Armas blancas contra policías: alerta ante Interior

Los policías nacionales corren más peligro en sus intervenciones porque los objetos cortantes o punzantes suelen ser empleados para agredir a los agentes cada vez con más frecuencia y les provocan lesiones de gravedad. Se calcula que en torno al 20% de las intervenciones tienen relación con la presencia de un arma blanca, sobre todo en las grandes ciudades.

Según datos facilitados a LA RAZÓN por la Confederación Española de Policía (CEP), se ha producido asimismo un aumento importante de su uso en las reyertas entre grupos juveniles violentos. En 2022 se alcanzó la cifra más alta en una década de uso de armas blancas en tentativas de homicidios y asesinatos, con 3.272 incidentes registrados. Ese año, las FSE intervinieron más de 28.000 machetes, cuchillos o navajas, entre otros instrumentos con capacidad de provocar la muerte, en lo que supone la cifra más alta de los últimos ocho años. «Para encontrar una cifra superior hay que remontarse al año 2014, con 29.454 incautaciones de armas blancas (…) Un récord que no sorprende puesto que la estadística de sucesos graves en los que se detecta el uso de estos instrumentos lesivos no ha hecho más que crecer desde 2015, con incrementos interanuales tan significativos como el de 2019 (un 11,68% más que el año anterior) o 2021 (un 12,71%)».

En opinión de CEP, esta tendencia acredita que «nos encontramos ante un fenómeno alarmante, muy peligroso y que exige medidas contundentes y firmes por parte del Ministerio del Interior. Entre 2013 y 2022 se ha contabilizado el uso de armas blancas en 918 asesinatos u homicidios consumados. Preocupa no sólo el aumento sostenido del uso de armas blancas en esos delitos –desde 2018, año en el que llegó al Gobierno el actual responsable de Interior, no se ha revertido esa preocupante tendencia alcista en cuanto a homicidios y asesinatos en grado de tentativa– sino que las incautaciones de esos objetos peligrosos, después de disminuir en 2018 y 2019, hayan vuelto a repuntar en 2021 (un 17,81% más) y 2022 (un 7,74% más, hasta noviembre).

Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Murcia y Cádiz es donde hay más incidentes

La radiografía al uso de armas blancas incautadas por las FSE permite, por otra parte, tener tomado el pulso a aquellas zonas de nuestro país en donde el uso de estos instrumentos tan peligrosos está más extendido: la región de Madrid y las provincias de Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Cádiz y Murcia acumulan casi el 60% de las incautaciones de cuchillos, machetes o navajas.

En Madrid, de hecho, se interviene el 16% del total de armas blancas de todo el país. «Frente a esta realidad, Interior se ha limitado a emitir una instrucción para recopilar la normativa y procedimientos administrativos y penales a emplear por los policías y guardias civiles en cuanto al tratamiento de las armas blancas. También puso en marcha, entre el 21 de noviembre de 2022 y el 31 de enero de 2023, un refuerzo de las medidas frente a la violencia de los grupos juveniles», apunta el sindicato. «Ambas medidas, en definitiva, no atacan el núcleo del problema y reclamamos mucho más que esa tibia respuesta ante una amenaza muy grave para la integridad física de los policías y del conjunto de los ciudadanos. Pedimos medidas contundentes. En primer lugar, porque el artículo 563 del Código Penal castiga la tenencia de armas prohibidas con penas que van de 1 a 3 años de prisión. Aquí, como con el delito de atentado, el escaso reproche penal se convierte en el combustible perfecto para la impunidad, porque quien es detenido por este delito sabe que no es probable pise la cárcel. Instamos a que exista una reforma que eleve la pena mínima de este delito, especialmente cuando la tenencia del arma blanca se produzca por parte de personas de grupos juveniles violentos o cuando se utilicen para agredir a miembros de las FSE», explican desde CEP.

«Hemos tenido que ver cómo el Gobierno dedicaba una partida para subvencionar la compra de vehículos para los Mossos por un importe que equivale al coste de 24.700 pistolas eléctricas», señalan. «Resulta lamentable que el esfuerzo del Ejecutivo se produzca en un Cuerpo de seguridad dependiente de otra Administración mientras que los policías nacionales no disponen de las herramientas para reforzar su protección».