Bolaños se defiende de la crítica unánime a su reforma del acceso a la judicatura y la Fiscalía: "Más objetivo"

Félix Bolaños no da marcha atrás en su plan para cambiar el acceso a las Carreras judicial y fiscal, pese a que todas las asociaciones profesionales (menos las progresistas) han mostrado su oposición a que salga adelante y critican su contenido.

El titular del Ministerio de Justicia defiende su proyecto y en un intento de calmar los ánimos y las palabras escépticas ofrece a las agrupaciones que le hagan llegar las "mejoras" que deseen incluir.

Para hacer ver que sí está escuchando recuerda en la carta en cuestión que ha retirado del plan el traslado forzoso de destino con el ascenso a magistrado.

Les invita así a "participar y colaborar en este proceso activamente", justamente en el día en que se ha publicado el texto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Bolaños insiste en lo "imprescindible" que es introducir cambios profundos en el proceso de entrada a la judicatura y la Fiscalía para "abordar los retos de la Justicia del siglo XXI". Su argumento es que "las estructuras no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el XIX".

Mientras que el ministro socialista asegura que servirá para darle "mayor objetividad, transparencia" y para que pese más el "mérito y la capacidad", las asociaciones de jueces y fiscales denuncian que implantará un acceso "arbitrario" y basado en el "control ideológico".

Pero las agrupaciones extienden esa arbitrariedad también a quién tendrá un asiento en los órganos de gobierno del sistema judicial. Dan por hecho que restringirá la "participación democrática" en estos órganos y someterá la conformación de instancias "clave" a "criterios partidistas".

Bolaños insiste en que "el mérito y la capacidad" regirá la polémica regularización de jueces sustitutos en la que algunos ya ven un posible coladero de afines al Gobierno.

Sobre ello, el responsable de Justicia apunta en su misiva a que forma parte "de los requerimientos de la Comisión Europea". Esto último, de igual forma, muchos miembros de la magistratura lo han señalado como algo incierto y que no hay obligación ninguna a nivel comunitario.