El Gobierno, triunfalista: reivindica que el “procés” ya es historia mientras sus socios piden un referéndum

El Gobierno se volcó en 2022 con la mayor parte de las reformas legislativas que tenía pendiente (Código Penal, ley del solo sí es sí, reforma laboral...) para iniciar 2023 con el camino despejado y poder centrarse en el ciclo electoral que empieza en mayo. Y, en ese sentido también, para poder dedicarse a reivindicar su balance de la legislatura, más que a estar tramitando leyes que siempre pueden ser fuente de tensión y desgaste. Por ello, Félix Bolaños, ministro de Presidencia y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez en el Gobierno, ha salido este domingo a reivindicar la obra de Gobierno tanto desde la perspectiva política, dando por zanjado el “procés”, como desde la perspectiva económica, considerando que 2022 ha sido un “magnífico año”.

Sin embargo, en la política, la realidad parece desmentir la voluntad del Gobierno por dejar atrás el “procés”. Sí es cierto que el independentismo tanto catalán como vasco ha perdido mucha fuerza, pero sigue sin abandonar sus exigencias de máximos: así, Esquerra, tras lograr la “desjudicialización” con la supresión de la sedición y la rebaja de la malversación, que va a beneficiar a los responsables del “procés”, ya ha diseñado su nueva hoja de ruta para un referéndum; Bildu, por su parte, pide una reforma del actual marco constitucional para reconocer a “Euskal Herria como nación” sin “más límite que la voluntad popular”.

“Esa tensión que se vivió en 2017 en Cataluña y España ya hoy es historia, se ha pasado página. Hoy el futuro es el diálogo y el entendimiento”, ha señalado Bolaños. “Por eso, el proceso soberanista ha terminado”, ha añadido, aludiendo a que es algo que han reconocido algunos dirigentes independentistas. Pese a todo, Carles Puigdemont ha llamado al independentismo a manifestarse el próximo 19 de enero ante la cumbre hispano-francesa que reunirá en Barcelona a Sánchez y Emmanuel Macron.

Esas demandas de los independentistas han incomodado al Gobierno en ciertos momentos porque permiten también nutrir el discurso del PP de desgaste a Sánchez por sus cesiones a Esquerra: Alberto Núñez Feijóo ha agitado el fantasma del referéndum de independencia en Cataluña asegurando que el Gobierno no lo permitirá en 2023 porque es “año electoral” y eso ERC “lo entenderá”, pero cree que sí podría ser posible en 2024 si el PSOE vuelve a estar en Moncloa. Y eso obliga a los socialistas a elevar también sus esfuerzos en este ámbito para evitar que cale ese discurso entre el electorado y dañe las perspectivas socialistas en las generales.

Unos esfuerzos que impiden también al Gobierno dedicar más tiempo a la situación económica, que consideran buena y creen que es un activo electoral. En este sentido, Bolaños ha subrayado este domingo el buen paso del PIB, que se espera que crezca en un 5% en 2022 y ha enfatizado en que es uno de los mayores crecimientos de los países de nuestro entorno; ha ensalzado la reforma laboral ya que se “han reducido la tasa de la temporalidad a la mitad, lo que supone que jóvenes y mujeres puedan acceder a préstamos e hipotecas”, y se han creado medio millón de empleos; y, ha puesto de relieve la reducción de la inflación, que ha caído cinco puntos en los últimos cinco meses (pasando del 10,8% al 5,8%), reivindicando medidas como el tope ibérico al precio del gas.

“2022 ha sido un magnifico año con una solidez económica indudable, que acreditan la eficacia de las políticas del gobierno, con políticas para proteger a los ciudadanos”, ha afirmado Bolaños. La revalorización de las pensiones, el aumento de las becas o la gratuidad del transporte público son otras de las medidas económicas y sociales que reivindican los socialistas. “En 2023 se decidirá si queremos un gobierno que haga políticas para la mayoría a costa de un pequeño esfuerzo de los poderosos, con crecimiento económico en España que se redistribuya de manera justa, o queremos un gobierno de políticas injustas”, ha ahondado, en una comparecencia de prensa desde la sede del PSOE, en la calle Ferraz, en la que también ha dejado en manos de los grupos parlamentarios la posibilidad de seguir adelante con la reforma de la elección de miembros del Tribunal Constitucional frenada por el propio tribunal de garantías.