"Asistimos al desguace del Estado en materia de seguridad"

"El Gobierno ha abierto en las últimas horas la puerta al desguace competencial del Estado en una materia muy sensible, los flujos migratorios y su cesión a la Generalitat de Cataluña, que la Constitución Española reserva en exclusiva al Ejecutivo central al considerar que se trata de un ámbito en el que es vital la unidad de criterio y la visión global de un fenómeno cuyo origen y motivaciones superan ampliamente el enfoque limitado regional", señala la Confederación Española de Policía (CEP).

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"Esta cesión, que se plantea materializar utilizando un mecanismo excepcional contemplado en el artículo 150.2 de la Carta Magna y que requiere la aprobación de una Ley Orgánica de desconcentración de esa competencia exclusiva del Estado, no obedece a un proceso sosegado y riguroso de análisis de necesidades. Tampoco es la conclusión de un debate en el que se haya acreditado que la gestión compartida de las políticas migratorias es más eficaz o va a beneficiar más a los ciudadanos. Al contrario, la medida anunciada hoy responde a aplicación de un criterio de conveniencia política -plenamente legítimo, pero de consecuencias evidentes en el ámbito migratorio- cuyo fin último no es la mejora de una política pública sino el paliar una debilidad parlamentaria", subraya.

Aunque no hemos conocido el alcance concreto de esta cesión, que podría limitarse a la parcela social y laboral y no a otras con mayor afectación a la actividad policial, "queremos dejar claro que defendemos que el Estado mantenga el ejercicio exclusivo vinculado al estatuto jurídico del inmigrante, especialmente en todo lo relativo a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador, y hacemos un llamamiento a todos los poderes e instituciones para que esto siga siendo así".

"Tenemos la absoluta seguridad de que lo conocido hoy -que va a impactar de lleno en lo previsto en el artículo 149 de la Constitución Española, que reserva en exclusiva para el Estado el ejercicio de las competencias en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo- no constituirá la última de las demandas de cesión de competencias en ámbitos directa o indirectamente relacionados con el trabajo policial en favor de las autoridades de Cataluña. Y aunque se pueda decir que lo acordado se limita a una mera desconcentración de la gestión de políticas públicas sociales y laborales, el hecho en sí es que se debilita al Estado nuevamente en un plano competencial exclusivo por culpa de la aritmética parlamentaria pura y dura", concluye.