Ascienden a 45 los detenidos y a 133 los investigados por los incendios forestales

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido hasta el momento a un total de 45 personas por la oleada de incendios que azotan diversos puntos de España desde el pasado 1 de junio. Fuentes del Ministerio del Interior informan, además, que el número de investigados por su presunta vinculación con estos hechos asciende a un total de 133 personas. En algunos casos las pesquisas están judicializadas y los detenidos han comparecido ya ante la autoridad judicial.

En concreto, la Policía Nacional ha detenido a 12 personas e investiga a un total de 24, mientras que la Guardia Civil ha realizado 33 detenciones hasta el momento y mantiene imputadas a 109 personas. El balance se conoce tras una nueva reunión mantenida este lunes del Comité Estatal de Coordinación y Dirección contra Incendios Forestales (CECOD) que ha presidido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y en la que los representantes de las instituciones integradas en el organismo han informado sobre la situación de las labores de extinción de los 14 incendios que siguen activos en varias comunidades autónomas en situación operativa 2.

De los 14 incendios, 10 tienen lugar en las provincias de León y Zamora (Castilla y León), 3 en Asturias y 1 en Orense (Galicia). Precisamente una de las últimas detenciones relacionada con estos hechos fue la de una vecina de la localidad de Carballo (La Coruña) acusada de provocar 11 incendios forestales. La Guardia Civil la arrestó en el marco de la operación Monte Fumeiro impulsada a raíz del incendio provocado en la parroquia de Entrecruces en dicha localidad el pasado 10 de julio. La titular del Tribunal de Instancia número 3 de Carballo la dejó en libertad tras tomarle declaración como investigada por delito de incendio forestal.

Penas de hasta 20 años de cárcel

El Código Penal contempla, en su artículo 351 penas de entre 10 y 20 años de cárcel para aquellos que provoquen un incendio que comporte un peligro para la vida o la integridad física de las personas. Por su parte, el incendio de montes y masas forestales se castiga con penas de prisión de entre uno y cinco años (artículo 352), mientras que, si el incendio alcanza especial gravedad la pena de cárcel puede ascender a seis años (artículo 353).

El citado precepto determina que es de especial gravedad cuando afecta a una superficie de considerable importancia, provoca graves efectos erosivos en el suelo, altera significativamente las condiciones de vida animal o vegetal, afecta a zonas próximas a núcleos de población, cuando es provocado en un momento en que las condiciones climatológicas o del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación y cuando se ocasione un grave deterioro de los recursos.

Al respecto, las fuentes de Interior precisan que los incendios forestales de Yeres y Molinaseca (León), Larouco (Orense), así como los dos que tienen lugar en Cangas del Narcea y Somiedo (Asturias) evolucionan de manera "muy favorable" ya que no presentan frentes activos y se actúa en misiones de vigilancia y perimetración.