La Audiencia Nacional también imputa delitos de organización criminal y estafa al exjuez Presencia

La Audiencia Nacional investigará también por delitos de organización criminal, asociación ilícita y estafa agravada al Fernando Presencia, el juez expulsado de la carrera por atribuir sin pruebas actuaciones corruptas a magistrados del Tribunal Supremo y altas instituciones del Estado a los que vinculaba con cuentas bancarias en paraísos fiscales.

Así lo ha decidido el juez Joaquín Gadea, que ya investigaba a Presencia por injurias y calumnias contra altas instituciones del Estado, en una resolución en la que rechaza la pretensión del imputado de archivar la causa.

El instructor sostiene que el colectivo que preside Presencia, la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap), tras la cual advierte una “íntima conexión” con las denuncias contra los magistrados del alto tribunal, sería -tal y como señalan los últimos informes policiales- un “mero instrumento criminal” utilizado “para la recaudación de fondos con los que lucrarse los investigados, y el medio a través del cual estos mismos logran la repercusión que buscan bajo el falso precepto de la lucha contra la corrupción”. Según apunta la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, subraya el magistrado, Presencia sería “el mayor beneficiario” de la supuesta estafa, pues “habría recaudado mediante Acodap hasta 122.000 euros, de los que habría podido desviar para su uso privado mas de 34.000 euros″. De ahí que el instructor acuerde el embargo preventivo de los fondos de la asociación.

Embarga los fondos de la asociación

Además de negarse a acordar el archivo, rechaza asimismo tomar declaración -como reclamaba presencia- el expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo Carlos Lesmes; al presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Manuel Marchena; y a los magistrados Carmen Llombart y Joaquín Bosch.

Para el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Acodap podría ser calificada de asociación ilícita “en la medida en que tendría por objeto la comisión de delitos e injurias”. Ahora, Gadea cita a declarar a Presencia en relación a los nuevos delitos que le imputa -organización criminal, asociación ilícita y estafa agravada- y acuerda el embargo preventivo de los 188.722 euros recaudados por su asociación supuestamente para la lucha contra corrupción.

En la misma resolución, cita también como investigado a Alberto Royuela por delitos de organización criminal y estafa gravada, así como a otras nueve personas como presuntas colaboradoras -recibieron supuestamente fondos de Acodap o presentaron más de una decena de denuncias contra altas instituciones del Estado-.

“Un falso reclamo para atraer donaciones anónimas”

“Los indicios reunidos hasta el momento permiten constatar que Acodap, organización aparentemente creada para luchar contra la corrupción, sería en realidad el medio corrupto por el que, al parecer, se enriquecerían sus miembros y parientes, empezando por su presidente, Fernando Presencia Crespo, quien una vez separado de la carrera judicial carecía de ingreso alguno, y que la pretendida intención de actuar contra la corrupción no sería más que un falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas”, asegura el instructor.

La investigación apunta a que “las denuncias mendaces contra las altas instituciones del Estado, autoridades, políticos y otros representantes públicos serían el componente necesario para seguir con la lucrativa actividad que tan altos rendimientos les estaría dando, publicitando su actuación a través de redes sociales, páginas web y otros medios de comunicación pública”, señala el magistrado, que sostiene que la difusión de las denuncias era “un paso indispensable” para amplificar el supuesto engaño. Gadea pregunta a las partes sobre la suspensión de actividades de Acodap y les insta a pronunciarse sobre la adopción de medidas cautelares contra los investigados.

El Supremo ya confirmó una condena de 34 meses de prisión al exjuez Presencia por calumnias y denuncia falsa contra el fiscal jefe de Talavera de la Reina (Toledo), Ángel Demetrio de la Cruz, al que acusó sin pruebas de corrupto.

El pasado julio, Presencia se acogió a su derecho a no declarar en su comparecencia ante Gadea, negándose igualmente a someterse a un examen forense con el que el instructor quería comprobar la posible existencia de un trastorno psiquiátrico.