La Asociación de Fiscales también "planta" al fiscal general del Estado por sus acusaciones de coordinación política

Nuevo revés para los planes del fiscal general del Estado de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ha decidido levantarse de la mesa de trabajo y no participará en esta iniciativa. Fuentes de la organización explican a LA RAZÓN que consideran inadmisible que Álvaro García Ortiz les pida su colaboración para impulsar un nuevo estatuto y, a la vez, haga declaraciones en las que insinúa que trabajan alineadas con determinados partidos políticos.

La Asociación de Fiscales es la segunda organización que se da de baja de la negociación para renovar el Estatuto, después de que el pasado 16 de abril la APIF también optara por abandonar el grupo de trabajo que convocó García Ortiz solo una semana antes. Según explicaron fuentes de la APIF, el motivo fue el "comportamiento anómalo" del fiscal general frente a las querellas que se han presentado contra dos fiscales por revelación de secreto en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el caso de la AF, que hoy mismo ha remitido una carta al fiscal general informándole de su decisión, circunscriben su salida de la mesa de trabajo exclusivamente a las declaraciones que vertió la semana pasada en una entrevista sobre la coincidencia de sus objetivos con los de determinados partidos políticos y no la vinculó con las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que han anulado los nombramientos realizados por el fiscal general respecto de la exministra de Justicia Dolores Delgado ni con la petición de cese que planteó el Senado.

"Los tribunales dirán lo que tengan que decir. Lo que no puede hacer es pedir nuestra colaboración y a la vez hacer insinuaciones de que actuamos en coordinación con partidos políticos", explicó su presidenta, Cristina Dexeus, a este periódico.

En la entrevista concedida la semana pasada a la cadena Ser, García Ortiz descartó que exista una posible complicidad entre los miembros de la judicatura y los partidos en el ejercicio de su profesión. Sin embargo, admitió que "entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales, hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos políticos", algo que para él es una "evidencia", aunque reiteró que esto no afecta a su actividad profesional.

Y continuó: "Cuando la ley prohíbe a los fiscales y jueces formar parte de los partidos políticos o de los sindicatos, entendiendo el derecho a la representación sindical y el derecho a la participación política como dos derechos fundamentales, consagrados al principio de la Constitución, y dice que sí hay asociaciones profesionales,está intentando separar ambos campos de juego. Cuando se funden, a lo mejor estamos confundiendo un poco el foco", reflexionó. Estas declaraciones fueron recibidas con indignación entre las organizaciones, que le acusaron de dibujar una "sombra de sospecha" sobre su actividad.

La mesa para renovar el Estatuto solo ha celebrado dos reuniones. La primera de ellas tuvo lugar el 10 de abril, cuando el fiscal general les indicó que quería que fueran las propias organizaciones las que pilotaran la reforma, con propuestas sobre la metodología de trabajo y los temas que se debían abordar. A esta cita acudieron las tres asociaciones.

La segunda reunión se celebró el 7 de mayo, ya sin la presencia de la APIF y con la comparecencia de dos miembros de la secretaría técnica. Entonces no hubo grandes avances, sino que también se establecieron temas organizativos, el material de estudio y un calendario para establecer los temas que se abordarían de manera prioritaria. Y quedaron de verse nuevamente a mediados de junio. Pero el proceso participativo para la reforma que ha impulsado García Ortiz ahora queda debilitado con la ausencia de dos de las tres asociaciones de la carrera fiscal.

La redacción de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se encuadra en los planes del Gobierno de reactivar una nueva redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) con miras a dejar en manos del Ministerio Público las labores de investigación de las causas penales. Así lo adelantó en abril el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que lo trasladó a las tres asociaciones de la carrera fiscal -la AF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)- en las reuniones que sostuvo con sus máximos representantes.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado consultadas por este periódico han señalado que a pesar de esta decisión, seguirán trabajando para avanzar en la reforma de la Lecrim, ya que consideran que se trata de una reivindicación histórica y que así lo han puesto de manifiesto quienes han liderado este organismo en las últimas décadas. Además de recordar que el informe a la anterior propuesta de reforma de la ley procesal se aprobó por unanimidad en el Consejo Fiscal, consideran que esta reforma trascenderá el actual mandato y, casi con toda seguridad, el siguiente.