La Audiencia Nacional confirma que el empresario que pagó a Alvise seguirá en prisión por la estafa de 185 millones

La Audiencia Nacional confirma la prisión provisional para el creador de la plataforma Madeira Invest Club (MIC), Álvaro Romillo, por el presunto fraude de más de 185 millones de euros a alrededor de 3.000 antiguos inversores.

La Sala de lo Penal entiende que existe riesgo de fuga por la "ingente capacidad económica" de la que dispone en el extranjero, lo que le permitiría vivir "holgadamente" en países en los que evitar las posibles órdenes de busca y captura.

En un auto, la Sección Cuarta desestima el recurso de Romillo contra la resolución del titular del Juzgado de Instrucción Cuatro, José Luis Calama, dictada el pasado 7 de noviembre, en la que acordó su prisión provisional sin fianza.

La resolución de la Sala señala que durante la investigación se han localizado transferencias por valor de 12.935.000 euros en una cuenta bancaria de Singapur, que recibió más de 29 millones de euros de otra abierta en una entidad bancaria de Portugal, que era utilizada presuntamente por Romillo para desviar los fondos recibidos por los inversores. Desde ella, añade, se desviaron aproximadamente 18 millones de dólares a una cuenta bancaria ubicada en Tailandia.

Los magistrados recuerdan que el acusado posee bienes inmuebles, vehículos de lujo y embarcaciones en diferentes países, a lo que se suma la localización de una cuenta en criptomonedas de la que es titular el investigado con más de 7 millones de euros, de los que solo él puede disponer.

Por tanto, observan que tiene una ingente capacidad económica en el extranjero que le permitiría vivir holgadamente y radicarse en países donde evitar las órdenes de busca y captura que pudieran dictarse.

Además, la Sala de lo Penal apunta a los indicios objetivos de la posible destrucción o ocultación de pruebas del entramado societario supuestamente formado y creado por el investigado para el desvío de fondos.

"Muchas de estas sociedades y las operaciones de desvío y ocultación de fondos se encuentran en el extranjero dispersas en diferentes países, siendo absolutamente necesario proceder a su localización y bloqueo, y averiguar las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas, medidas que se verían frustradas o, al menos, dificultadas si el investigado se encontrara en libertad, ya que hoy día, con los medios telemáticos podría seguir operando con los fondos depositados en el extranjero y ocultar los canales utilizados para la transferencia de los fondos a terceros países", señala.

Romillo es el mismo empresario que pagó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez, un hecho por el que se investiga en el Tribunal Supremo si el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (Salf) incurrió en un delito de financiación ilegal de su partido político durante la campaña de las últimas elecciones a la Eurocámara en que obtuvo un escaño.