Teresa Freixes (Lérida, 1950), especialista en Derecho Constitucional, es una de las firmantes del manifiesto de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición contra la reforma del Código Penal y en defensa del orden constitucional. En una entrevista con LA RAZÓN, muestra su preocupación ante «las violaciones sistémicas del Estado de Derecho» y advierte de que «la democracia y el sistema constitucional están en peligro».
- ¿Qué opinión le merece la tramitación elegida por el Gobierno para cambiar la elección del Tribunal Constitucional?
Para poder tramitar reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o la Ley Orgánica del Poder Judicial, el trámite correcto sería la presentación de un proyecto de Ley. Se trata de una norma de gran calado porque es el desarrollo de órganos constitucionales muy relevantes, por lo tanto, hay que hacer las reformas con todas las cautelas y con todos los dictámenes previos. El trámite de enmiendas a una reforma del Código Penal es un fraude de ley porque se está utilizando el reglamento parlamentario con una finalidad que no es la suya. Las enmiendas sirven para reformar una ley sobre la cual se está debatiendo para que conste la posición de todos. Ya existía jurisprudencia del Tribunal Constitucional diciendo que el trámite de enmiendas no era adecuado para realizar reformas en leyes no vinculadas.
- ¿Está de acuerdo con la decisión del TC de paralizar la reforma?
Está muy claro jurídicamente. Otra cosa es que políticamente se quiera retorcer y hacer ver que se esté privando a los diputados de hacer lo que les parezca. No es así. El poder legislativo está sujeto a unos procedimientos y esos procedimientos son controlables por el Tribunal Constitucional.
- Sobre la reforma de los delitos de malversación y sedición, ¿es cierto el mantra de Sánchez respecto a su homologación con Europa?
Es falso radicalmente. Todos los estados democráticos tienen en sus normas penales delitos similares a lo que era –es todavía– el delito de sedición y con penas más o menos similares e incluso mucho más graves. No necesariamente le llaman sedición. Cada país tiene su nomenclatura penal de acuerdo a su tradición jurídica. El ataque al orden constitucional está tipificado con una penalización muy grave. En nuestro caso, ya tuvimos la discusión de si aquello era rebelión o sedición. Lo cierto es que las conductas que tuvieron lugar en Cataluña en 2017 no son desórdenes públicos. Lo que hubo allí fue un ataque al orden constitucional porque el parlamento votó dos leyes a través de las cuales declaraban inaplicables en Cataluña la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía. Eso no son desórdenes públicos, es un ataque frontal al orden constitucional.
- ¿Saldrá, entonces, barato atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente?
Los condenados por sedición van a pedir inmediatamente la revisión de la condena y van a quedar desimputados porque el delito ha desaparecido. No es que les vaya a salir más barato, van a salir de rositas.
- Todas estas decisiones respecto al CGPJ, el TC, la Ley «del solo sí es sí», la Ley Trans, la de Memoria Democrática..., ¿le preocupan?
Son preocupantes. Todo puesto en conjunto, lo podríamos considerar como violaciones sistémicas del Estado de Derecho. Así lo llaman en Europa. El Estado de Derecho, la democracia y el sistema constitucional están en peligro.
- Esta degradación democrática, ¿en qué lugar nos coloca frente a Europa?
LA UE está muy preocupada con todo lo que está pasando. Cuenta con mecanismos para poder intervenir como hemos visto en el caso Polonia y Hungría. Lo hace cuando constata que existe en un país un problema sistémico en el Estado de Derecho, no una violación concreta o puntual. Hasta ahora a España se le consideraba como un incumplidor en temas concretos, pero nos estamos deslizando por la senda de los incumplimientos sistémicos.
- Asistimos a un deterioro y desprestigio de las Instituciones nunca antes visto, ¿qué le sugiere que se utilicen expresiones como « golpe de Estado»?
Como dijo la magistrada Balaguer, no hay ningún complot. Hay divergencia en la interpretación de la ley entre unos magistrados y otros. Este desprestigio es la Biblia del populismo y tiene ideólogos como Ernesto Laclau. Se intenta desprestigiar a las instituciones de manera que se vuelvan inservibles y provoque, no necesariamente un cambio de Constitución sino mutaciones constitucionales, que desnaturalicen el sistema y generen un cambio sin seguir las reglas jurídicas que se tienen que seguir. Esto lo ha repetido Podemos hasta la saciedad y han entrado en esta línea los secesionistas. Lo que me parece terrible es que haya sido comprado por un partido como el PSOE.
- ¿Cree que la sociedad civil es consciente del alcance de lo que está pasando?
La sociedad civil está muy despistada. Somos el único país que no enseña en la Educación obligatoria cómo funcionan las Instituciones, cuáles son nuestros derechos o la relación con Europa. No tenemos educación en ese sentido y, por lo tanto, es muy fácil que el populismo cale.