El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a Víctor de Aldama a que abandone el país. El instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, ha denegado la petición formulada por el empresario, que había pedido permiso para acudir a Portugal el 8 de junio "por razones profesionales". El magistrado de la Sala de lo Penal determina que no han cambiado las circunstancias por las que le retiró el pasaporte en diciembre y que no puede salir de España.

Así se desprende de una providencia del instructor, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la que indica que no aduce en su escrito "ninguna circunstancia extraordinaria" que haga que se puedan modificar las medidas cautelares que acordó contra él tras interrogarle e pasado 16 de diciembre. "No aduciéndose por éste en su escrito ninguna circunstancia extraordinaria o excepcional que pudiese determinar la modificación de lo dispuesto, o que por motivos de particular urgencia justificaran la autorización solicitada para abandonar provisionalmente el territorio nacional, limitándose el solicitante a invocar genéricas 'razones profesionales'", indica.

La defensa letrada de Aldama requirió la autorización para salir de España para un desplazamiento "de ida y vuelta". Su abogado defendió que desde que se acordara su libertad , ha comparecido "puntualmente" ante la secretaría del Tribunal Supremo todos los días correspondientes de cada mes, cumpliendo "escrupulosamente" lo ordenado por el instructor del caso Koldo.

"No existe riesgo de fuga"

También descartó que hubiera riesgo de fuga a países terceros por el arraigo a España. "Como consta acreditado, el Sr. de Aldama tiene su domicilio en la ciudad de Madrid, lugar de residencia junto a su hija de corta edad y su esposa, donde han desarrollado sus vínculos sociales, económicos y laborales. Adicionalmente, consta el embargo de muchos de sus bienes, que aseguran su presencia, y en su caso, las resultas del procedimiento", precisa su escrito.

Aldama está investigado tanto en el caso Koldo (que se sigue en dos procedimientos separados en la Audiencia Nacional y también en el Tribunal Supremo) y una trama de fraude al IVA del sector de hidrocarburos. En ambas se ha comprometido a colaborar con la Justicia. Su cambio de estrategia se produjo tras su detención en octubre con motivo de esta última causa, en la que se investiga un fraude al fisco superior a los 200 millones de euros.