El Gobierno da por desencalladas la ley de vivienda y “mordaza”, pero los socios desconfían

El Gobierno despidió 2022 como el año con más leyes desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018. En total, tras el sprint final legislativo del último mes, el balance de normas aprobadas ascendió a 53, una cifra que sigue quedando lejos de los mejores registros de otras legislaturas. El Ejecutivo deja 2022 habiéndose quitado de en medio la norma más sensible de todas: la reforma del Código Penal para beneficiar a los condenados independentistas con la eliminación del delito de sedición y el abaratamiento de la malversación, que puede tener un coste electoral en determinados rincones de España, pero puede catapultar a los socialistas en las elecciones generales de diciembre de 2023 en Cataluña (se reparten 47 escaños en la segunda autonomía más grande).

El Gobierno ha dado luz verde desde el Consejo de Ministros a 135 leyes desde que empezó la legislatura, hace tres años. De todas ellas, tan solo han sido aprobadas, por ahora, 70: es decir, poco más de la mitad. Sí es cierto que muchas de esas 65 restantes están ya a la espera de un empujón final, sea en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Pero hay otras que todavía siguen atascadas y son icónicas para el Gobierno: entre estas, aparecen la derogación de la ley «mordaza», la de vivienda, la ley para acabar con el proxenetismo o las dos leyes relacionadas con el CNI (regulación del control judicial y desclasificación de documentos). Sin embargo, se han ido extendiendo las voces críticas de algunos de los socios, que acusan al PSOE de arrastrar los pies e, incluso, impedir que prosperen estas normas.

La intención del Gobierno era despejar el camino en 2023 porque se prevé que en año electoral todos los acuerdos se hagan más cuesta arriba. Pedro Sánchez sí ha conseguido desbrozar buena parte del camino al quitarse la reforma del Código Penal. Por delante todavía queda agenda legislativa, aunque las sensaciones son dispares en el bloque de investidura. Desde el Ejecutivo dan por desbloqueadas leyes, mientras que los socios rebajan el optimismo. En este sentido, se puede oír a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, asegurar que prevé un acuerdo parlamentario inminente con la ley de vivienda (bautizada como quinto pilar del Estado del Bienestar). Ayer, en declaraciones a la prensa, la ministra aseguró que se encuentra negociando con su socio una ley con «garantías jurídicas» que no provoque una oleada de demandas. «Queremos una ley sin grietas jurídicas, que fuera una ley que nos diera la máxima seguridad para que luego no se viera llena o rodeada de numerosos recursos judiciales que pudieran hacer debilitar la eficacia que tengamos de la ley», afirmó.

Desconfianza en el Gobierno

A pesar de la rotundidad del Ejecutivo, los socios albergan muchas dudas sobre ese extremo porque todavía queda mucho trecho por andar y desconfían de la voluntad real del Gobierno. Tanto desde ERC como desde Bildu niegan avances «reseñables» y hacen mucho énfasis en eliminar la diferencia entre pequeños y grandes tenedores (sobre todo, por las circunstancias específicas del País Vasco, en donde hay muy pocos propietarios con más de diez viviendas).

Las mismas dudas existen con la «ley mordaza». Ambas normas pueden generar dificultades para el PSOE ante el listón que han puesto los socios. Así las cosas, la «ley mordaza» es la más avanzada de las cinco normas más icónicas que quedan. Pese a todo, según distintas voces consultadas por esta cuestión, todavía quedan bastantes flecos por cerrar y vienen a señalar que el PSOE muestra indiferencia por la reforma de la norma, pese a que los socialistas sí aseguran que es uno de los hitos de la legislatura que quieren culminar. La norma, impulsada por el PNV, contiene ya grandes avances tras más de una treintena de reuniones. La ponencia se reunió a finales de diciembre tras diez meses de paréntesis e introdujo treinta cambios, pero todavía restan seis artículos que generan discrepancias entre los socios, entre los cuales destaca el uso de pelotas de goma, que ERC y Bildu quieren eliminar. También queda pendiente la disposición de expulsiones en frontera o las sanciones por las faltas de respeto a los agentes. En la última reunión se acordaron varias cuestiones y el PSOE cedió en una de máxima delicadeza, como es la despenalización de la grabación de policías (muchos sindicatos policiales han mostrado su rechazo a este punto).

Los escollos con Podemos, ERC y Bildu

La ley de vivienda sigue parada porque el Gobierno no está dispuesto a acceder a las demandas de sus socios, según exponen algunas de las voces consultadas. En concreto, los tres escollos que separan al Ejecutivo socialista de sus socios de Podemos, Esquerra y Bildu son la regulación de los precios del alquiler para todo tipo de propietario (tanto grandes como pequeños), integrar las viviendas de la Sareb en el parque público y la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. El PSOE, sin embargo, sigue sin moverse, según explican algunos socios parlamentarios, y aunque en Podemos ven ciertos avances después de imponer el tope al alquiler de viviendas en el decreto anticrisis, lo cierto es que los morados se preparan para dar la batalla en estos meses, con el objetivo de desbloquearla antes de mayo.

También está en el Congreso ya la ley para acabar con el proxenetismo, pero se antoja difícil un acuerdo rápido porque las posiciones de partida del PSOE y sus socios de investidura están muy alejadas. La toma en consideración (primera votación) salió adelante gracias al bloque de la derecha, porque en la izquierda generó bastante rechazo (hubo división incluso dentro de Podemos). Finalmente, quedan las dos leyes relacionadas con el CNI, nacidas al calor de la crisis de «Pegasus»: la nueva ley de información clasificada y de la regulación del control judicial del organismo de inteligencia (el PNV intentó activarlo con una proposición de ley, pero el PSOE se desentendió votando en contra).

En cualquier caso, la sensación que transmite el Gobierno es que la vía de las leyes tampoco es su gran expectativa, ya que gobernando a golpe de decreto también se ha manejado bien y, precisamente, ahí es donde ha conseguido varias de sus medidas «estrella»: como la reforma laboral con los contratos fijos-discontinuos, que ha maquillado las cifras de empleo; la «excepción ibérica», que está contribuyendo a contener los precios de la luz, o la gratuidad del tren, que beneficia a dos millones de usuarios.