La Policía Nacional desarticula una banda que regularizaba a inmigrantes llegados en patera

La Policía Nacional ha desarticulado en la isla de Gran Canaria una organización criminal que regularizaba a inmigrantes llegados a bordo de embarcaciones irregulares mediante la creación de documentos falsos, consiguiendo beneficios de más de 250.000 euros.

La actuación ha culminado con la detención de cuatro personas, tres de ellas han ingresado en prisión, en las ciudades de Arucas y Las Palmas de Gran Canaria por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental, usurpación de bienes y pertenencia a organización criminal. Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, los implicados recibían información de otras organizaciones criminales que se dedicaban al tráfico de personas acerca de las salidas de embarcaciones desde Marruecos. En concreto, el entramado criminal se dividía en dos ramas diferenciadas; una estaba asentada en Marruecos y la segunda en España. Sus integrantes se encargaban de la recepción de los migrantes que venían en embarcaciones desde Marruecos y arribaban a la isla Gran Canaria, gestionaban la manutención y su traslado a la península, informa Ep.

Los implicados se distribuían las diferentes funciones de piloto de embarcación, intermediario o responsable del cobro de dinero. Además, los miembros asentados en España gestionaban los trámites necesarios para adquirir las tarjetas de embarque y salir de la isla; encargándose de recibir los pagos para los traslados y de controlar los inmuebles donde alojaban a los migrantes. La red recibía información de organizaciones criminales que se dedicaban al tráfico de personas. Éstas les indicaban cuándo partían las embarcaciones desde Marruecos con destino a España y los datos de los migrantes que habían pagado por adelantado el alojamiento en nuestro país. Una vez llegaban a Gran Canaria, trasladaban a los migrantes a la península utilizando inscripciones de nacimiento y certificados de empadronamiento falsificados para regularizarlos.

Los alojaba en viviendas insalubres

Por su parte, la red alojaba a los migrantes en inmuebles que se encontraban en circunstancias no aptas para ser habitados y que carecían de las mínimas condiciones de salubridad e higiene. Este espacio estaba controlado por miembros del entramado asentados en España. Desde Gran Canaria les facilitaban la salida hacia otros puntos del país y de Europa, con frecuencia dependiendo de la cantidad económica que cada migrante pudiera aportar al grupo criminal. Los integrantes de la rama criminal establecida en España cobraban a cada migrante entre 250 y 400 euros, lo que dependía del lugar y trayecto de traslado e incluía su alojamiento y manutención además del viaje a la península. En ocasiones, este tráfico migratorio debía hacerse vía aérea, lo que implicaba más trámites relacionados con la documentación que habilitase la entrada en España, así como la necesidad de acompañarlos a lo largo del trayecto con el objetivo de regularizar de manera fraudulenta su situación administrativa. En estos casos, los implicados percibían en torno a los 4.000 euros por cada persona. Esta actividad criminal supuso la obtención de unos beneficios que ascendieron a un total de más de 250.000 euros.