La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso interpuesto por el novio de Isabel Díaz Ayuso y respalda la decisión de la jueza que le investiga por el caso fiscal de abrir una pieza separada para indagar en si cometió otros delitos en relación a unos ingresos que recibió del Grupo Quirón con una de sus empresas, Maxwell Cremona.

Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid podrá indagar en si Alberto González Amador pudo haber utilizado otra de sus sociedades (Masterman SL) como instrumental para "ocultar ingresos" a la Agencia Tributaria procedentes de negocios con Quirón Prevención, a fin de pagar menos impuestos, como aseguran las dos acusaciones populares, Más Madrid y PSOE. Una tesis que, por otro lado, apoya investigar la Fiscalía, tras cambiar de criterio en solo cuatro meses.

La Sección Tercera resuelve que "en este momento procesal", en que solo se acordó "la incoación de la pieza separada", no hay razones para su "cierre prematuro", como pedía la defensa del empresario, porque no hay una "atipicidad clara de los hechos", que en este caso se sustancian en "documentación notarial y tributaria". "A la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta", deja claro esta instancia superior.

Los magistrados madrileños respaldan así que se investigue si la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid pudo haber cometido administración desleal y corrupción en los negocios a través de sus trabajos con el grupo sanitario.

La Audiencia madrileña apoya que se le investigue por este segundo delito al observar "indicios bastantes" del supuesto pago de una "comisión ilícita" de medio millón de euros a la esposa del presidente de Quirón, Fernando Camino, con la compra por parte de González Amador de una mercantil a nombre de esta mujer, que en aquel momento se llamaba Círculo de Belleza SL.

Este procedimiento se desgaja de la causa principal en la que la jueza Inmaculada Iglesias analiza si el empresario pudo cometer dos delitos fiscales y uno de falsedad documental con la supuesta defraudación de 350.000 euros en el Impuesto de Sociedades de dos ejercicios anuales (2020 y 2021) con su compañía Maxwell Cremona.

Precisamente, en este procedimiento principal por delitos contra Hacienda fue por el que el abogado fiscalista de González Amador envió al fiscal de delitos económicos un mail para proponerle un pacto de conformidad, que fue el que acabó publicado en prensa.

Una filtración por la que el Tribunal Supremo investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez, a fin de aclarar si pudieron cometer un delito de revelación de secretos.