El CGPJ debatirá la eliminación de la sedición a pesar de que el Gobierno quiso evitarlo

El PSOE y Unidas Podemos decidieron presentar su reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición la semana pasada como proposición de ley, de manera que esta arquitectura lograba evitar que los órganos asesores y consultivos se pronunciaran con sus informes. Pero aunque el Gobierno buscaba sortear la opinión previa de los jueces, ocho vocales del grupo conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han decidido solicitar que se debata. Una mayoría suficiente ha pedido al presidente del órgano, Rafael Mozo, que incluya este punto en el pleno de la próxima semana.

Así lo han expresado ellos mismos en un comunicado este viernes que firman Carmen Llompart, José Antonio Ballesteros, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Abad y Mª Ángeles Carmona. Estos mismos ocho vocales son los que forman el bloque que negocia con los progresistas la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) sin éxito desde el pasado mes de septiembre.

En la petición explican que una reforma como la que pretende acometer el Gobierno, fulminando el delito de sedición para traducirlo en desórdenes públicos agravados, debería haberse estructurado como proyecto de ley (impulsado desde el Ejecutivo) para que tanto el CGPJ como el Consejo de Estado analizaran los pormenores y emitieran sus conclusiones. Se apoyan, por ejemplo, en un dictamen del Consejo Consultivo de Jueces Europeos de 2021 que dice que “todo proyecto normativo susceptible de tener incidencia sobre el Poder Judicial y la independencia de los jueces o sobre las garantías de acceso de los ciudadanos a la Justicia, debería ser sometido obligatoriamente al dictamen del Consejo de Justicia, antes de su deliberación en el Parlamento”.

Para ellos, una reforma de la médula penal del Estado de este calado debería pasar todos los filtros legales. “Llama la atención que en reiteradas ocasiones nos encontramos con importantes reformas que afectan al Poder Judicial y que, en lugar de tramitarse como proyectos de ley por el Gobierno, son los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno los que presentan en el Congreso de los Diputados como proposiciones de ley, obviando así el trámite de informe preceptivo de este Consejo General del Poder Judicial de haberse tramitado de otra forma”, dicen los vocales. Esto ocurrió, por ejemplo, con la ley del aborto que prepara el Ministerio de Igualdad. La ministra Irene Montero la pasó por el trámite de urgencia para evadir su paso por el CGPJ.

Sin embargo, creen los conservadores que existen precedentes de que el en Consejo se hayan debatido informes sobre proposiciones de ley. Así que han pedido a Mozo que añada en la reunión del 24 de noviembre un punto para hablar sobre la proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Este es el nombre de la nueva estructura legal con la que el Gobierno y su socio buscan que desaparezca del Código Penal el delito por el que se condenó a los líderes del procés.