Ábalos arremete contra el juez y la UCO por su prisión: "No hay dinero procedente de mordidas millonarias"

José Luis Ábalos se queja de una supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y de que la orden de prisión contra él está sustentada en "cábalas" sobre la existencia de "una ingente cantidad de dinero no encontrada" que estaría en poder del ex secretario de Organización del PSOE. En el recurso de apelación ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo para intentar salir en libertad provisional, su abogado, Carlos Bautista, llama la atención que al elaborar su informe sobre el patrimonio del exdirigente socialista, la Unidad Central Operativa (UCO) no pudo contar "con el contenido de la información gentilmente aportada por el PSOE" ni con la declaración del exgerente socialista Mariano Moreno, que según expone dejan claro -cerrando filas con la versión de Ferraz- que esos pagos se correspondían con reembolsos por gastos de la Secretaría de Organización del PSOE.

"No hay dinero procedente de esas “mordidas” millonarias", recalca, que Ábalos habría percibido por los supuestos amaños, "ni tampoco" del "botín" de cinco millones de euros que le atribuyó el instructor del "caso Koldo" en el auto en el que acordó su prisión.

En ese escrito, y pese a que antes de entrar en prisión aseguró a "El Mundo" que si se investigaba el rescate de Air Europa se llegaría a Begoña Gómez "bien llegado", ahora su defensa se limita a reseñar al respecto que la compañía aérea "niega haber solicitado la intervención" de la esposa del presidente del Gobierno "en la negociación de los préstamos concedidos por la SEPI en el año 2020". La gestión de esos trámites, hace hincapié, "se realizó siguiendo en todo momento los cauces establecidos para ello y respetando la normativa vigente".

En cuanto a la existencia de indicios, la defensa de Ábalos sostiene que esos indicios "no se detallan" en el auto de prisión y "ni son absolutos, ni son tan contundentes como pretende hacerse valer". "No es posible encontrar dicho dinero oculto", subraya, "porque no existe".

Informe "contradictorio" de la UCO

Se reducen, dice, a "un informe patrimonial contradictorio" de la UCO y "en las declaraciones de un arrepentido" (en referencia al empresario Víctor de Aldama) junto a "una copia del BOE subrayada en colores chillones" (de las supuestas adjudicaciones amañadas) y "datos que son una pura especulación" de la Guardia Civil. "Las declaraciones incriminatorias del arrepentido Aldama carecen de corroboración patrimonial alguna", destaca.

El letrado sale al paso de las acusaciones de que Ábalos se valió de su condición de ministro de Transportes para influir en adjudicaciones de obra pública. "Si tenía tanta influencia, no se entiende cómo la inmensa mayoría de las adjudicaciones de material sanitario en administraciones gobernadas por su partido no fueran con Soluciones de Gestión". De ahí que concluya que "una presunta organización criminal que no logra ninguno de sus objetivos cae por su propio peso".

La defensa de Ábalos intenta arrojar sombras sobre las supuestas cantidades en efectivo que habría manejado el exministro provenientes de comisiones por la adjudicación de obra pública y destaca al respecto que su gasto con tarjetas de crédito "permaneció casi incólume entre el año 2014 y el año 2024". Si hubiera dispuesto de grandes cantidades de efectivo, argumenta, "el gasto de tarjetas hubiera caído a cero, y esto no ha ocurrido".

"Esas gigantescas cantidades- primero un millón, luego dos, y ahora parece que cinco", señala aludiendo a las declaraciones de Aldama, "no aparecen por parte alguna". "Sólo tergiversando los números se ha llegado a una cifra de apenas 95.000 en diez años, lo que hace una cantidad de apenas 9.500 euros al año", subraya.

Reproches a la UCO

En relación con las conclusiones de la UCO, el abogado apunta que por la Guardia Civil "no se tiene en cuenta ni se ha valorado" que mientras fue ministro de Transportes (de junio de 2018 a julio de 2021), Ábalos "tuvo cubiertos prácticamente la mayoría de los gastos sin necesidad de realizar disposiciones bancarias ni desembolsos, una circunstancia que se extiende a cualquier otro miembro del Gobierno de España".

Por otro lado, sostiene que "no existe ninguna evidencia" para vincular al exministro con el supuesto pago de 10.000 euros mensuales que, según Aldama, entregó a Koldo García entre octubre de 2019 y julio de 2022.

