Víctor de Aldama tiene material que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez y conserva una copia del mismo en el extranjero. Se trata de información, documentos y mensajes que afectarían de lleno a este Ejecutivo y a importantes miembros del PSOE, según confirman fuentes toda solvencia a LA RAZÓN. El empresario ha aportado ya al Tribunal Supremo documentos que han servido para impulsar la investigación del caso Koldo, aunque conserva otros que todavía no han visto la luz.

Entre estos últimos se encuentra un documento "confidencial" de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que custodiaba Aldama y que derivó a una persona de su máxima confianza en plena investigación de este caso ante el temor de que los investigadores lo pudieran localizar. La UCO supo de la existencia de este sobre gracias a los mensajes que el empresario se intercambió con esta tercera persona, de nombre Alberto Escolano, y al que se refería como "hermanito". En los mismos pidió que le mandara fotografías del documento en cuestión.

Tras su salida de prisión en noviembre del año pasado, el conseguidor se reunió con Escolano en Calatayud con el objetivo, sospecha la UCO, de recuperar este material "sensible". En la carátula del mismo aparecía como destinataria Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, y con la que Aldama tenía una relación tan estrecha que no ha pasado desapercibida para los agentes. Los mismos llamaron también la atención que el sobre se recibió el 4 de febrero de 2020, esto es, apenas días después de su visita secreta a España, y que de los mensajes analizados se desprende que tuvo conocimiento e incluso autorizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con todo, al margen de este sobre -que ocultó con éxito a la causa y que pudiera estar vinculado con el sector de los hidrocarburos- el empresario ha aludido en muchas ocasiones al ingente material que conserva y que pondría contra las cuerdas el Gobierno de Sánchez. Tras las dos confesiones protagonizadas en sede judicial, entregó al Tribunal Supremo las pruebas que vendrían a corroborar lo manifestado.

Los papeles que ha entregado al Supremo

Entre ellas se incluye un listado de obras de la Dirección General de Carreteras que se habrían amañado desde el Ministerio de Transportes de Ábalos. Este material -que incluía notas manuscritas de Koldo- propició la imputación de las constructoras implicadas y de Santos Cerdán, para quien el juez ordenó la prisión provisional por su papel como "cabecilla" de la trama. Su nombre lo puso meses antes sobre la mesa Aldama al decir que percibió un sobre con 15.000 euros con dinero negro. Ahora Anticorrupción sostiene que solo él conoce el reparto de mordidas que ascenderían a 5 millones de euros.

Además, también entregó el portafolios que demostró que el Gobierno le nombró "enlace" con Venezuela, así como pruebas gráficas de sus viajes a México o a Venezuela en nombre del Ejecutivo. Con todo, el material que realmente ha facilitado la labor de la UCO fue el encontrado en sus terminales móviles. Los mismos escondían mensajes clave sobre los contratos de mascarillas o el rescate de Air Europa, entre otros asuntos.

Especialmente relevante es el segundo móvil requisado tras su detención en octubre del año pasado por su implicación en un fraude al IVA en el sector de los hidrocarburos superior a los 200 millones de euros. Este arresto y el consiguiente envío a prisión marcó un antes y un después en su estrategia procesal ya que propició su compromiso a colaborar con la Justicia.

De hecho, accedió a colaborar con los agentes para guiarles en el rastreo de este segundo teléfono que contenía un terabyte de información. Él mismo ha dicho en más de una ocasión que dicho terminal contiene mensajes con ministros del actual Ejecutivo y demás material que probarían sus duras acusaciones. En concreto, se ha apuntado a los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica, comandados entonces por Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.

La copia en el extranjero, una garantía de vida

Consciente de que está en el ojo del huracán Aldama intensificó las medidas de seguridad los años previos al estallido del caso Koldo. De hecho, recurrió al comandante de la Guardia Civil imputado en la causa, Rubén Villalba, para que le hiciera barridos en su despacho y en sus vehículos y les suministrara teléfonos encriptados. El propio Villalba reconoció que estaba obsesionado con este asunto. A finales del año pasado tirotearon su vehículo A8 mientras estaba estacionado sin nadie dentro.

Con todo, el empresario -que llegó a apuntar en el Tribunal Supremo que el PSOE se financió ilegalmente con el reparto de comisiones- no ha mostrado todas sus cartas. Hay abundante documental que todavía no ha visto la luz y que guarda a buen recaudo fuera de España. Se trataría de un seguro de vida con el que pretende defenderse de los importantes frentes judiciales que tiene en España ya que, además del caso Koldo, está investigado por la conocida como "trama del fuel" que investiga el magistrado Santiago Pedraz. En el marco de la misma, la empresaria Carmen Pano confirmó que hizo dos entregas de dinero en metálico en Ferraz por orden de Aldama.

Precisamente el rastreo de las mordidas fuera de España tanto de la trama del fuel como del caso Koldo se ha convertido en una prioridad para la UCO y, en el marco de esta línea de investigación, destaca especialmente un país: República Dominicana. Este destino lleva en el foco de las pesquisas desde hace años. La Guardia Civil aprendió toda la operativa financiera de la zona gracias a investigaciones previas como la del caso del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

Esta información ha ayudado, y mucho más de lo que se presupone, a conocer cómo funcionan los abogados del país y los denominados "hombres de paja", testaferros que por una cantidad económica ponen su nombre al frente de sociedades en las que se ocultarían las ganancias ilícitas. Precisamente, la UCO solicitó información a las autoridades sobre Pronalab. La sociedad está considerada como un "lavadero de dinero" de la trama Koldo. Esta empresa tiene su sede en un edificio prácticamente abandonado. La fachada está deteriorada y no se percibe ningún tipo de actividad en sus dependencias.

Los lazos con República Dominicana

A pesar de ello, Pronalab, que fue constituida por Ignacio Díaz Tapia, socio de Víctor de Aldama, que ejercía como especialista en realizar test de pruebas de antígenos y PCR. Su nombre aparece desde el principio en los atestados relativos al caso Koldo. Además, en los informes de la Guardia Civil se puede comprobar como una de las trabajadores de la firma era la encargada de contar el dinero de la trama que llegaba a la República Dominicana con parada en Miami.

Para aflorar todo este entramado, la UCO tiene en el foco varias cuentas bancarias relacionadas con los investigados y sus negocios. César Moreno, otro de los socios de Aldama, envió una nota de voz a esta empleada en la que confesaba sus movimientos. "Nos vamos a Miami y no puedo llevar más, en total 10.000 dólares cada uno. La idea era llevarnos solo billetes de 100 para que no ocupe tanto y sumar, porque Javi tiene algo de dinero también, afirmó a principio de 2022.

El dinero de la República Dominicana también ha salido ya en sede judicial. De hecho, una empleada de este laboratorio reconoció ante el juez Puente pagos en efectivo al hermano de Koldo García cuando viajó al país. Uno de los nexos de unión en el país fue Bernardo Castillo. A este hombre el exasesor de Ábalos lo recomendó formalmente al Gobierno de la zona. Su estancia allí coincidió con los viajes de algunos de los investigados que presumiblemente traían dinero a España. Un recorrido que la UCO pretende cercar en breve con el análisis de la documentación que han conseguido de los bancos de allí.