentes de las cinco secciones- se reunirá de forma previa para decidir si aceptan que uno de ellos, José Manuel Bandrés, se aparte después de que uno de los recurrentes (el secretario del Consejo, José Luis de Benito) lo solicitara. La maraña judicial consiste en que como Bandrés es uno de los nombres que los vocales bajaran para ocupar una silla en el Constitucional, si este formara parte del fallo en algo que afecta al CGPJ podría ser imparcial. En el caso de que los magistrados aceptaran el paso al lado de Bandrés el sustituto sería Eduardo Calvo porque es el siguiente más antiguo de la Sala, según informan fuentes jurídicas. Una vez compuesta comienza la deliberación.

Tanto el citado secretario del Consejo como el vocal Wenceslao Olea impugnaron el pasado mes de octubre la decisión del resto de sus compañeros de convertir por primera vez el Poder Judicial en una bicefalia. Tras la también sin precedentes renuncia del anterior presidente de ambos órganos Carlos Lesmes a causa de la incapacidad de los políticos de ponerse de acuerdo para conseguir un pacto institucional, el CGPJ entró en una extraña situación de tránsito. Lesmes había dejada atada su sucesión con un informe del gabinete técnico que hablaba de la indisoluble presidencia y ponía al frente a Marín Castán. Pero una amplia mayoría de vocales no quiso que esto fuera así y bajo la terminología de “presidente suplente” dividieron la jefatura en dos.

La Sección Sexta se pronunció de urgencia el 18 de octubre y dijo que no había premura por paralizar la situación. Que Mozo podía continuar en un lado y Marín Castán en otro hasta que ellos entraran en las cautelares. Ahora, deberán resolver si como dicen los recurrentes hay «cientos» de decisiones en jaque, incluida las negociaciones para designar a dos magistrados al tribunal de garantías. Creen que si Mozo firma un papel y luego se declara su presidencia al margen de la legalidad todo decaerá. Las fuentes jurídicas consultadas indican que fue lógico que el Supremo rechazara suspenderlo de urgencia, pero que lo que se dictamine hoy no tiene por qué ir en el mismo sentido.

En el Consejo reconocen que si el Alto Tribunal apartara a Mozo todo saltaría por los aires y, lo más inminente, la renovación al Constitucional por la que el Gobierno lleva meses esperando para nombrar a los dos que les toca al tiempo que el Poder Judicial elige al par que les toca a ellos. Los candidatos están sobre la mesa: los progresistas han puesto sus opciones con nombres y apellidos (si bien parece que el finalista es precisamente Bandrés) y los conservadores, aunque sin citarlos en las reuniones, también han mantenido contactos claros con los suyos. Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y César Tolosa suenan con fuerza. El caso es que todas las fuentes consultadas confiesan que si el Supremo aparta a Mozo el pacto al Constitucional es inviable antes de navidad.

Si por el contrario la doble presidencia permanece la voluntad de todos es acordar el relevo. El pleno del CGPJ se reúne el jueves, solo un día después de lo que se decida este miércoles, y en el orden del día va la renovación. No obstante, fuentes internas reconocen que el acuerdo no estará esta semana porque la reunión va cargada de otros muchos temas con peso político como el debate de la sedición o el de la ley de maltrato animal.