La mujer del presidente del Gobierno llegará antes de las 12:00 horas a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla para afrontar su cuarta declaración judicial.

Esta vez, por su presunta responsabilidad penal en un delito de malversación de caudales públicos al haber empleado a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez para cuestiones de su actividad profesional privada.

Y, por tanto, ajenas a las funciones que tiene asignadas como alto cargo en Presidencia del Gobierno desde que fue nombrada en julio de 2018: de acompañamiento de Begoña Gómez, gestión de su agenda institucional y de coordinación con la escolta de seguridad.

Llegó al Ejecutivo justo cuando el marido de su «amiga» –así vienen defendiendo ambas su relación, que se fraguó tras coincidir trabajando en una empresa de mercadotecnia– llegó al poder tras la moción de censura al mandatario popular Mariano Rajoy.

Hoy, de nuevo, la esposa del jefe del Ejecutivo evitará someterse al paseíllo y «por seguridad» podrá acceder al edificio que acoge el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a través del garaje de la puerta trasera.

Tal y como ya informó LA RAZÓN, el Ministerio del Interior ha dispuesto un equipo adicional de una veintena de antidisturbios en el entorno exterior de la sede judicial que estará en el lugar desde las 07:00 horas.

Una hora antes, a las 11:00, el juez Juan Carlos Peinado espera para que declare a Álvarez, que el pasado agosto sumó a su rosario de imputaciones el delito de malversación, como tercero, al tener ya los de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en los que se cree que colaboró para la esposa de Sánchez.

No se espera que ninguna de las dos contesten a las preguntas del instructor, y, menos aún, que atiendan las cuestiones que le sean planteadas por la acusación popular, que lidera Hazte Oír.

Así lo trasladan las fuentes conocedoras de la causa consultadas por este diario, que dan también por hecho que la Fiscalía, como suele hacer, declinará formular alguna pregunta.

Por tanto, Gómez y la directora de Programas de Presidencia, si nada cambia, se acogerán a su derecho a no declarar como investigadas.

Hay que tener en cuenta que ambas han recurrido ya ante la instancia superior al juez Peinado, la Audiencia Provincial de Madrid, la imputación de la malversación y serán los magistrados madrileños los que decidan si esta pieza separada del procedimiento sigue adelante contra ellas.

También se analiza la supuesta de responsabilidad de Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, dado que fue el superior jerárquico de Álvarez en el Ejecutivo cuando esta mantenía la interlocución en nombre de Gómez con el exvicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio, con el que, como él mismo admitió cuando fue como testigo, se cruzó decenas de correos electrónicos.

O cuando la asesora le hizo saber a una directiva de Reale Seguros que la esposa del también líder del PSOE quería que siguieran siendo financiadores de la cátedra, por lo menos, un curso más. Martín Aguirre, el tercer investigado, fue el secretario general de la Presidencia entre julio de 2021 y hasta marzo de 2023.

Mientras tanto, Peinado avanza ya en nuevos movimientos en esta línea de investigación y, trasladan las citadas fuentes, se prevé que haya nuevas citaciones de testigos en próximas fechas.

Por ello, el magistrado reclamó a los abogados de las defensas el calendario de los señalamientos que ya tengan previstos hasta el 16 de octubre en que, en un principio, y si no dicta una segunda prórroga, llegue a su término la instrucción.

En ello también tiene que ver que pidiese, la pasada semana, a Moncloa que identificase, con nombre y apellidos, a las «distintas personas» que han dirigido la Secretaría General de la que depende formalmente Álvarez.

La única a la que no ha llamado a comparecer aún es la actual, Judit González. Y, de igual forma, el juez Peinado reclamó saber quién autorizó el pago de los salarios de siete años de la asesora.