Jueces y fiscales arremeten contra la reforma del Gobierno por el "riesgo de control ideológico" del acceso a la carrera

Cinco asociaciones de jueces y fiscales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- se han posicionado en contra de la reforma impulsada por el Gobierno -que implica la modificación del sistema de acceso a ambas carreras- al considerar que supone "un evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del Ejecutivo", algo que entienden "inasumible en un Estado de Derecho con separación de poderes".

En un comunicado conjunto, señalan que las reformas anunciadas "suponen un serio retroceso en Estado de Derecho" al propiciar "un acceso arbitrario a la judicatura, restringir la participación democrática en órganos de gobierno y someter instancias clave a criterios partidistas". Poniendo así en riesgo, subrayan, la independencia judicial. "Esta deriva compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente, tal como exige el respeto a los estándares constitucionales", denuncian.

Las asociaciones profesionales firmantes avisan que adoptarán si es necesario "las medidas que resulten precisas" en "defensa de la carrera judicial y fiscal y de los valores constitucionales".

Para las agrupaciones contestatarias -entre ellas las dos mayoritarias en ambas carreras- "el panorama que implica esta reforma" -sin tener en cuenta, se quejan, la mayoría de sus alegaciones al anteproyecto de ley- es "desolador". "Supone una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial", lamentan.

No en balde, consideran que se produce una "desnaturalización del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal" al modificarse "profundamente" los procesos de selección sin respetar "los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir, en todo tiempo y lugar, el acceso a la función pública".

Aval al sistema de refuerzo de las becas

Tras respaldar la iniciativa de consolidar el sistema de becas que facilita el acceso a la carrera judicial y fiscal a aquellas personas que carezcan de recursos, así como la supresión del traslado forzoso tras el ascenso automático que se introducía en el anteproyecto -que consideraban una medida contraria a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, las asociaciones critican el "incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales". En particular, se posicionan en contra de la eliminación de un examen oral (relativo a la formación en materia procesal) en el turno libre "para sustituirlo por un dictamen práctico eliminatorio, que bien podría haberse incluido sin tener que rebajar las exigencias de conocimiento", algo que supone -lamentan- "una vuelta atrás de 30 años".

La nueva regulación del cuarto turno (que incorpora a la carrera a juristas de reconocido prestigio) tampoco convence a las asociaciones porque entienden que "un concurso-oposición sin límite máximo de plazas y reconociendo una antigüedad ficticia de cinco años desde el ingreso", posibilita un acceso "discrecional arbitrario y perjudica grave y caprichosamente a quienes superan la oposición por el turno libre" (mediante una oposición). Además, advierten, la reforma supondrá en la práctica a este respecto "institucionalizar la figura del juez en expectativa de destino", vulnerando el principio de inamovilidad de jueces y magistrados que reconoce la Constitución, porque estos nuevos jueces ingresarían en la carrera a disposición de los presidentes de los tribunales superiores de justicia "y con obligación de participar en los concursos siguientes".

"Derrumbe" del sistema de mérito y capacidad

Las asociaciones también discrepan del proceso extraordinario de estabilización de los jueces y fiscales sustitutos, que según afirman "contrariamente a lo que se dice, no es lo que nos pide Europa" y "no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales". De esta forma, señalan, se consagra así una vía de acceso extraordinaria "carente de las debidas garantías de transparencia y rigor". Supone, denuncian, "un agravio comparativo respecto a los opositores que superan un exigente proceso selectivo" y "erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública".

"Es imprescindible", hacen hincapié, poner freno a los nombramientos "que superen los límites legales de temporalidad y avanzar hacia un modelo estable basado en el incremento progresivo y sostenido de plazas en la carrera judicial y fiscal obtenidas mediante un sistema selectivo basado en la excelencia". Solo así, subrayan, será posible "garantizar una justicia impartida por profesionales independientes, con plena formación y legitimidad constitucional".

"Retroceso democrático"

Las agrupaciones profesionales críticas con la reforma alertan de que implantar mecanismos de acceso a ambas carreras que "rebajan los niveles de exigencia jurídica e introducen elementos de arbitrariedad" acarreará "un claro deterioro de la calidad del servicio público de justicia".

Por si fuera poco, critican el "retroceso democrático" en la elección de los órganos de gobierno, la "deslegitimación" de la Comisión de Ética Judicial (por la inclusión de miembros designados por las Cortes, lo que "compromete su independencia" al convertir el organismo en "un instrumento vulnerable a injerencias externas") y el riesgo de "control ideológico" que conlleva, en su opinión, la creación de un centro público de formación de opositores dependiente del que, además, será competente en materia de becas.

Por último, se oponen a la la "limitación de la actividad asociativa judicial" al restringir la reforma su financiación "sin un aumento proporcional de las subvenciones públicas", una medida tras la cual ven "un ataque directo a su capacidad operativa" en la medida en que no solo representan a jueces y fiscales, sino que también son "garantes activos de los valores constitucionales y del Estado de Derecho". Su debilitamiento, advierten, "afecta a la pluralidad y la libertad de expresión dentro de la carrera judicial, cuyos miembros tienen prohibida por la Constitución el acceso a mecanismos de sindicación".