Koldo, hace hincapié, "no era una fuente de efectivo procedente de turbios orígenes" sino que existía "una suerte de caja de compensación entre gastos adelantados" por el entonces asesor ministerial "y devoluciones posteriores" de Ábalos (que cifra en 13.832,09 euros en concepto de viajes, 1.117,82 euros por liquidación de gastos y otros 8.148,53 euros "sin concepto").

Su hijo Víctor "no es testaferro"

El letrado también justifica esas entregas de dinero en la manutención del hijo menor del exministro "dentro de un contexto de hostilidades y discordias existentes en el seno familiar, en un periodo de ruptura y anterior a la separación matrimonial definitiva".

Asimismo, Bautista considera "llamativo" que se haya consignado como "ingresos en efectivo de dudosa procedencia" y no como "ingresos por alquiler" los ingresos que se corresponden con "arrendamiento" de inmuebles.

En cuanto a Víctor Ábalos, hijo del exministro, dice que no es testaferro de nadie ni ha recibido "cantidad alguna en metálico o de cuentas bancarias de ninguna trama ni en España ni en el extranjero" y tampoco custodia una "fuente de ingresos no declarados" o una "reserva de efectivo vinculada a su padre". "Viajar no es un delito, ni ser turista es ser un delincuente", dice respecto de los viajes bajo sospecha del hijo de Ábalos a Colombia.

Apunta a una relación de Aldama con Jésica

Del mismo modo, la defensa del exministro sostiene, en lo que respecta a su vínculo con Jésica Rodríguez, que la conoció a través de Víctor de Aldama. "Tanto el imputado Aldama como la Sra. Jésica Rodríguez declararon en la Sala II del Tribunal Supremo no conocerse, pero lo cierto es que el Sr. Ábalos conoció a la Sra. Rodríguez a través del imputado Aldama por la vía del Sr. Koldo García. La señora Rodríguez y el imputado Aldama tenían relación con anterioridad", reza el recurso. Según explica, solo así se entiende que Aldama siguiera haciendo frente al pago del alquiler de la vivienda de Jésica en Plaza de España después de que rompiera su relación con el exministro.

Sobre el piso del Paseo de la Castellana que Aldama habría comprado para Ábalos, el escrito determina que no tiene sentido que defendiera la posibilidad de arrendarlo, puesto que el inmueble ya estaba alquilado previamente. Por ello, descarta que la casa se pudiera entender como un regalo por todos los favores del Ministerio de Transportes. "No hubo disponibilidad del inmueble en ningún momento. Se trató de un fraude del imputado Aldama hacia nuestro representado", apostilla.

Igualmente, también descarta que que la vivienda de Villa Parra en la que se hospedó en el verano de 2020 responda a una recompensa por su mediación para que el Gobierno se comprometiera a rescatar Air Europa. Al respecto, sostiene que la gestión de este trámite "se realizó siguiendo en todo momento los cauces establecidos para ello y respetando la normativa vigente". En su recurso también se pronuncia sobre Begoña Gómez asegurando que la compañía ha negado haber solicitado su intervención para agilizar el rescate.

Desliga ahora a Begoña Gómez del rescate de Air Europa

Sin embargo, el propio Ábalos dijo la semana pasada, a las puertas de ingresar en prisión, que si se investigaban los pormenores de este rescate se llegaría a la mujer del presidente del Gobierno. Ahora su defensa se desmarca de la acusación y habla de un proceso legal. Además, delegó la actuación del Ministerio de Transportes en Pedro Saura, su entonces "número dos". Al respecto, dice que resulta "sorprendente" el "desinterés de la investigación en citarle". "Quizá para evitar que la realidad estropee un relato ficticio", apostilla.

También dice que es "falso" el documento de Aldama sobre la compra del bajo en Valencia y que probaría que pagó parte del mismo con dinero opaco. "Se ignoran las razones por las que este señor tenía un documento referido a la operación de compraventa que no respondía a la realidad de la transacción del inmueble que gestionaron personalmente el Sr. Ábalos y la Sra. Carolina Perles con quienes fueron sus vecinos, por lo que no se precisó ninguna mediación externa", indica.

Finalmente, en lo que respecta con la contratación de Jésica Rodríguez en Ineco y en Tragsatec o de Claudia Montes en Logirail, "el exministro sostiene que no se desprenden indicios de arbitraria contratación". Sobre la primera de ellas, con la que mantuvo una relación en pandemia, dice que no se puede hablar de "enchufe" y asegura que la propia empresa pública negó "cualquier atisbo de irregularidad", pese a que la joven confesó como testigo en el Tribunal Supremo que estuvo en nómina más de dos años en ambos entes públicos sin acudir a trabajar.