La Asociación en Defensa de los Valores de la Transición recurre a Europa por la reforma de la sedición y la malversación

La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de distinta procedencia política, ha mostrado su más férrea oposición a la reforma de los delitos de malversación y sedición instigada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por ello han decidido recurrir a Europa para denunciar esta situación. En un manifiesto frmado por entidades y cientos de personalidades de la sociedad española, entre ellos Teresa Freixes, Francesc de Carreras, José Luis Corcuera o Félix Ovejero, entre otros, denuncian que durante su discurso de investidura en 2019, Sánchez no habló de la “modificación de los delitos de sedición y rebelión”. En este mismo sentido, hacen hincapié en que la reforma de la sedición tampoco fue un compromiso electoral ni un acuerdo posterior con Unidas Podemos.

“La Unión Europea no ha exigido reformar el delito de sedición en España, y menos su sustitución por un delito de desórdenes públicos. El Gobierno ha recurrido al ardid de amalgamar en una Ley Ómnibus la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal con otros artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica de la Represión del Contrabando, que podrían necesitar cierta adaptación a Directivas Europeas que nada tienen que ver con el Código Penal ni con el delito de sedición”, denuncian en el manifiesto hecho público hoy y remitido a Europa.

Y es que, a su juicio, Pedro Sánchez quiere justificar esta proposición de ley para equiparar supuestamente la legislación española con la de la Unión Europea con el pretexto de que las penas en los países europeos es inferior a la existente en España. Una afirmación que no es cierta, según explican, ya que no se puede obviar que el Código Penal español permite bajar la pena de la sedición hasta los dos años y porque el delito de sedición se castiga en Europa de manera similar a España. “La cuestión no está en el nombre del delito sino en saber si los hechos que castiga el actual tipo de sedición en España están castigados con menores penas fuera de nuestras fronteras. Pese a las diferencias formales y a las tradiciones legislativas penales de cada país, los delitos y las penas en materia de sedición en nuestro Código Penal son muy similares a las de otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia”, matizan.

Desde la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición señalan que esta reforma del Código Penal lo único que pretende es romper el orden Constitucional al denominarlo un desorden público agravado, con una rebaja máxima de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas. “El orden constitucional no se protege con un nuevo delito de desórdenes contra la paz pública”, insisten.

“Lo ocurrido en octubre de 2017 no fueron unos meros desórdenes ni sus autores fueron condenados por un acto contra el orden público concreto. Fue un desafío al poder legítimo y al orden constitucional que emana de la soberanía popular, con una serie de actos encaminados a la independencia con movilizaciones masivas, las leyes de desconexión y actos de deslegitimación judicial y policial”, argumentan contra la tesis expuesta por el Gobierno.

En este punto, dejan claro que el instigador de todo este planteamiento no es otro que Esquerra Republicana de Cataluña, ya que no se iba a contentar con la supresión de la sedición y que el Gobierno no tiene un no para el grupo independentista. “No nos podemos dejar engañar por lo que el discurso oficial denomina desinflamación del conflicto catalán ni por la argumentación de mantener los equilibrios políticos que en realidad son inexistentes, como se puede comprobar con el permanente conflicto político que bloquea las mayorías parlamentarias en el Parlamento de Cataluña, con la huida de cientos de empresas de la economía catalana, por la permanente desobediencia a las sentencias del Tribunal Constitucional y de los Tribunales en Cataluña y la presión a jueces y tribunales, así como por el boicot sistemático a que el español sea una lengua vehicular y a que los jóvenes puedan estudiar en esa lengua que es oficial. Es una burla hablar de esa desinflamación cuando todos los condenados no han renunciado a la unilateralidad y han declarado que volverán a intentarlo”, destacan desde la asociación.

Por eso, “esta perversión del derecho penal mediante una ley particular para unas pocas personas y una sumisión a las pretensiones independentistas, que obedecen a la necesidad de contar con los votos de ERC y Bildu para los Presupuestos y quien sabe para qué más, no puede contar con nuestro silencio”, apuntan y es por todo ello por lo que recurren a instancias europeas y manifiestan lo siguiente:

- Denunciamos el proceder del Gobierno de coalición y la tramitación legislativa elegida para una Proposición de Ley Orgánica cuya finalidad ha sido prescindir de los pertinentes informes de los máximos órganos consultivos y de la necesaria racionalización y debates de un problema jurídico de tanta trascendencia. No se debe olvidar que la verdad se encuentra en el procedimiento de búsqueda.

- Rechazamos las actuaciones del Gobierno cuyo propósito, más allá de los retóricos argumentos esgrimidos, no es otro que el de obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos independentistas y anticonstitucionalistas que en esta ocasión exigen la supresión del delito de sedición y la desactivación para unos cuantos del delito de malversación. La finalidad de esa imposición no es otra que eximir de las penas de sedición y de malversación y de la inhabilitación a aquellos que actuaron delictivamente contra la Constitución, la integridad territorial de España y la convivencia democrática al declarar unilateralmente, al margen de las propias leyes de la Generalitat, la independencia de Cataluña.

- Advertimos a la opinión pública que, con la actual tipificación del delito contra la integridad territorial como un simple desorden público supondrá un estímulo para impulsar comportamientos atentatorios contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente.

- Reclamamos de los Grupos Parlamentarios proponentes la retirada inmediata de los artículos de la Proposición de Ley Orgánica en todo lo que se refieran a los delitos de malversación, sedición y tipificación del desorden público agravado, cuyo efecto supondrá agravar las penas de los derechos de reunión y manifestación.

- Requerimos a nuestros representantes en las Cortes Generales la urgente tipificación de un delito contra la Constitución con las penas recogidas en los códigos penales de las naciones europeas más avanzadas, para evitar un vacío legal que puede dividir aún más la convivencia democrática entre los españoles.