El PP alerta contra la forma de tramitar leyes del Gobierno: “A quien beneficia es al delincuente”

La debilidad parlamentaria del Gobierno durante esta legislatura ha tenido dos formas principales de manifestarse: mediante un reguero de cesiones a Esquerra y Bildu para recibir el apoyo de ambas formaciones o forzando al máximo los mecanismos parlamentarios para tramitar sus iniciativas en el Congreso. Sobre la primera circunstancia han corrido ríos de tinta porque algunas cesiones han sido muy sonadas, además de impopulares; sobre la segunda, se ha escrito algo menos, aunque tiene alarmado al PP por el “deterioro de la calidad” de las leyes que se acaban aprobando y que pueden acabar perjudicando a la sociedad: “A quien beneficia es al delincuente”, alertan desde las filas populares.

En concreto, los populares ponen la lupa sobre las sucesivas reformas del Código Penal que ha hecho el Gobierno a través de proposiciones de ley, saltándose los informes preceptivos de órganos relevantes (como la Comisión de Codificación, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal) y tramitándose por la vía de urgencia, sin dejar prácticamente margen a la oposición para rebatir los textos legales o para que comparezcan expertos en la materia. Tampoco los proyectos de ley que elabora el Gobierno, que sí precisan de los informes preceptivos, están tramitándose con la “serenidad” necesaria porque algunas veces se recurre a la vía de urgencia y se acaba desoyendo las propias correcciones técnicas que se plantean.

En este sentido, el caso más “paradigmático” es el de la reforma de la ley del aborto, aprobada justo 24 horas después de que el CGPJ emitiera su informe: es decir, ignorando por completo los estudios jurídicos. “Quien sufre todo eso es la sociedad española”, ahondan en el PP.

Y eso acaba desembocando en estropicios como la ley del “solo sí es sí”, que ha rebajado penas a más de un centenar de agresores sexuales; o, la reciente rebaja de la malversación que puede acabar beneficiando a corruptos. “La ley del sí es sí tiene el origen en no querer estudiar los informes preceptivos”, aseguran desde el PP, ya que el CGPJ ya advirtió de las consecuencias que podía tener la norma tal y como estaba planteada.

Los informes de los órganos consultivos son claves para hacer correcciones técnicas que luego permitan aprobar una buena ley, que no tenga consecuencias imprevistas como la del “solo sí es sí”. Ha habido un reguero de proposiciones de ley impulsadas por los partidos del Gobierno que han afectado al Código Penal con gran impacto social y sin contar con los informes jurídicos (la ley de igualdad de trato y no discriminación; la de la derogación del artículo 315 apartado 3; la de eutanasia; o, la de penar el acoso a mujeres que acuden a clínicas para abortar). “Luego tenemos distorsiones en la graduación de la pena y sobre los bienes protegido”, resumen en el PP, en referencia a la ley del “solo sí es sí”.

Pero, además del Código Penal, también se ha recurrido a la proposición de ley y por la vía de urgencia para otras normas muy importantes, como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o la ley que ha creado tres impuestos (a energéticas, bancos y grandes fortunas). “Sin informes de nadie. Esto afecta a la calidad legislativa”, insisten los populares, advirtiendo de los riesgos de las leyes de los impuestos, que pueden acabar generando un agujero a las arcas públicas si la Justicia las tumba y se tiene que devolver el dinero.

Asimismo, sobre la vía de urgencia, que recorta los plazos de tramitación, en el PP advierten de que debe ser solicitada de forma razonada y autorizada de forma motivada por la Mesa del Congreso, pero denuncian que no ocurre ni una cosa ni la otra. “Cuando se acorta el tiempo de tramitación, se prescinde de un debate sereno y de la participación de la sociedad española. Hay pocas leyes en las que comparecen a los que les va a afectar”, señalan.

Decreto ley

Además de las formas que está siguiendo el Gobierno para aprobar leyes ordinarias y orgánicas, se ha apoyado mucho en los decreto-ley, que tienen rango de ley, pero evitan directamente toda la tramitación. Los decretos están para urgencias y se convalidan por el Congreso, pero el Gobierno los está usando ya para otros muchos motivos (como una reforma laboral). “Se han aprobado 135 decretos desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, algunos justificados y otros sin justificación. Tiene que legislar el legislador, no el ejecutivo”, afirman desde el PP, que ha presentado recursos de amparo contra ocho decretos y el Tribunal Constitucional ha estimado ya cuatro.

Los grupos suelen convalidar esos decretos bajo la promesa del Gobierno de que se tramiten luego como leyes para introducir enmiendas, pero muchas veces se acaban quedando en el limbo porque PSOE y Podemos tienen mayoría en la Mesa del Congreso, que son quienes pueden dar luz verde a la tramitación. “Hay 23 decretos en los que se acumulan bloqueos más que cuestionables”, contabilizan en el PP.

Finalmente, los populares también reprochan las faltas de comparecencias de los miembros del Gobierno: el PP tiene pendiente 927 solicitud comparecencia, de las cuales 591 a miembros del Gobierno y 336 a autoridades y funcionarios. Además, afean que haya sesiones de control en las que se ausenten ministros sin motivos de agenda.